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El Consejo de Interventores recurre la externalización parcial del área en el Ayuntamiento de Alcañiz

En la mesa central del último pleno, la interventora interina procedente de la bolsa de empleo y el secretario accidental

El Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) ha presentado un recurso de reposición contra el contrato de servicio de colaboración y asesoramiento del área de Intervención y Tesorería del Ayuntamiento de Alcañiz al considerar que el problema de personal que arrastra el Consistorio en este departamento debe resolverse con la contratación de un funcionario de carrera y no con una empresa externa.

El Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) ha presentado un recurso de reposición contra el contrato de servicio de colaboración y asesoramiento del área de Intervención y Tesorería del Ayuntamiento de Alcañiz al considerar que el problema de personal que arrastra el Consistorio en este departamento debe resolverse con la contratación de un funcionario de carrera y no con una empresa externa

El recurso del Cosital fue presentado el pasado 27 de junio en el Ayuntamiento -por la vía administrativa, por tanto- contra el procedimiento de contratación de estos servicios con los que se pretendía aligerar los asuntos de Intervención que quedaron estancados tras la renuncia de la anterior interventora -que encontró trabajo en otra administración- y tras la negativa por razones éticas de la concejal delegada de Hacienda, Ana Fernández, a ocupar la plaza de técnico en Intervención que ganó mediante oposición y que ella misma convocó

Según los plazos administrativos, el Ayuntamiento debía haber resuelto el 27 de julio, pero todavía no lo ha hecho. Según explicó el presidente de Cosital en Teruel, Manuel José Joven, a partir de esa fecha se abren dos meses de silencio administrativo tras el que la asociación a la que representa podrá acudir al Tribunal Contencioso-Administrativo

"Creemos que vamos a ganar", dijo Joven, quien destacó que la propia Subdelegación del Gobierno en Teruel ha requerido al Ayuntamiento la anulación del contrato, adjudicado el 22 de junio al consultor Daniel Andrés Rubia por 38.400 euros al año (IVA excluido).

Joven recalcó que el Ayuntamiento tiene un "problema serio" con el servicio de Intervención porque "no tiene personal", pero entendió que no por eso puede encargarse del servicio un profesional o empresa externo a la administración porque ello "puede ser ilegal".

"No es un contrato idóneo. Si tienes problemas, tienes que contratar a los funcionarios oportunos porque Intervención es una función reservada al cuerpo de interventores, de la misma forma que Policía Local está reservada a los agentes", explicó el presidente de Cosital en Teruel.

"El papel de los interventores en este país tan complicado es conseguir que se cumpla la ley", dijo con intención Joven, para quien externalizar el servicio es "bastante peligroso porque los controles se relajan", si bien "no queremos decir con esto que el Ayuntamiento quiera que se relajen", puntualizó.

Joven puso un ejemplo de mala praxis: "Si el interventor dice que algo no es legal y el alcalde recurre a una empresa externa que le dice que es legal, se crea un conflicto bastante serio".

El presidente indicó que el Ayuntamiento de Alcañiz es el único de la provincia que ha adjudicado un contrato de asesoramiento a un área de Intervención de este tipo, aunque en la vecina localidad zaragozana de Caspe existe uno similar. "Hemos levantado la alfombra y vamos a pedir la revisión de determinados casos", aseveró Joven.

Este periódico intentó ponerse ayer en contacto en varias ocasiones con el alcalde y con la concejal de Hacienda para conocer si acepta el recurso de reposición, pero no lo logró. Fuentes del Consistorio indicaron que acabará rescindiéndose el contrato de asesoramiento, por lo que el problema en el área persistirá a expensas de que se complete la plantilla.

No hay continuidad

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcañiz decidió la contratación de una empresa externa que se hiciera cargo de la gestión de parte de la documentación del departamento de Intervención después de que la última interventora dejara su puesto, de la misma manera que ya hizo su predecesora en el cargo.

La renuncia de la interventora se produjo el 26 de abril, días después de que también renunciara a la plaza de técnico en Intervención la concejal de Hacienda después de la polémica generada, primero por el hecho de presentarse y después porque fue la única aspirante que aprobó el segundo examen de la oposición. El Ayuntamiento no pudo adjudicar la plaza a la persona que tenía la segunda mayor puntuación en la primera prueba porque no aprobó la segunda.

La externalización del área de Intervención es parcial porque el Consistorio también logró una interventora interina de la bolsa de trabajo del Gobierno de Aragón para avanzar en la tramitación administrativa del departamento, que lleva meses con un fuerte atasco que impide, entre otras cosas, la tramitación del presupuesto de este año

Autor:Redacción / Alcañiz