Unanimidad en las Cortes por la PNL del PSOE para la modernización agrícola en Mazaleón
Los socialistas defienden que el proyecto ya contaba con un Fite que Azcón “no ha ejecutado”El PSOE pide al Gobierno de Aragón que ayude a Torre de las Arcas a consolidar su castillo
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La Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación de las Cortes de Aragón validó por unanimidad este lunes la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para retomar la modernización de las explotaciones agrarias de Mazaleón y su transformación en regadío. La iniciativa, vinculada a la estrategia de recuperación tras el impacto del virus Sharka y dotada inicialmente con fondos del Fite (Fondo de Inversiones de Teruel), no llegó a ejecutarse durante la pasada legislatura. El texto aprobado incorpora la transacción propuesta por el Partido Popular, que amplía el mandato a una actuación coordinada con el Gobierno de España, con el objetivo de reactivar los proyectos hidráulicos, desbloquear la planificación y asegurar la consignación presupuestaria necesaria.
El diputado socialista Ángel Peralta defendió la iniciativa subrayando que el municipio “quedó abandonado durante dos años” y manifestó su satisfacción por el consenso alcanzado, aunque rechazó los argumentos ofrecidos por el PP para justificar la caducidad de la partida. Según indicó, la financiación del Fite iba destinada a la planificación técnica del anteproyecto, al estudio de impacto ambiental y a la tramitación previa ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, “trámites que sí podían haberse avanzado”, apuntó, antes de insistir en que el Gobierno de Jorge Azcón “dejó perder” una inversión crucial para un territorio que llegó a arrancar el 80% de sus melocotoneros por obligación sanitaria.
Posturas
El Grupo Socialista sostuvo que el proyecto estaba maduro y respaldado técnicamente desde la anterior legislatura. Peralta recordó que la memoria financiada por el Fite se había aprobado en marzo de 2023 y que su finalidad era habilitar los estudios y el anteproyecto necesarios para la transformación de secano a regadío. El diputado reivindicó que la actuación fue diseñada tras un proceso de diálogo directo con agricultores que, tras el arranque masivo de frutales, atravesaban “una crisis productiva sin precedentes”. Reprochó al Ejecutivo autonómico que “no diera continuidad” a iniciativas heredadas y defendió que la prioridad ahora es “cumplir el mandato de las Cortes y garantizar el futuro económico de Mazaleón”.
El Partido Popular apoyó la iniciativa tras negociar la incorporación del Gobierno central en la ejecución, si bien mantuvo un debate con el PSOE sobre la viabilidad administrativa del proyecto. El diputado Fernando Ledesma argumentó que la transformación hidráulica exige competencias ministeriales y autorizaciones de la CHE que, aseguró, “no pueden tramitarse cuando las balsas previstas no están contempladas en el plan hidrológico vigente”. Según explicó, la actual situación hacía “imposible ejecutar” la partida del Fite, al no existir cobertura normativa ni autorización ambiental. Ledesma defendió que la única vía operativa es avanzar en los anteproyectos para que puedan incorporarse a la próxima planificación hidrológica 2028-2032, un enfoque que, afirmó, ya está activado por parte del Ministerio y del Instituto Aragonés del Agua.
Por otro lado, la diputada de Aragón-teruel Existe, Pilar Buj respaldó la propuesta y puso en el foco en la necesidad de una política agraria específica para zonas especialmente dañadas por enfermedades vegetales. Señaló que Mazaleón es un caso paradigmático, dado que el arranque obligado de frutales provocó pérdidas severas a agricultores y a la cooperativa San Isidro. Reclamó al Ejecutivo autonómico claridad sobre las ayudas realmente percibidas y criticó que el anuncio de inversiones de 2023 “quedara en nada”, evidenciando -subrayó- la distancia entre los compromisos públicos y la ejecución real.
Por su parte, el diputado José Luis Soro (CHA) advirtió de que el problema de Mazaleón es también un síntoma de la fragilidad del medio rural. Recordó que el arranque de frutales se realizó bajo una orden de utilidad pública y lamentó que, pese a habilitarse una línea para modernización y regadío, la ejecución fuera “nula por falta de voluntad política”. Puso el acento en el impacto estructural sobre la cooperativa local, que “se tambalea” por la pérdida de producción, y alertó de que la ausencia de inversiones en origen compromete comercio, servicios y fijación de población. “Si se aprueba una ayuda, se ejecuta; cualquier otra cosa es abandono”, afirmó.
El diputado Santiago Morón (VOX) recordó que la Cámara ya había alcanzado un consenso similar en mayo de 2024 para impulsar medidas específicas dirigidas a las cooperativas y explotaciones afectadas por el Sharka. Admitió que, desde entonces, los avances han sido “prácticamente nulos” y coincidió en la urgencia de retomar el proyecto. Aunque expresó algunas reservas sobre la redacción inicial, justificó su voto favorable en la necesidad de un impulso político inmediato y en el reconocimiento del “grave perjuicio económico” sufrido por los agricultores.
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