La Plataforma Paisajes de Teruel denuncia el proyecto eólico Santos de la Piedra por delito ambiental

La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel el inicio de las obras de la central eólica Santos de la Piedra, en la Comarca de la Sierra de Albarracín, por delito ambiental. Lo han anunciado a través de una nota de prensa en la que también han exigido la “inmediata paralización” de este proyecto.

En esta información han explicado que Santos de la Piedra la conforman ocho aerogeneradores que se ubican dentro de los términos de Bronchales y Albarracín, si bien el impacto visual recaerá sobre Bronchales, Pozondón y Orihuela del Tremedal.

Asimismo, han señalado, su Línea de Evacuación atravesará los términos municipales de Pozondón y Santa Eulalia. La asociación ha indicado que “aunque la afección paisajística a estos municipios turísticos va a ser muy importante”, la denuncia se fundamenta por la afección a la alondra ricotí, un ave esteparia en peligro de extinción por su acusada regresión, ya que es muy sensible a las modificaciones de su hábitat.

Esta ave tiene en las parameras de la cordillera ibérica sus únicas poblaciones en territorio europeo de ahí que sea considerada prioritaria su conservación para Europa.

Enebros

Según han señalado, las obras de la central eólica Santos de la Piedra destruyen un hábitat de enebros, sabina albar y sabina rastrera, un hábitat prioritario cuya conservación viene obligada por Europa al formar parte de la Red Natura 2000.

Desde la asociación han denunciado que se destruye un hábitat prioritario para Europa donde habita una especie también prioritaria y catalogada en peligro de extinción, con una Zona Especial de Protección para las Aves de la Red Natura (ZEPA).

Esta ZEPA está declarada para la protección de esta especie, situada a poco más de un kilómetro de las obras, lo que es, han advertido, un “absoluto despropósito”.

Tras analizar y estudiar el expediente de la central eólica, la Plataforma ha detectado varias irregularidades en su tramitación, como la omisión de la afección a esta ave y a la ZEPA en la Declaración de Impacto Ambiental y en la posterior prórroga concedida por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).

Esta entidad pide la paralización inmediata de las obras y ha solicitado al fiscal que investigue los hechos como un posible delito ambiental recogido en el Código Penal.