Las familias de los represaliados en la guerra y los memorialistas alertan del error de derogar la Ley de memoria democrática de Aragón

Familiares y memorialistas alertaron del error y el retroceso que supone derogar la Ley de memoria democrática de Aragón aprobada en 2018, tal como ha anunciado que hará el nuevo Ejecutivo aragonés formado por la coalición PP-Vox. Así se expresaron los numerosos asistentes al acto que tuvo lugar en el cementerio de Monreal del Campo para celebrar un homenaje y dignificar el lugar donde se encuentran enterrados en una fosa común doce vecinos del municipio que fueron fusilados en septiembre de 1936 en las tapias del camposanto.

“Pueden derogar una ley, pero lo que no van a conseguir es derogar la memoria de la gente”, afirmó Miguel Ángel Latorre, un maestro jubilado que en los últimos años se ha dedicado a rescatar precisamente la memoria de esos doce vecinos de Monreal que fueron fusilados por ser republicanos y tener una ideología de izquierdas sin que hubieran cometido ningún crimen.

Entre los asistentes había dos hijos de los fusilados, ya que cada vez quedan menos familiares cercanos por el paso del tiempo, pero junto a ellos había nietos y bisnietos que mantienen viva la memoria de quienes fueron represaliados y  que durante décadas han sido condenados al silencio.

Antonio Yuste Moreno, de 87 años, hijo de Antonio Yuste Marco, uno de los fusilados en las tapias del cementerio de Monreal del Campo el 12 de septiembre de 1936, vivió con emoción que el nombre de su padre aparezca ahora en una placa junto al lugar donde yace junto con los otros once vecinos del pueblo asesinados aquel día por los sublevados. “Hubo años en los que no podías hablar de ninguna manera”, mientras que “ahora se puede hablar de todo”, afirmó.

El reconocimiento a su padre y al resto de represaliados lo organizaron los familiares de las víctimas y la Asociación Pozos de Caudé, mientras que en la convocatoria figuraba también Patrimonio del Gobierno de Aragón, puesto que estos actos de dignificación  se impulsaron durante la pasada legislatura. El sábado en cambio no había ningún representante institucional porque el nuevo Ejecutivo aragonés, fruto del pacto de coalición entre el PP y Vox, ha anunciado que derogará la Ley de memoria democrática de Aragón que refrenda este tipo de iniciativas.

Antonio Yuste eludió entrar en polémicas. El sábado era un día de satisfacción al ver el nombre de su padre grabado en letras inmarcesibles en la placa colocada en el cementerio en el sitio donde fue enterrado en una fosa común tras ser fusilado. “Nosotros, despreciar, no despreciamos a nadie, jamás, al contrario”, dijo, para recalcar por último la idea de que ahora “se vive bien” y alentar así a los jóvenes a que miren atrás y conozcan la historia para no repetirla.

Arrebataron la vida de su padre cuando él tenía solo 10 meses  y creció en el pueblo sufriendo el desprecio de quienes le habían matado. Su madre vivió hasta los 58 años y “padeció mucha miseria”. Él se marchó al cumplir los 21 años coincidiendo con el servicio militar y acabó en Barcelona, como ocurrió con la mayoría del resto de descendientes de los represaliados, aunque los vínculos con el pueblo se mantienen a través de las familias.

Sufrimiento y emoción

Su sobrina, Roser Brosed Yuste, aseguró que era un momento “muy emocionante” porque la familia había vivido durante décadas el sufrimiento de la pérdida de su abuelo. Recordó cómo su madre lo mantuvo en el recuerdo hasta que murió hace tres años a la edad de 89 años.

“Nos ha explicado durante todos esos años el fusilamiento, cómo sufrieron y vivieron una niñez tan dura”, dijo. Unas vivencias que su tío, el poeta Lucas Antonio Yuste Moreno, dejó escritas en sus memorias. “Él lo vivió en primera persona y ha sido una constante en nuestra familia”, afirmó Brosed, que comentó que esa historia de represión “marcó a una generación y a la que venimos detrás también, porque para mí es un vínculo y una constante  en mi vida el sufrimiento que han pasado mi madre y mi familia en general”.

Ante la fosa donde está enterrado su abuelo, en la que durante décadas solo hubo una cruz pintada en el muro del cementerio, sin nombres que identificaran a quienes yacían allí, Roser  aseguró que “no debemos de ninguna manera consentir que se deroge la Ley de memoria democrática de Aragón”.

“Las víctimas de la guerra llevamos muchos años sufriendo el silencio, la ocultación, y ahora ha llegado el momento de que podamos restituir la dignidad de nuestras personas queridas, a las que fusilaron precisamente por sus ideas o simplemente por no compartir la de aquellos que se declararon contra la República”, afirmó la nieta de Antonio Yuste Marco. “Creo que no debemos de ninguna manera consentir que eso pase”, recalcó, para concluir afirmando que es el “momento de que las familias nos plantemos y no demos ni un paso atrás en este sentido, ni lo toleremos”.

Pascual Yuste Moreno, de 89 años, hijo de otro de los fusilados (Joaquín/Mariano Yuste Serrano) y que a pesar de la coincidencia en los apellidos no es familia de Antonio, vivió con el dolor del recuerdo, pero con la satisfacción de la dignificación del lugar donde está sepultado su padre, el acto celebrado en Monreal. Prefirió no hablar e incluso se apartó con su hijo por la emoción que estaba viviendo.

Joaquín Yuste Martín, hijo de Pascual y nieto del fusilado, comentó que el acto de dignificación había supuesto una “alegría” para la familia y reconoció que todos lo habían vivido muy emocionados. Sobre la derogación de la Ley de memoria democrática opinó que era una “verdadera vergüenza”.

Afirmó que lo ocurrido debe servir para “aprender” y que no se puede dar marcha atrás a la ley, sino que se impulse para conocer lo que pasó, puesto que si bien “hubo barbaridades por parte de los dos bandos”, han sido los del bando perdedor “los más olvidados”.

En su familia el dolor fue múltiple, porque en esa misma fosa están sepultados dos hermanos de su abuelo Joaquín, llamados Domingo y Vicente, que también fueron prendidos aquel 12 de septiembre de 1936 por los sublevados y fusilados. Su abuelo tenía entonces 42 años y sus dos hermanos 38 y 32 años respectivamente. A sus padres también se los llevaron y no se supo más de ellos.

Miguel Ángel Latorre, que ha indagado sobre lo ocurrido aquel día en Monreal del Campo, explicó que entre los represaliados estaba el gerente de la cooperativa, el secretario de Izquierda Republicana y varios agricultores y ganaderos, además del alguacil del Ayuntamiento, al que pillaron el último cuando pasaba por allí con un botijo y a empujones lo subieron al camión. “Hizo el número doce”, comentó Latorre, puesto que los sublevados tenían que tener a las cuatro de la tarde a doce personas “y les faltaba uno”. Fueron los “chivos expiatorios” que tomaron los golpistas para sembrar el terror en el pueblo.

Los llevaron al exterior de la tapia del cementerio, los fusilaron y los sepultaron allí mismo. En 1943, fueron exhumados y los enterraron al otro lado del muro, dentro del camposanto, donde sobre la pared se pintó una cruz para indicar el lugar donde estaban.

Con la recuperación de la democracia, el ahora exalcalde del municipio, Pedro Castellano, y el presidente de la Asociación Pozos de Caudé, Francisco Sánchez, intentaron hacer algo, pero los tiempos no lo han permitido hasta ahora. Los familiares han preferido dignificar el lugar, en lugar de exhumarlos, con una placa que indica el sitio donde están enterrados, sus nombres, edades y el día que fueron fusilados.

Conocer la verdad

Castellano mostró ayer su satisfacción de que por fin se haya dignificado la memoria de esas doce personas, a la vez que echó en falta una representación institucional en los actos, salvo algunos concejales de la oposición. Consideró que pretender derogar la Ley de memoria democrática es una “marcha atrás, un retroceso enorme, porque yo creo que no hay nada mejor que recordar las cosas que han pasado y que toda la gente lo sepamos”.

El historiador Serafín Aldecoa, que ofreció una charla sobre los primeros días de la sublevación en la comarca del Jiloca, afirmó cuando tomó la palabra en el cementerio, que sería de justicia que los monrealenses “saliesen de la amnesia colectiva”, y condenó la pretensión de querer anular ahora la memoria histórica por parte de ciertas fuerzas políticas “empeñadas en echar un manto de olvido sobre este pasado que les resulta incómodo”.

Aldecoa aseguró que podrán cancelar la Ley de memoria democrática de Aragón, “pero no nuestro derecho a conocer y restituir la dignidad de las víctimas del franquismo que, como las del nazismo en Alemania o las del fascismo en Italia, fueron precursoras en España de la lucha por la dignidad humana, por las libertades y por la democracia”.

Francisco Sánchez, presidente de la Asociación Pozos de Caudé, comentó que se ha atendido al deseo de los familiares de los fusilados de no exhumar sus cuerpos, puesto que se tiene localizada la fosa, y dignificarla con una placa hecha en Checa (Guadalajara) por unos artesanos que colaboran con la asociación memorialista. En ella, aparte de los nombres, se han representado las figuras de los doce represaliados.

Sánchez manifestó no entender qué persigue el nuevo Ejecutivo aragonés con su pretensión de derogar la Ley de memoria y comentó que se va a reunir próximamente la plataforma que agrupa a las asociaciones memorialistas de Aragón para abordar este tema y pedir que no desaparezca la norma legal.

La intención, dijo, es seguir haciendo este tipo de actos de dignificación de las fosas. “Vamos a continuar, y lo que está pasando nos anima más a hacerlo, nos une”, recalcó.

Ayer, doce hombres inocentes elegidos como chivos expiatorios por los golpistas que en 1936 provocaron en el país una cruenta guerra civil que acabó en décadas de atraso y subdesarrollo en España, recuperaron sus nombres en el sitio donde fueron arrojados. Lo hicieron a pocos días de que se cumpla el 87 aniversario de su asesinato, que será el próximo martes, y en un momento en el que por la imposición de una minoría se pretende derogar una ley que cumple con un mandato de las Naciones Unidas para cumplir con algo tan básico como son los derechos humanos.

Aquellas doce víctimas del golpe de Estado de 1936 recordaron y advirtieron ayer desde el silencio de su tumba, como lo hicieron sus familiares y lo ha refrendado hasta saciedad la ONU, que sin derechos humanos no hay democracia.