Hacienda ‘rastrea’ 63 municipios de Teruel para culminar la regularización catastral
El Ministerio de Hacienda y Función Pública rastreará hasta el próximo 30 de noviembre 63 de los 236 municipios de la provincia, entre ellos la capital, para culminar el procedimiento de regularización catastral que se inició a finales de 2013 para detectar construcciones o ampliaciones no declaradas para que paguen la cuota que les corresponde en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a sus respectivos ayuntamientos, que podrán girarles los recibos de los cuatro años previos.
Con estas inspecciones, que afectarán a un total de 37.538 inmuebles distribuidos entre más de una cuarta parte de los municipios de la provincia, se completará la revisión de todas las edificaciones del territorio turolense, que arrancó en octubre de 2013 en las primeras catorce localidades, a las que se fueron sumando otras entre 2014 y 2016.
Las comprobaciones las llevarán a cabo técnicos que trabajarán sobre el terreno y se apoyarán en los estudios fotográficos aéreos del Plan Nacional de Ortografía del Ministerio de Fomento, según explicaron fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Este plan responde a la aplicación del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado en 2004, que ya preveía abordar en el periodo 2013-2016 un procedimiento de regularización para incorporar al catastro inmuebles, tanto urbanos como rústicos con construcción, que no estuvieran dados de alta o bien no hubieran declarado alteraciones de sus características.
El objetivo es adecuar la descripción catastral de estos inmuebles a la realidad de los mismos y atajar así el fraude fiscal, que afecta no solo al IBI -principal fuente de ingresos tributarios de los municipios-, sino también a otros tributos como el IRPF o los impuestos de Plusvalías y de Sucesiones y Donaciones.
Entre los municipios donde se aplicará la regularización catastral este año figuran, además de Teruel capital, Calamocha, Calanda, Cella, Albarracín, Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, Valderrobres o Villarquemado.
Tasa de 60 euros
El procedimiento se realizará de oficio cuando se detecte que el contribuyente ha incumplido la obligación legal de “declarar de forma completa y correcta” una nueva construcción o una modificación, según detalla el texto refundido. Su inicio será comunicado a los interesados, que tendrán un plazo de quince días para formular las alegaciones que estimen convenientes.
La propuesta de regularización por parte del Catastro irá acompañada de la liquidación de una tasa de 60 euros que tendrán que pagar a este organismo los titulares del inmueble.
Este procedimiento fue calificado en sus inicios de amnistía catastral, ya que el abono de esta tasa eximirá al contribuyente de la aplicación de las sanciones que le podrían corresponder por no haber declarado correctamente su inmueble, y que pueden alcanzar los 6.000 euros.
Sin embargo, el ministerio incorporará la nueva valoración al padrón del IBI que recaudan los respectivos ayuntamientos, que de esta forma serán los principales beneficiarios de estas inspecciones. Podrán girar los recibos de los cuatro últimos años, ya que en los anteriores el fraude habrá prescrito, y serán estos los que puedan dar un buen mordisco al bolsillo de los contribuyentes que hayan eludido sus obligaciones fiscales.
La capital, incluida
En el caso de la capital turolense, no es probable que aflore un gran número de inmuebles en situación de fraude tributario, ya que desde hace varios años el Ayuntamiento ha colaborado con el Catastro para incorporar al IBI edificaciones no declaradas, sobre todo aquellas construidas de forma ilegal.
Aun así, el presupuesto municipal de este año contempla un incremento de recaudación por este impuesto cercano al 2%, hasta alcanzar una previsión de ingresos de 7,8 millones de euros que la alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), achacó íntegramente a la labor de lucha contra el fraude, ya que el importe de los recibos que pagan los ciudadanos se congelará de nuevo en este ejercicio.