El Gobierno de Aragón ve “importante” que el Estado se comprometa con la despoblación
El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, calificó ayer de “importante” que el Ejecutivo central se haya fijado por fin en el problema de la despoblación, tal como se puso de manifiesto el día de antes en la VI Conferencia de Presidentes al acordarse en la misma la elaboración de una estrategia estatal contra el cambio demográfico. Guillén recordó que Aragón ha estado trabajando en ello para conseguirlo, y que el nuevo paso que debe dar el Estado ahora es llevar el problema a Europa para implicar a las instituciones europeas con políticas que permitan afrontarlo.
Así se pronunció ayer el consejero de Presidencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que fue de mero trámite pero que permitió al portavoz del Ejecutivo aragonés hacer una valoración sobre los acuerdos alcanzados en Madrid entre los presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno español.
Guillén profundizó más en la valoración que el día de antes ya había hecho el presidente aragonés, Javier Lambán, y reiteró el “escepticismo” de Aragón hacia los acuerdos alcanzados después de que la anterior conferencia de presidentes se hubiera celebrado en 2012 y lo acordado en ella no se hubiera desarrollado con posterioridad.
No obstante, el consejero de Presidencia aseguró que había que ser “prudentes” y por ello dejar un “margen de credibilidad y confianza” al Gobierno central. Justificó esa desconfianza reiterando que sigue sin convocarse la Comisión de Cooperación Bilateral Aragón-Estado, sobre la que ayer insistió en pedir su celebración. A esa comisión se llevarán, entre otras cuestiones, los acuerdos ferroviarios que afectan a Teruel, y podría celebrarse, si lo concreta el Estado, en torno a Semana Santa.
Aragón está llevando además a los foros estatales el problema de la despoblación ligado al de la financiación autonómica, ya que el coste del mantenimiento de los servicios no es el mismo en las ciudades que en el medio rural. Por ese motivo se defendió en la Conferencia de Presidentes que la financiación tenga en cuenta el coste de los servicios que se prestan, no la población.
Que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, situara la despoblación en primera línea de los acuerdos alcanzados por los presidentes autonómicos es “una noticia importante”, dijo Guillén, quien añadió que el siguiente objetivo es convencer a la Unión Europea de que es un problema que no solo afecta a España sino a toda Europa.
“Si el Gobierno de España ha asumido que este es un problema de Estado, que traslade a Europa que este debe ser un problema europeo y que Europa debe tomar medidas que corrijan estas dificultades”, aseguró Guillén, quien estimó que se trata de un debate “que le viene bien a Aragón y en el que ha contribuido decisivamente”.
El consejero de Presidencia aseguró que todavía no hay dinero y que algunos podrán verlo como una cuestión filosófica, pero insistió en que “es la primera vez que desde el Estado se intenta hacer una estrategia nacional sobre demografía y se coloca en primer plano sobre los objetivos políticos esta cuestión”.
Este acuerdo alcanzando por los presidentes autonómicos con Mariano Rajoy consta de cuatro puntos tras una amplia argumentación que justifica la adopción de medidas para hacer frente a la situación que está provocando el cambio demográfico.
En el primer punto se adquiere el compromiso de impulsar medidas específicas para hacer frente a los desafíos demográficos y en el segundo se acuerda elaborar y desarrollar por parte del Gobierno de España, y contando con la colaboración de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, una Estrategia Nacional frente el Reto Demográfico, “de naturaleza global y transversal, que diseñe una respuesta conjunta y de futuro para paliar la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante”.
Establece también que la estrategia deberá aprobarse en 2017, teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones de la ponencia de estudio y de la comisión especial sobre despoblación que se aprobaron en el Senado, así como de la nueva comisión creada y de los trabajos del Foro de Regiones españolas con Desafíos Demográficos.
Además, el acuerdo recoge el compromiso de que todas las instituciones defenderán ante las autoridades de la UE la necesidad de que las políticas europeas den respuesta a los desafíos demográficos.