El Consejo Escolar de Aragón habla en Teruel del pacto por la educación
Las medidas para mejorar la enseñanza en el ámbito rural que ha planteado en Consejo Escolar de Aragón en su documento para alcanzar un Pacto Social por la Educación serán algunas de las que más beneficiarán a la provincia de Teruel por sus características demográficas. Así lo destacó en la capital turolense el vicepresidente del que es el máximo órgano de participación educativa en la Comunidad Autónoma, José Antonio Edo, que presentó ayer la Consejo Escolar Municipal de la ciudad este documento que contiene 249 acciones para mejorar la educación aragonesa.
Edo recordó que están visitando diferentes ayuntamientos aragoneses para dar a conocer este documento, que se aprobó en noviembre de 2016 tras un año de trabajo después de que en 2015 la Consejería de Educación le encomendará desarrollar esta iniciativa y que ahora está en las Cortes donde tendrá que debatirse.
“Creemos que es muy interesante visitar a los consejos escolares municipales para explicar el Pacto por el bien que supondría para el sistema educativo aragonés”, comentó el vicepresidente del Consejo Escolar de Aragón.
Edo recordó que son muchas las propuestas pero que principalmente se trata de reclamar “una estabilidad legislativa” que señaló que es imprescindible y puso como ejemplo que el currículo en Educación Secundaria en los últimos tres años ha sido uno diferente para cada año en función de los distintos cambios políticos que ha habido. “Debe haber también una mejora de la atención a la diversidad, mejorar ciertos indicadores de calidad como la ratio, el dotar de una oferta de formación para el profesorado suficiente y adecuada así como también cuestiones relacionadas con la financiación en la educación”, comentó el representante de este órgano de participación.
Este documento se sustenta en cuatro pilares básicos: calidad, equidad, participación y planificación educativa. Se recoge la universalización de la educación de 0 a 18 años; la protección de la educación en el medio rural, a través de la creación de un Observatorio y un Plan estratégico que permita garantizar el mantenimiento de la escuela rural, instrumento fundamental de desarrollo y cohesión del territorio; el fomento de la participación real, comprometida y activa de toda la comunidad educativa; y una apuesta clara por articular mecanismos que corrijan las desigualdades sociales y culturales, tanto en el acceso al sistema educativo como su permanencia en el mismo.
El texto incide en desarrollar acciones encaminadas a mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar el éxito escolar del alumnado. También a través de la innovación educativa y la implicación activa del profesorado, mediante el estímulo de la formación continua, la mejora de sus condiciones laborales y su reconocimiento social.
El Pacto contempla una escolarización equitativa y equilibrada, una ratio profesor/alumno reducida, atendiendo a los casos de alumnado con necesidad de apoyo. Otro punto destacado es la apuesta por la evaluación, que debe hacerse extensiva no solo al proceso educativo, sino también a las infraestructuras, a los equipos docentes y no docentes, a las familias, al alumnado, a los sistemas de participación y al mismo proceso de evaluación.
El texto recoge 249 acciones que implican a todos los sectores de la educación. De ellas 56 corresponden a medidas de calidad, 65 a equidad, 44 a participación, 79 a planificación, y 3 destinadas a estabilidad presupuestaria y legislativa.