La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, explicó que el Ejecutivo ha planteado en 2017 un incremento de 24,5 millones de euros en su departamento, volumen que no podrá ejecutarse mientras la Comunidad Autónoma mantenga sus Presupuestos prorrogados. En ese sentido, realizó un alegato a favor de la negociación y pidió “responsabilidad y corresponsabilidad” a las fuerzas políticas de la izquierda (Podemos e Izquierda Unida) que “firmaron el acuerdo de investidura” que permitió constituir un Gobierno PSOE-CHA en junio de 2015.
“Tendríamos que tener unos Presupuestos aprobados para dar una respuesta a las necesidades de la sociedad y ya tendríamos que tenerlos aprobados”, declaró la consejera. No en vano, apuntó que, con un crecimiento del 13 por ciento con respecto al anterior, el del año pasado fue “el mayor Presupuesto de Aragón en materia de Servicios Sociales, con la excepción del aprobado en 2009”. El de 2017 superará a éste en carga presupuestaria para asuntos de dependencia, atención a la discapacidad, menores, etc si termina aprobándose. Es por ello que Broto apeló a las fuerzas de izquierda a “asumir su responsabilidad y decidir si se quieren hacer políticas progresistas que lleguen a la ciudadanía y a las personas”, ya que no hacerlo “supone poner en entredicho todos los avances que se han llevado a cabo en el último año y medio y las plazas nuevas creadas con el acuerdo marco concertado”.
Por otra parte, apostilló que la mejora de la calidad de la población y las inversiones en materia social “no sólo son un servicio público, sino que repercuten en la economía generando empleo, mucho del cual es mano de obra femenina”, añadió la consejera.