Seguimos a vueltas con los problemas de vivienda en esta provincia. Resulta que no tenemos gente en los pueblos y que los pocos que quieren ir, porque tienen un trabajo o se lo llevan en el portátil, no encuentran dónde quedarse a vivir de forma digna. Pero además, si paseas por cualquier municipio de este basto territorio observas que hay decenas y decenas de casas vacías. Algunas desde poco antes de la pandemia, otras desde hace más de un lustro y las más superan con creces la década o incluso más.
En una rueda de prensa para presentar otra puñetera jornada sobre despoblación (que diría Víctor Guíu) un alcalde dio una posible solución para este problema. Me pareció una gran idea con ventajas para todos.
Era en 2018 y el edil en cuestión era Paco Lahoz, de Perales del Alfambra, quien propuso contratos entre propietarios de viviendas que llevan muchos años en desuso y ayuntamientos, de forma que las cedan al consistorio por entre 15 y 20 años para que se puedan realizar obras de mejora en ellas y alquilarlas. El dueño no cobrará dinero por ese arrendamiento –con el que el Ayuntamiento cubrirá los gastos de las obras– pero, a cambio, encontrará su casa lista para habitarla cuando concluya el plazo del acuerdo. De esta forma, el dueño entregará una vivienda donde hay que invertir dinero (motivo por el que muchos no las usan ni siquiera para vacaciones) y, en unos años, recibirá una casa disponible para vender, alquilar o veranear, sin necesidad de hacer inversión.
Para que estos contratos cuajasen, lo idóneo sería que las administraciones contemplaran la concesión de ayudas a los consistorios.
En una ciudad o un pueblo mediano hay numerosas viviendas que se alquilan y es posible vivir en ellas durante un tiempo, probar. En los pueblos más pequeños hay que lanzarse a la piscina y comprar –siempre que haya oferta, que esa es otra–, algo a lo que los nuevos pobladores no suelen estar dispuestos sin antes ver si se integran.