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Javier Silvestre

Cunde el pánico entre políticos y cargos relevantes de absolutamente todas las administraciones públicas. El mal llamado espionaje de Pegasus a los independentistas catalanes ha derivado en una brecha de seguridad telemática de dimensiones que aún no somos capaces de intuir. Más allá de la gravedad de tardar más de un año en comprobar que el móvil del presidente del Gobierno había sido hackeado, ahora llega el drama de revisar absolutamente todos los terminales sensibles de nuestros gobernantes y de su círculo más cercano.

Se preguntaba un amigo en una animada charla esta semana “quién sobreviviría a que le hagan un rastreo de su móvil en profundidad” sin encontrar material extremadamente privado y confidencial que podría utilizarse como munición en caso de necesidad. Es decir: ¿usted entregaría su móvil a un tercero para que detectase un virus sabiendo que podría tener acceso a toda la información que guarda dentro? Seguro que piensa que no tiene nada que pueda afectarle… pero piénselo dos minutos.

Fotos que delatan nuestras costumbres, nuestras amistades, nuestros gustos. Audios enviados en un momento de euforia o de tremendo enfado y que nos delatan. Mensajes sacados de contexto a quien no tocaba y que ni recordamos. Datos biométricos, pruebas médicas, localizaciones de los lugares que hemos visitado durante los últimos años, acceso a nuestras cuentas bancarias… Nuestros secretos están en nuestros móviles y por eso es aterrador que un tercero tenga acceso a nuestra intimidad.

Porque borrar el móvil no es garantía de nada. En este mundo digital todo es recuperable, todo deja rastro, de todo hay una copia en alguna parte… Lo que se creó para agilizarnos la vida se transforma en una losa digital con la que podrían chantajearnos sin problema. Por eso son muchos los diputados, senadores, secretarios de estado y colaboradores que no quieren entregar sus móviles para analizar si han sido espiados. Porque tienen miedo de que, al hacerlo, toda esa información sensible pueda caer en manos poco recomendables.

A los que somos simples mortales nos puede parecer un asunto de ciencia ficción, pero para un ministro que guarda en su terminal una foto comprometida o un audio que le pone en una situación incómoda, que alguien tenga acceso a estos datos puede representar su tumba política. Y por lo tanto, ser utilizados como moneda de cambio para, por ejemplo, dar la vuelta a una votación parlamentaria ajustada (por poner un ejemplo bastante zafio).

La duda es saber si te han hackado el móvil o si te lo hackearán cuando lo entregues para su revisión. Hay nerviosismo entre los que saben que las cloacas del Estado siempre han estado ahí y que nunca, a ningún Gobierno, le ha temblado el pulso para usar todo el armamento que tenían a su alcance para destrozar al adversario.

Antes, este juego sucio se resolvía con trampas de corpiños y cámaras ocultas; o aireando grabaciones de seguridad de supermercados donde se habían robado cremas. Ahora es todo mucho más sencillo porque nosotros mismos almacenamos toneladas de información que nos pondrían en una situación vulnerable. Lo hacemos a diario y sin darnos cuenta. Es ahora, con la crisis de Pegasus, cuando se evidencia que la información es Poder (con mayúscula). Que un correo electrónico o una llamada telefónica pueden derrocar a todo un gobierno. Los políticos son la punta de lanza de una encrucijada global que nos golpea a todos. La intimidad ha muerto. Los secretos nunca volverán. Políticamente sobrevivirán aquellos que menos secretos inconfesables tengan o, lo que es peor, aquellos que menos escrúpulos demuestren tener. Por ahora, ganan estos últimos. Esto promete.