El Gobierno de España creará un comisionado para trabajar en la Estrategia contra la despoblación
La vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer en el Senado que se creará un comisionado con una estructura específica para trabajar en la Estrategia nacional frente al reto demográfico acordada en la VI Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas celebrada la semana pasada. Eso permitirá agilizar su elaboración este mismo año, tal como acordaron los presidentes autonómicos.
Sáenz de Santamaría lo explicó así en la Comisión General de las Comunidades Autónomas celebrada ayer por la tarde en la Cámara Baja, en donde dio cuenta de los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Presidentes y detalló los primeros pasos que se han dado en la última semana para avanzar en ellos.
Poco antes de que interviniera la vicepresidenta, en un Foro del diario ABC el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo pública también esta decisión, aunque fue Sáenz de Santamaría quien lo comunicó a los consejeros autonómicos que asistieron a la comisión en el Senado, entre ellos el titular de la cartera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén.
Como ya lo hizo la semana pasada el presidente del Gobierno español, su vicepresidenta reiteró ayer que el acuerdo de poner en marcha esa estrategia era uno de los asuntos más importantes abordados en la Conferencia de Presidentes. Además, durante su intervención reconoció el papel desempeñado por la Comunidad Autónoma de Aragón para impulsar una medida así.
La intención del Ejecutivo es que esa estrategia se apruebe este mismo año 2017 para trasladar el debate al conjunto de la Unión Europea. El avance principal realizado durante la última semana ha sido la decisión de nombrar un comisionado que con una estructura propia permitirá avanzar en este asunto.
En este sentido, Soraya Sáenz de Santamaría explicó durante su comparecencia que “siendo conscientes de que esta estrategia nacional es un reto, en el corto, en el medio y en el largo plazo”, se ha decidido “crear un comisionado del Gobierno para el reto demográfico”. Aclaró que es una tarea conjunta que compete a varios ministerios y no solo al Gobierno de la nación, sino también a las Comunidades Autónomas, a la Federación Española de Municipios y provincias y a distintas instituciones,
Explicó que se trata de “encargar a una estructura del Gobierno específica la interlocución con las Comunidades Autónomas, con las ciudades con Estatuto de Autonomía y con la Federación Española de Municipios y Provincias, así como con el Senado, para ir avanzando en esa estrategia”.
A juicio de la vicepresidenta, la creación de la figura de un comisionado especial “pone el listón” muy alto dada la importancia que el Gobierno de España y los autonómicos han dado a esta cuestión, y evidencia “la necesidad de que haya una persona encargada de esta tarea”.
Una tarea, según reconoció la número dos del Gobierno, que es de “muchos”, pero a través del comisionado “se podrán llevar a buen puerto estas decisiones”.
Precisamente la vicepresidente argumentó que una de las claves más importantes de la Conferencia de Presidentes había sido “colocar el reto demográfico en la agenda pública para los próximos años”, y que en ello había jugado un papel destacado Aragón junto con otras Comunidades Autónomas en la coordinación del diseño de este acuerdo.
Recordó asimismo que el Senado durante la legislatura 2011-2015 ya había trabajado en esa materia proponiendo medidas en sendas comisiones, mientras que actualmente se trabajaba en ello con otra comisión. Aseguró que es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la sociedad española.
“Nos enfrentamos a un reto demográfico que se salda con un paulatino envejecimiento de nuestra población, con bajas tasas de natalidad y con un saldo vegetativo negativo”, dijo la vicepresidenta, que se refirió también a territorios de la España interior que como en Teruel, aunque no llegó a citarlo, el problema es crítico ya en estos momentos.
“En numerosas zonas de la España interior nos encontramos con un territorio escasamente poblado con población dispersa y envejecida, en los que además la prestación de servicios es sumamente complicada”, manifestó Sáenz de Santamaría.
Vicente Guillén
Durante su turno de palabra en la comisión del Senado, el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, celebró el compromiso adquirido por el Estado para la elaboración de una estrategia contra la despoblación, y se mostró “un poquito más” confiado de que los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Presidentes se lleven a cabo tras el escepticismo inicial manifestado por el Ejecutivo aragonés.
Guillén incidió, además de hacerlo sobre el acuerdo de luchar contra la despoblación, en el impulso a un nuevo marco de financiación autonómica, vinculó a lo primero. A?este respecto volvió a insistir, como ya manifestó el presidente aragonés, Javier Lambán, durante la Conferencia de Presidentes, que “es importante que exista una vinculación sobre el coste efectivo en la prestación de los servicios”.
En este sentido, Guillén explicó a la vicepresidenta que en Aragón la prestación de los servicios se hace “en zonas despobladas con una elevada dispersión, con una población envejecida y con una orografía que encarece los servicios”.
Para ilustrarlo puso como ejemplo que el gasto farmacéutico en Aragón es un 14% superior a la media española, o que una plaza escolar en un pueblo de Teruel cuesta de media al año 5.500 euros, mientras que en un núcleo urbano esa misma plaza tiene un coste de 3.000 euros.
Puso otro ejemplo muy ilustrativo recurriendo a la provincia de Teruel con sus 136.000 habitantes, comparándola con un municipio de otra Comunidad Autónoma con una población muy similar de 127.000 personas, aunque no reveló cuál. Mientras que en la primera hay 28 centros de salud para atender a la población dispersa, en el municipio que no identificó aseguró que había 6, y continuó comparando otros serrvicios como colegios públicos (68/20), institutos (18/7), escuelas de Educación Infantil (44/6), y líneas de autobús (52/6). Algo, dijo, que había que tener en cuenta en el nuevo sistema de financiación autonómica para que sea en función de los servicios prestados.
En el caso de la dependencia pidió que fuese al 50%, puesto que actualmente Aragón aporta el 84%. Además, reivindicó una vez más la urgencia de que el Gobierno central convoque la reunión de la Comisión Bilateral.