El Gobierno de España aprueba las ayudas a San Agustín y Olba por el incendio forestal

El Consejo de Ministros ha declarado este martes zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil los territorios de un total de 13 comunidades autónomas que han sufrido incendios forestales, inundaciones y otras catástrofes de distinta naturaleza entre el 20 de agosto de 2022 y el pasado 8 de junio. Entre estos territorios se encuentran las localidades turolenses de Olba y San Agustín, gravemente afectadas por el gran incendio forestal que se inició en Villanueva de Viver, en Castellón, y calcinó un total de 4.700 hectáreas.

Se trata de hasta 80 episodios de incendios forestales, tormentas, nevadas y lluvias torrenciales, entre otros fenómenos, registrados en las regiones de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Región de Murcia, Navarra y País Vasco, además de la ciudad autónoma de Ceuta, de acuerdo con el comunicado distribuido ayer por el Ministerio del interior.

La declaración aprobada por el Gobierno abre la vía para que los afectados por estas emergencias puedan reclamar a la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior las ayudas previstas en la Ley Nacional de Protección Civil.

Las ayudas de competencia del Ministerio del Interior contemplan algunas medidas que podrán aprovechar los damnificados por el incendio forestal de Olba y San Agustín. Así, hay subvenciones del 50% de los daños en la estructura de la vivienda habitual, hasta un máximo de 10.320 euros. Además, cubren otras afecciones en el domicilio habitual hasta el 50% y un máximo de 5.160 euros.

Por otro lado, están incluidos en el decreto los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos hasta 9.224 euros.

La declaración aprobada ayer permite a los afectados la reclamación a la Dirección General de Protección Civil de las ayudas previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección civil, incluyendo hasta 18.000 euros por fallecimiento o incapacidad, 15.120 por destrucción total de la vivienda habitual y hasta 9.224 por daños en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

Cubre a su vez los gastos a los que hayan hecho frente las corporaciones locales entre el 50% y el 100% según los casos.

También hay otras ayudas por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios,  el 50% de los daños, con un máximo de 9.224 euros; a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales y de bienes y a éstas les cubre el importe total de los gastos.

Aunque, dada la amplitud del número de siniestros y las diferencias entre los mismos "todavía no es posible evaluar los daños producidos y el coste de las ayudas", el Ministerio del Interior ha elaborado una primera estimación que las cifra en 12 millones de euros.

El comunicado añade que otros departamentos ministeriales estudiarán la aplicación de otras ayudas indirectas a los afectados por las emergencias incluyendo beneficios fiscales, medidas laborales y de Seguridad social, ayudas a las corporaciones locales o declaraciones de zona de actuación especial.

Los daños más cuantiosos en la provincia de Teruel, además de la masa forestal calcinadas, fueron las viviendas que ardieron en el barrio de La García y las pérdidas ocasionadas en explotaciones ganaderas ubicadas en la zona afectada por el incendio.