Pilar Bernad, abogada especialista en patrimonio cultural: “Los inventarios son importantes porque los bienes que no están en ellos son más vulnerables”

Pilar Bernad es abogada experta en patrimonio cultural y hace unos días ofreció una charla sobre el tema en Cantavieja, durante la celebración del Curso de la Universidad de Verano de Teruel-Fundación Antonio Gargallo sobre el papel de los museos en el asentamiento de población.

-¿La Ley de Patrimonio de Aragón de 1999 sigue siendo útil o tiene carencias?

-La ley es útil, por supuesto, pero ya nació un poco anticuada. En aquel momento ya existían textos y convenios europeos e internacionales que no fueron recogidos. Si en 1999 ya estaba desfasada, veinticinco años más tarde lo está aún más. Le falta incorporar cartas fundamentales, como las del paisaje cultural, la valoración del patrimonio industrial o del patrimonio inmaterial. Además, no contempla muchos patrimonios importantes en Aragón y, aunque cuenta con un sistema de sanciones, apenas se ha aplicado, porque nunca se desarrolló el reglamento correspondiente. Por tanto, sería necesaria una nueva ley y también su reglamento de desarrollo.

-¿Y qué ocurre con la Ley de Museos, que es de 1985?

-Nació a raíz de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que establecía que bibliotecas y museos debían contar con legislación propia. En su momento fue muy buena y ha cumplido su función. El debate actual está en si centros de interpretación o salas de exposición en el medio rural, que tanto han contribuido al desarrollo económico y a la identidad local, pueden considerarse museos según la ley. La norma actual, en su artículo 3, establece fines de investigación, docencia y exposición. ¿Entran esos nuevos espacios? Esa fue una de las cuestiones debatidas en las jornadas de Cantavieja. El Icom, órgano internacional de referencia, entiende que estos centros forman parte de la nueva museología. Es un debate pendiente que debería reflejarse en una futura ley.

-En relación con los bienes de Sijena, ¿por qué, pese a existir sentencia judicial, muchos de ellos siguen en Cataluña?

- Porque las sentencias deben pedirse para su ejecución, y en este caso se ha solicitado. El problema es que el tema se ha politizado demasiado y eso, en vez de favorecer, ha complicado la situación. No soy especialista en Sijena, pero confío en que, con el tiempo, la sentencia se cumpla. Las autoridades catalanas están demorando el proceso, pero creo en el Estado de derecho y en que la sentencia se cumpla.

-¿Qué ocurre con bienes que fueron vendidos a particulares, como el mudéjar de la Casa del Judío, hoy en Estados Unidos?

-Creo que, en general, hay que darlos por perdidos. En los años 20 y 30 del siglo pasado había muchísimas lagunas legales. Algunas ventas las hicieron particulares, otras clérigos con conocimiento de sus diócesis. No tenemos un asidero legal para reclamar su retorno.Otra cosa sería que hubiera voluntad internacional, como en el caso del patrimonio expoliado por el nazismo o durante la Guerra Civil, pero no es comparable a lo sucedido en Aragón en aquella época.

-¿Esa falta de interés por el patrimonio ha cambiado?

-En parte sí. Hoy los Bienes de Interés Cultural no pueden venderse sin notificarlo al Ministerio de Cultura o a los departamentos autonómicos. Existe el derecho de tanteo y retracto. Por eso es tan importante mantener los inventarios actualizados. Cuando aparecen piezas en el mercado sin que su venta sea legal, la Policía Nacional y la Guardia Civil actúan y se recuperan. Pero aún hay muchos bienes sin inventariar, lo que los hace vulnerables. Hay más sensibilidad, pero todavía insuficiente.

- ¿Cómo afecta la despoblación al patrimonio?

-De forma muy negativa. Los catálogos deberían estar siempre actualizados, pero no lo están. En Aragón tenemos inventarios, como el de patrimonio industrial integrado en el SIPCA, pero sin una orden de protección específica. Además, el patrimonio del siglo XX está muy desprotegido. La despoblación deja templos, ermitas o conventos en ruina, y la Iglesia no tiene recursos para atender todo su patrimonio. Tampoco lo tienen siempre los particulares ni la propia Administración. Creo que sería necesario un pacto entre los tres pilares, Administración, Iglesia y particulares, para garantizar la conservación.

-Más allá del patrimonio material, ¿estamos preparados legalmente para proteger el patrimonio inmaterial?

-La legislación aragonesa presenta lagunas en este aspecto, igual que ocurre con el patrimonio etnográfico. A nivel estatal, desde 2015 existe el Plan Nacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y leyes autonómicas recientes ya lo contemplan. En Aragón se han hecho declaraciones, aunque de manera puntual, de temas como el secado del jamón o los dances.