El pago de la justicia gratuita, en el aire por la ausencia de presupuestos en Aragón para 2017

La prórroga de los Presupuestos de Aragón, si no se consiguen sacar adelante los de 2017, puede empezar a tener consecuencias imprevistas. La directora general de Justicia e Interior del Ejecutivo aragonés, María Ángeles Júlvez, aseguró en Teruel que con la prórroga presupuestaria no habrá suficiente dinero para la justicia gratuita, ya que en los del año pasado se consignó una partida insuficiente que después hubo que complementar. En el proyecto de Presupuestos de 2017 sí figuran 4,5 millones de euros con los que se podría atender este servicio que se presta a las personas sin recursos económicos.

María Ángeles Júlvez hizo este comentario, a preguntas de la prensa, tras entrevistarse con el nuevo decano del Colegio de Abogados de Teruel, Alfonso Casas, e instantes antes de la entrega de los diplomas de un curso sobre mediación impartido a 24 funcionarios de la Administración de Justicia.

El turno de oficio es uno de los asuntos que más preocupa a los colegiados turolenses, tal como puso de manifiesto su nuevo decano el pasado viernes durante su toma de posesión. Este servicio permite prestar la justicia gratuita a quienes no tienen recursos, que financia la Administración con sus recursos a través del Gobierno de Aragón al tener estas competencias transferidas, pero que ejercen los letrados que están inscritos en el turno de oficio.

La directora general recordó que en Teruel habían estado de acuerdo con el decreto sobre justicia gratuita que publicó el Gobierno de Aragón, “y en principio con los baremos, sin perjuicio de que nos reunamos en junio como quedamos con todos los colegios profesionales para valorar la aplicación del nuevo decreto y del nuevo sistema organizativo de las guardias”.

En este sentido, Júlvez comentó que este tipo de reuniones son necesarias para “ir viendo si se genera alguna disfunción o no y corregirla”.

Sobre la demanda de los letrados de que este servicio se dote con más fondos económicos, la directora general reconoció que “todos queremos más”, pero advirtió que de momento se está en “prórroga presupuestaria”.

“El presupuesto con el que contábamos al inicio del 2016 es el que tenemos en este momento en nuestro presupuesto, sin perjuicio de que hubo que hacer ampliaciones porque estaba infradotado”, recordó Júlvez, quien precisó que en el momento actual, al tratarse de una prórroga presupuestaria, “solo podemos contar con la cantidad con la que contábamos en enero del 2016”.

Eso significará que “cuando se termine tendrán que acordar alguna medida para poder seguir pagando el servicio, porque claro, la situación que tenemos es bastante precaria”.

Si salieran adelante los Presupuestos de Aragón de 2017, la directora general de Justicia aseguró que no habría problemas porque se han previsto más partidas que el año pasado. En este sentido, explicó que el proyecto de Presupuestos de 2017 se ha dotado con 4,5 millones de euros, dinero suficiente para prestar el servicio. “Es la cantidad que consideramos que vamos a gastar este año”, dijo Julvez.

Puso como ejemplo de ello que el año pasado se pagaron dos trimestres del 2015 y tres trimestres del 2016 y en total se gastaron 4,6 millones de euros aproximadamente. Argumentó que a la vista de ese gasto, si salieran adelante los Presupuestos de 2017 con los 4,5 millones propuestos, se llegaría “segurísimo” para atender cuatro trimestres, que serían el último del año pasado y los tres primeros del actual ejercicio.

Recordó a este respecto que el nuevo sistema de guardias no es como el de antes, que se pagaba a los quince meses de haberse realizado, sino que ahora se pagan a los dos meses de su realización. “Es uno de los principales cambios del decreto”, recordó.

Sobre el encuentro con el nuevo decano de los abogados turolenses, Júlvez aseguró que había sido una reunión “muy satisfactoria”, y sobre la entrega de diplomas a la primera promoción de mediación intrajudicial en Teruel, consideró que es importante “divulgarla y fomentarla” debido a que las próximas modificaciones procesales que habrá en la Ley de enjuiciamiento civil “probablemente pongan como requisito el haber acudido a la sesión informativa, que es por donde comienzan los procesos de mediación”.

La responsable de Justicia del Ejecutivo aragonés manifestó que los profesionales “tienen que estar preparados” y elogió el trabajo de los 24 funcionarios de la Justicia en Teruel que han realizado este curso de Mediación promovido por la DGA y la Universidad de Zaragoza.

En este sentido, argumentó que si la preparación precede a la normativa, “todo ese camino lo llevaremos andado”. Consideró que de esta manera, cuando se presente la demanda, los letrados de la Administración de Justicia también podrán invitar a las partes a acudir a la mediación.

Añadió la directora general que esto es el “futuro” y que “la Administración de Justicia tiene que abrirse de mente, y las sentencias tienen que ser el último recurso al que acuda un ciudadano para resolver un conflicto”.

Consideró que antes de llegar a ese punto hay otros caminos que son más satisfactorios para las partes que están en conflicto, por lo que confió en que a pesar de que pueda costar un poco al principio, al final sea la mediación la que acabe imponiéndose.

Los 24 participantes en el curso que ayer recibieron sus diplomas pertenecen al cuerpo de gestión de la Administración de Justicia en la provincia, y todos estaban en posesión de un título universitario, que era el requisito para poder recibirlo.

Se trata de la primera promoción de mediación intrajudicial en Teruel y cuya formación ha corrido a cargo de José Luis Argudo Periz, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Los asistentes han recibido 2 créditos universitarios que equivalen a 50 horas lectivas.

El curso ha habilitado a un porcentaje alto de funcionarios de la Administración de Justicia con capacidades para identificar procesos que serían derivables hacia la mediación, “que es el primer punto en que comienza la cadena” dijo la directora general.

Júlvez asistió a la entrega de los diplomas en compañía del delegado territorial de la DGA, Antonio Arrufat, y miembros de la Administración de Justicia en Teruel.