El Gobierno ve innecesaria la creación de un tercer juzgado en Alcañiz ahora
El Gobierno de Aragón no considera necesaria la creación de un tercer juzgado en el partido judicial de Alcañiz, porque "la carga de trabajo" que tuvieron en 2014 los juzgados 1 y 2 de la capital bajoaragonsa estuvo "dentro de los módulos ordinarios, sin que de la misma se detecte la necesidad de crear un tercer órgano".
Esta ha sido la respuesta del consejero de Presidencia de Aragón, Vicente Guillén, a una pregunta formulada por la diputada del Partido Aragonés (PAR) María Herrero relativa a las previsiones del Ejecutivo aragonés para la puesta en marcha de un tercer juzgado en el partido judicial del Bajo Aragón. La parlamentaria aragonesista cuestionaba al número dos del Gobierno acerca de si el Ejecutivo "tiene previsto, y en qué plazos, la creación de un tercer juzgado en Alcañiz".
Guillén completaba su respuesta indicando que el Ejecutivo analizará la "estadística" que realiza anualmente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como la memoria judicial de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) (que se presentará en el primer semestre de este año), donde se hará balance de la actividad de los juzgados de la Comunidad Autónoma y de sus necesidades en el último año. Según las conclusiones de ambos informes, el Gobierno "valorará la necesidad de modificar la planta de los Juzgados de Alcañiz en el año 2017", añade el consejero de Presidencia. Las obras serían necesarias para la puesta en marcha del tercer juzgado.
En cualquier caso, la competencia y la decisión para la creación de nuevos juzgados es exclusiva del ministerio de Justicia.
Proposión No de Ley
La respuesta del consejero de Presidencia a la diputada el PAR se produce justo una semana después de que las Cortes de Aragón instaran al Gobierno a que proponga al ministerio de Justicia la creación de un tercer juzgado en el partido judicial de Alcañiz y a que mejore la dotación de personal en los Juzgados de Alcañiz, Calamocha y Caspe, mediante la aportación de funcionarios de refuerzo de manera permanente y continua en tanto no se implante la nueva Oficina Judicial de Aragón. Este órgano es a que, en última instancia, competerá la valoración y revisión de los puestos de trabajo en la Justicia y su carga funcionarial.
Las Cortes dieron su visto bueno a esta Proposición No de Ley (PNL) que conminaba al Ejecutivo aragonés a dotar de más recursos a los dos juzgados de la provincia de Teruel y al juzgado de Caspe. La iniciativa parlamentaria, presentada por el grupo parlamentario del Partido Popular (PP), fue apoyada por el PP, por Podemos, Ciudadanos (C"s) y por el PAR, mientras que los grupos socialista (PSOE) y el Grupo Mixto (CHA e IU) la rechazaron.
Diario de Teruel publicó el pasado 15 de febrero una información donde se ponía de manifiesto la baja dotación de personal de los juzgados arriba mencionados, especialmente el de Alcañiz, donde la plantilla se ha mantenido estable desde 1975 pese a que la carga de trabajo ha sufrido un incremento exponencial desde entonces.
Según esa información, los Juzgados de instrucción y de primera instancia de Alcañiz, Calamocha y Caspe son los que están peor dotados en personal con respecto a otros tribunales de su misma categoría en Aragón, locual se pone en evidencia en la Memoria Judicial de Aragón de 2014, si se comparan el número de funcionarios con la población atendida por partido judicial y con el número de casos resueltos o ingresados.
4.413 habitantes
A cada funcionario que trabaja en Alcañiz le corresponden 4.413 habitantes, cuando esa ratio se reduce a la mitad en partidos judiciales como el de Calatayud, donde los dos juzgados de instrucción y primera instancia tienen 3 funcionarios más que el de Alcañiz y cuando su población de referencia es un 38% menor. Lo mismo ocurre en partidos como el de Fraga, con una población de 26.596 personas (menos de la mitad que la que tiene la sede judicial de Alcañiz) y donde trabajan 15 funcionarios entre los dos tribunales (dos más que en los Juzgados de la capital del Bajo Aragón). En Teruel, con 26 funcionarios en los juzgados de instrucción y primera instancia, la ratio queda en 2.422 habitantes por empleado.
Por otra parte, el documento del TSJA también aporta datos sobre el número de asuntos ingresados por cada juzgado. En Alcañiz, entre 2004 y 2014 se han duplicado, sin que ello haya tenido como consecuencia un incremento de la plantilla de trabajadores, a pesar de las peticiones que desde el Juzgado Decano y desde los sindicatos de Justicia se han enviado.
Autor:Maribel S.Timoneda