El Juzgado número 1 de Teruel se inhibe del caso Pomecia y lo remite al Supremo
El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel ha decidido finalmente inhibirse del caso Pomecia en favor del Tribunal Supremo para que sea este órgano judicial el que investigue los presuntos delitos de prevaricación denunciados por la propietaria de unos terrenos en este barrio de población gitana. La denuncia la formuló contra varios exalcaldes y técnicos municipales por la gestión urbanística de Pomecia. El aforamiento de uno de los investigados, el diputado del PP Manuel Blasco, es lo que le ha llevado a tomar esta decisión
El juez dictó ayer un auto por el que se inhibe a favor del alto tribunal, de manera que tendrá que ser el Supremo el que lleve a cabo la investigación por la denuncia presentada a principios de año por una de las propietarias de los terrenos que fueron ocupados para la construcción de viviendas ilegales, Isabel Gorbe, que considera que sucesivos alcaldes y técnicos municipales no hicieron nada para hacer valer la legalidad urbanística y haber ayudado en cambio a la construcción de casas ilegales
El auto judicial acuerda igualmente la indescindibilidad del caso, es decir, que no se puede investigar ni juzgar por separado la causa, si así ocurriera finalmente, por lo que en lugar de enviar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo únicamente la parte correspondiente al exalcalde de Teruel Manuel Blasco, actualmente diputado del PP en el Congreso, tendrá que remitirse también la del resto de los investigados
Además de Blasco, se investiga por posible prevaricación y malversación de fondos públicos a los exalcaldes que le precedieron, Lucía Gómez y Miguel Ferrer, además de al exconcejal de Urbanismo, Jesús Fuertes, y a dos técnicos municipales
El auto del juez por el que se acuerda la inhibición a favor del Supremo hace suyos los argumentos esgrimidos por el ministerio público en un informe elaborado este mes, después de que el magistrado consultara a las partes si consideraban oportuno remitir la causa a un tribunal superior por haber un aforado entre los investigados
Otras partes personadas en la causa no se han mostrado de acuerdo, por lo que todavía cabe la posibilidad de que recurrieran el auto, en primera instancia en reforma ante el propio juzgado, o en segunda en apelación ante la Audiencia Provincial
En cualquier caso, el Tribunal Supremo deberá valorar ahora si acepta el caso o lo devuelve total o parcialmente. En el primer caso parece improbable porque la ley garantiza a los parlamentarios su aforamiento, es decir, que en caso de ser investigados por algún presunto delito sean juzgados por una instancia superior, si se diera la circunstancia, para que haya una mayor imparcialidad al estar formado el tribunal por más de un magistrado
En el caso de Manuel Blasco es por tanto seguro que el Supremo aceptará la inhibición, porque así lo establece la ley, mientras que en cuanto a la inescindibilidad de la causa, es decir, que no se puede separar, deberá pronunciarse si lo acepta o no
A la vista de esta decisión, quedan sin efecto las citaciones a los seis investigados que el juez instructor había hecho inicialmente para finales de esta semana y la próxima, y que había pospuesto después a mediados del mes de septiembre. Fuentes judiciales indicaron ayer que tras la decisión tomada quedan sin efecto las citaciones que se habían hecho
Ahora deberá ser el Supremo quien cite a las partes, incluida a la querellante, que ayer se personó en el Juzgado de Teruel porque había sido citada para ratificar su denuncia ante el ofrecimiento de acciones legales que se le había hecho, y que ha aceptado para personarse como acusación particular
Ampliación de denuncia
La intención de la denunciante es ampliar la denuncia tan pronto como sea llamada por el Tribunal Supremo, lo que ayer no llegó a hacer ante la decisión del juez de Teruel de inhibirse a favor del alto tribunal
La decisión se ha tomado después de que el propio magistrado dictara una providencia a principios de agosto pidiendo a las partes que se pronunciaran sobre la conveniencia de inhibirse a favor del Supremo, y sobre la inescindibilidad del enjuiciamiento
Un informe de la Fiscalía se pronunció a favor de ambos extremos, puesto que Manuel Blasco está aforado al ser parlamentario nacional, y por tanto no puede ser investigado por un juzgado ordinario sino que debe hacerlo un tribunal superior, en este caso el Supremo al tratarse de las Cortes Generales
En cuanto a la inescindibilidad de la causa, el ministerio público se pronunció a favor de la misma argumentando que no se puede separar la investigación de Blasco de la del resto de los denunciados puesto que se perdería la unidad de la investigación, motivo por el que consideró que el procedimiento debe remitirse de forma íntegra. La otra opción era enviar al Supremo solo la parte correspondiente a Blasco, e investigar y juzgar en su caso en el Juzgado de Teruel a los otros denunciados.
En el informe de Fiscalía se pone de manifiesto que si bien entiende que hubo prevaricación porque hubo una dejación absoluta de las potestades y obligaciones de tutela del orden urbanístico de la ciudad, no se está ante un caso de corrupción política al uso porque el fin no era el enriquecimiento ilícito, sino no adoptar una decisión "incómoda" por el problema social que arrastra este barrio desde hace tiempo
La causa podría volver a Teruel si el diputado del PP dejara de ser aforado
La situación política en España podría influir en las próximas semanas en la causa abierta por el caso Pomecia si finalmente no se pudiera formar Gobierno y hubiera que disolver las Cortes Generales para convocar nuevas elecciones. En ese caso el diputado del PP Manuel Blasco perdería su aforamiento y el Tribunal Supremo no sería competente para investigarlo, por lo que la causa volvería a remitirse al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Teruel. No es una posibilidad remota a la vista del momento político que vive el país. Lo llamativo del caso es que si se volviera a presentar Blasco a las elecciones y saliera de nuevo elegido, el asunto tendría que volver otra vez al Supremo puesto que sería otra vez aforado
De hecho, cuando la propietaria de los terrenos ocupados en el barrio de Pomecia presentó la denuncia en el mes de marzo de este año, lo hizo ante la Fiscalía General del Estado porque entonces Blasco era diputado. En aquella ocasión se remitió el caso a la Fiscalía de Teruel para que abriera diligencias de investigación.?Dentro de las mismas citó a varios de los denunciados pero como testigos. La citación como investigados fue al judicializarse el caso tras apreciar la Fiscalía posibles indicios delictivos
De la investigación se desprende que la inacción procedimental por parte del Ayuntamiento se debió a la búsqueda de soluciones ponderadas al problema de Pomecia, pero al no actuar se incurrió en dejación de las obligaciones de tutela del orden urbanístico
Autor:F.J.M. Teruel