El oasis de la minería de Teruel, un espejismo con horizonte hasta 2020
Pese a la crisis en la que está sumido el sector del carbón, a los meses de parón de actividad vividos el año pasado y al nunciado cierre por parte de Endesa de la central térmica de Andorra, la cuenca de Teruel es una especie de oasis en el desierto nacional de la minería. Frente a un contexto desfavorable como el citado, la actividad extractiva en la cuenca turolense resulta envidiable para otros territorios de tradición minera en nuestro país, donde la extracción de lignito nacional ha caído en picado. En la Sierra de Arcos, 2017 será un gran año para el carbón. La planta de Endesa funciona a pleno rendimiento, con los tres grupos quemando carbón de forma ininterrumpida, y Samca no para de traer subcontratas al cielo abierto de la mina Santa María, donde ya hay alrededor de 200 personas trabajando a tres turnos.
El panorama no puede ser más distinto al de 2016. La minera llegó a dejar de extraer carbón de la mina Santa María y comenzó a recolocar trabajadores en otras explotaciones y canteras de arcillas. Pero si 2016 fue nefasto, con menos de 400.000 toneladas vendidas a la térmica, 2017 ofrece un panorama completamente diferente para la cuenca de Teruel. Según el responsable de minería de CCOO de Industria en Teruel, Antonio Montoyo, la minera lleva más de 800.000 toneladas de carbón vendidas a Endesa en lo que llevamos de año. Quedan cinco meses por delante y la actividad no cesa
Primero favorecida por factores externos como la parada de las centrales nucleares francesas y después por otros internos como la falta de actividad de las renovables, lo cierto es que la térmica no ha parado y todo indica que el contrato firmado entre Endesa y Samca para la compra de dos millones y medio de toneladas de lignito para suministrar a la central andorrana entre 2017 y 2018 se va a cumplir. En torno a un tercio de aquella cantidad ya estaría en el parque de carbones de la eléctrica.
La cuenca de Andorra es en este momento un remanso de paz comparado con otros territorios como Asturias y León, donde la actividad extractiva es mucho menor. La estatal Hunosa es la única que mantendría cierta actividad, según Montoyo, pero de los dos millones de toneladas de hulla nacional que se han extraído en nuestro país, casi la mitad han sido en Teruel.
Contexto de desaparición
En cualquier caso, esta frenética actividad que está viviendo desde unos meses a esta parte la cuenca turolense puede ser un espejismo temporal que más pronto o más tarde se tope con la realidad de un sector que está abocado a la desaparición. El contexto internacional de medidas contra el cambio climático no deja lugar a dudas de que el carbón tiene los días contados, pero, además, los datos de compra de carbón por parte de las eléctricas para la producción de electricidad sitúan al lignito nacional en una situación de desventaja clara. Según el el responsable de minería de CCOO de Industria en Teruel, las centrales eléctricas de nuestro país han quemado en España dos millones de toneladas de carbón autóctono y 17 millones de toneladas de carbón de importación en lo que llevamos de año, casi nueve veces más carbón extranjero que estatal.
La crisis del sector y el aumento de la conflictividad laboral derivada de la falta de actividad; la inestabilidad de los precios de la electricidad, que registraron picos históricos en enero de este año; los acuerdos de París sobre cambio climático para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio de posición del nuevo Gobierno con respecto al carbón nacional (única materia prima autóctona para la generación de electricidad) han llevado al Ejecutivo central a abrir dos frentes legislativos para gestionar los cambios que se avecinan en el sector energético.
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Central térmica de Andorra, para la que Enel ha previsto su cierre[/caption]
Reducir la inestabilidad
El Gobierno quiere amortiguar el efecto social y económico que el cierre de las centrales eléctricas produciría en las cuencas mineras españolas y en el conjunto del país a partir de 2020. De ahí que trabaje a la par en un real decreto para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica y en una ley de transición energética y cambio climático cuyo impulso fue aprobado en diciembre del año pasado por el Congreso de los Diputados.
Tanto para el primero, que debería presentarse como tarde en septiembre, como para la segunda, el Gobierno ha abierto un proceso de consultas públicas. En el caso del real decreto del carbón, las alegaciones al proyecto podrán presentarse hasta el 15 de septiembre, mientras que para la futura ley de cambio climático hay más tiempo por delante: hasta el 10 de octubre.
La ley, más seguridad
El Gobierno ha dado suma importancia a este segundo marco normativo. Dos ministerios están involucrados en su desarrollo -Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) y Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad) y, además, el Consejo de Ministros aprobó este mes de julio la creación de una Comisión de Expertos para que asesoren sobre cómo regular el cumplimiento de los objetivos en materia de energía y clima de la Unión Europea y los recogidos en el Acuerdo de París que España suscribió.
También las organizaciones sindicales han hecho hincapié en la importancia de esta futura normativa. Antonio Montoyo recordó cómo en la reunión del pasado mes de julio con el secretario de Estado de Energía en Madrid “a lo que más relevancia se dio fue a la elaboración de la ley de transición energética”. Además, el representante de minería en Teruel de CC.OO insistió en la mayor seguridad que aportaría la nueva ley para el lignito nacional frente al real decreto que el Gobierno promete para este mes de septiembre.
No en vano, los sindicatos temen que las eléctricas recurran el real decreto que pone trabas al cierre de las centrales de carbón como ya hicieron con el de 2010 que aprobó el Gobierno de Zapatero y que las obligaba a comprar carbón nacional. “Si piden medidas cautelares para impedir que entre en vigor como entonces no servirá para nada”, sentenció el sindicalista”. Por el contrario, para el representante de CC.OO “una ley de transición, que debe ser aprobada por Bruselas, presenta mucha más seguridad” en defensa del sector.