Asamblea Abierta de Andorra insiste en destituir a Ciércoles (IU) y Quílez (PP) antes de la disolución del Somudan

La disolución de la Sociedad Municipal para el Desarrollo de Andorra (Somudan) sigue haciéndose de rogar. La junta general (formada por los 13 concejales) prevista para ayer no se celebró porque tanto Asamblea Abierta como el PSOE impugnaron la convocatoria por cuestiones de forma, ya que entienden que debe ser el consejo de administración de la sociedad (compuesto por un concejal y un técnico por cada grupo político) al completo y no su presidenta (la alcaldesa, Sofía Ciércoles) el que fije el orden del día de la junta. Es la segunda vez que Asamblea impugna la convocatoria de la que a todas luces será la última junta del Somudan, ya que también impidió que se celebrara la prevista para el pasado 25 de enero. En aquella ocasión argumentó, además de la cuestión del orden del día, que los concejales no habían sido convocados en el plazo mínimo que marca la ley. Bajo estos formalismos subyace la voluntad de Asamblea y del PSOE de que la última junta general del Somudan no se limite a aprobar el inicio de los trámites para la disolución de la sociedad municipal, sino que exista un punto específico para votar las destituciones de la actual presidenta y la anterior: la alcaldesa (IU) y Silvia Quílez (PP), a quienes tanto asamblearios como socialistas culpan de que el Ministerio de Hacienda haya pedido por dos veces la liquidación de la empresa pública. “Pedimos responsabilidades políticas porque la disolución no cae del cielo; algo ha pasado para que Hacienda la pida”, dijo el portavoz de Asamblea, Damián Martínez, en referencia a que el desequilibrio financiero en dos años consecutivos que alega el Ministerio se hubiera evitado con un plan financiero que no se hizo o con la simple compra de una parcela al Somudan por parte del Ayuntamiento. Martínez alberga la esperanza remota de que el Somudan no llegue a desaparecer porque lo considera una buena herramienta para la reindustrialización de Andorra, pero para ello considera que las últimas responsables de la sociedad mercantil no deberían integrar la comisión liquidadora. “Están haciendo política donde no cabe”, valoró por su parte Ciércoles, que afirmó que la orden ministerial fija por sí misma el “cese de todos”, no solo el de la alcaldesa. “Quieren un titular, pero donde hay que hacer política es en el Ayuntamiento y no en la sociedad municipal”, insistió la primera edil, que entiende que si se siguen alargando los plazos y Hacienda sanciona al Ayuntamiento “la responsabilidad política será de los que están intentando bloquear y paralizar”. Por el momento, para ajustarse a la ley habrá que convocar al consejo de administración para que fije el orden del día de la junta, que deberá nombrar una comisión liquidadora entre los consejeros o encargarle el "trabajo sucio" a una empresa externa. Ciércoles tiene encima de la mesa varios presupuestos de asesorías que se dedican a estas cuestiones. La alcaldesa piensa ya en trasladar las competencias del Somudan -actualmente venta de suelo industrial y préstamos a empresas locales- a la Concejalía de Economía, Empleo e Industria. “En el momento en que se disuelva el Somudan, tanto el personal como los objetivos de la sociedad municipal se transferirán a la concejalía”, explicó la primera edil, quien sin embargo advirtió de que el Ayuntamiento no tiene la agilidad de una sociedad mercantil para tomar decisiones y que “la tramitación será más difícil y con más burocracia”.