El Gobierno de Aragón trabaja en una alternativa provisional para el autobús de Casas Bajas

El Gobierno de Aragón trabaja en una solución provisional para que los municipios de la Vega del Turia puedan disponer de un servicio de transporte público en autobús en condiciones mientras se resuelve de forma definitiva, después de que la empresa que lo prestaba deje de hacerlo. Lo desveló el diputado socialista en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, quien explicó que en principio se podría prestar a través del autobús escolar. La Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley (PNL) de Ciudadanos para garantizar ese servicio a los pueblos.

El grupo parlamentario del PP también había presentado una PNL sobre este asunto pero no salió adelante al discrepar la mayoría de los grupos por la forma como se había planteado. Criticaron en este sentido que fuera para buscar “titulares” de prensa en lugar de hacerlo con un afán de resolver de verdad el problema como había hecho Cs.

El servicio de bus en las condiciones que se prestaba hasta ahora, con horarios que permitían hacer gestiones por la mañana a los habitantes de los municipios por los que discurre la ruta entre Casas Bajas (Valencia) y Teruel, va a desaparecer aunque hay una prórroga hasta el 3 de marzo en espera de que se vuelva a adjudicar.

Se trata de la VAC-218 cuya concesión es una competencia de la Administración central, cuyo contrato se transmitió entre empresas y la que lo prestaba, International Regular Bus Castro, lo rescindió. Ese servicio incluía una llegada a Teruel a las 8 de la mañana y una salida a las 15 horas, mientras que la alternativa que ha ofrecido el Ministerio de Transportes es una coordinación de horarios con el servicio de la VAC-230 (Barcelona-Cuenca), pero que llegaría a Teruel sobre las 11:30. Con ese horario no podrían emplearlo ni estudiantes ni personas que se tuviesen que desplazar a recibir diferentes atenciones médicas.

El grupo socialista avanzó que mientras se resuelve el problema de manera definitiva, desde el servicio provincial de Educación se trabaja en una “fórmula alternativa” consistente en licitar el servicio de transporte escolar para 20 alumnos que lo necesitan y destinar los asientos que no ocupasen los estudiantes al resto de viajeros.

El portavoz socialista, Fernando Sabés, admitió que será necesario igualmente resolver el problema de esta VAC, pero que mientras se podrá seguir prestando en las condiciones que se tenía. “Para pasado mañana no se soluciona, y habrá que seguir presionando al Gobierno del Estado para resolver este problema que nos ha generado al territorio y a los ciudadanos una empresa privada”, manifestó Sabés.

Tanto este grupo parlamentario como el resto aprobaron por unanimidad la Proposición no de Ley presentada por Ciudadanos en la que se pide al Gobierno de Aragón a que inste al de España “a plantear una nueva licitación del contrato de gestión del servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por carretera entre Casas Bajas y Teruel o en su defecto coordinar y ajustar los horarios de la solución aportada a la realidad del uso en ambos territorios”.

En un segundo punto, la PNL de Ciudadanos pide “tener en cuenta la cancelación  de la concesión de la VAC-218, tal como recoge el anteproyecto del servicio de transporte público de viajeros por carretera del área de la Serranía de Albarracín con Teruel y que puedan ser integrados en el próximo Mapa Concesional recogiendo las necesidades horarias en el uso del territorio”.

Coordinación

Por último, la iniciativa de Cs insta a “coordinar entre administraciones los horarios del autobús que pueda fletar la Consellería de Movilidad de la Generalitat Valenciana con los servicios que pueda organizar el Gobierno de Aragón, para conseguir un mayor aprovechamiento del futuro mapa concesional aragonés”.

El diputado de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, aseguró que el transporte es un “servicio vital” para estos territorios y recordó dirigiéndose al parlamentario de CHA Joaquín Palacín, que garantizar la movilidad en el medio rural es uno de los ejes fundamentales de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación que él mismo impulsó en la pasada legislatura.

Todos los grupos destacaron la voluntad constructiva y de buscar soluciones planteada por la PNL de Cs, mientras que otra propuesta sobre el mismo problema presentada por el Partido Popular fue rechazada al contar solo con los votos de esta formación y de Vox.

La iniciativa popular, que defendió Joaquín Juste, pedía que las Cortes de Aragón instasen al “Gobierno de Aragón a tomar las medidas necesarias para restablecer el servicio de autobús, con horarios adecuados, entre el municipio valenciano de Casas Bajas con la capital turolense”.

El diputado de Vox, Santiago Morón, justificó su apoyo a la propuesta del PP porque “en la cuestión de fondo está todo el mundo de acuerdo”, mientras que el resto de grupos marcó distancias y no la apoyó.

El portavoz socialista afeó a los populares por la forma como habían planteado la Proposición no de Ley, ya que el Ejecutivo aragonés estaba trabajando en ello y la competencia directa para la solución definitiva es estatal. “Plantean resolverlo de una manera que no se puede ni se debe resolver de esa manera”, matizó Sabés.

El portavoz del PP, Joaquín Juste, replicó observando que en la iniciativa se pedía la adopción de las medidas necesarias para restablecer el servicio, y que no entendía por qué los pueblos aragoneses no podían ser atendidos por Aragón al igual que en la Comunidad Valenciana se había creado una ruta.

Todos incidieron en el debate en la importancia que tiene el servicio de transporte público para el asentamiento de la población, puesto que si se carece del mismo “la gente se marcha”, señaló Juste, quien pidió ser consecuentes con el reto demográfico y la lucha contra la despoblación.

Marta Prades (Podemos) criticó al PP de pretender de esta forma “conseguir un titular”, mientras que Joaquín Palacín (CHA) dijo que Aragón tenía recursos limitados y no estaba la situación para actuar en competencias del Gobierno de España. Esther Peirat (PAR) defendió estos servicios para luchar contra la despoblación y Álvaro Sanz (IU) incidió en las consecuencias de la privatización de los servicios públicos.