La alcaldesa de Andorra se somete hoy a una cuestión de confianza ligada a los presupuestos

La alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles (IU), se someterá este viernes a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto de 2017 después de que PSOE, PAR y PP votaran la semana pasada en contra de las cuentas municipales. Es la tercera vez en lo que va de legislatura que Ciércoles pierde una votación de los presupuestos. De hecho, el equipo de gobierno no ha logrado sacar adelante unas previsiones económicas en todo el mandato debido a que el acuerdo de los partidos de izquierda (IU, PSOE, Asamblea Abierta y CHA) para la gobernabilidad de Andorra ha fracasado. Ante la falta de entendimiento, el año pasado se prorrogaron las cuentas de 2015. Una situación que Ciércoles se niega a repetir. “No podemos estar un año más con presupuestos prorrogados porque ello nos impide hacer inversiones y el pueblo no está en disposición de perder más el tiempo”, explicó la alcaldesa, que recordó que el proyecto de presupuestos, enmendado por la oposición, contempla cerca de un millón de euros de inversiones. Las más importantes son la remodelación de la calle Fuentecilla, infraestructuras para mejorar la calidad del agua de boca, la remodelación de las pistas de tenis o mejoras viarias y de parques y jardines. Los presupuestos quedarán automáticamente aprobados en el pleno de mañana si la alcaldesa cuenta con la confianza de la corporación por mayoría simple. En caso de que Ciércoles perdiera esta votación -algo que sucedería si se repitiera el resultado del pleno de presupuestos de la semana pasada- arrancaría un plazo de un mes para que los grupos presentaran una moción de censura con un candidato alternativo a la alcaldía. Si no lo hicieran o esta moción no prosperara -lo que ocurriría si no se diera mayoría absoluta de al menos siete sobre 13 escaños-, se entendería otorgada la confianza a la alcaldesa y aprobado el presupuesto automáticamente. Hace unos meses hubo sondeos para desbancar a IU (cuatro concejales) de la alcaldía pero no prosperaron ante la falta de acuerdo entre PSOE (3 ediles), PAR (2), CHA (1) y Asamblea Abierta (1). El PP (2) se desentendió. CHA no apoyará ahora una moción de censura porque el presupuesto que liga IU a la cuestión de confianza recoge todas sus enmiendas, por lo que solo un acuerdo PSOE-PAR-PP (7), con o sin Asamblea, posibilitaría este escenario. El PSOE acusa a la alcaldesa de haber roto el consenso en materia de agua La cuestión de confianza no hubiera tenido lugar si el PSOE, como tenía previsto, se hubiera abstenido para facilitar la aprobación de unos presupuestos en los que se habían incluido varias de sus enmiendas, en especial en materia de agua. Pero, además, el PSOE pedía que los servicios jurídicos que defendieran al Ayuntamiento en el pleito que mantiene con Aragonesa de Servicios Públicos (ASP) derivado de la mala gestión y calidad del agua de boca fueran los de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) y no Agustín Comín, el abogado que representa al Consistorio desde 2007. “La alcaldesa ha roto el consenso que había en torno al agua”, sentenció el concejal delegado del Ciclo del Agua, Ramón López (PSOE). “Una vez estuvo hecha la auditoría, AEOPAS nos dijo que no teníamos que haber aceptado las prórrogas” que periódicamente reclama la empresa, manifestó López, que propuso “a todos los grupos municipales trabajar con un abogado diferente y me apoyaron, pero después la alcaldesa designó a Agustín Comín”, protestó. López aseguró que el letrado -que no es de la confianza de los socialistas porque ha defendido a Ciércoles en pleitos entre el PSOE e IU- no fue capaz de evitar que el Ayuntamiento prorrogara en varias ocasiones el contrato a la empresa, algo que esta ha obtenido alegando desequilibrios económicos año tras año desde 2001, cuando el Consistorio externalizó el servicio. López culpó a la empresa de las pérdidas económicas que alega y que el concejal achaca a la falta de mantenimiento de la red que hace que se pierdan grandes cantidades de agua. Ello obliga a gastar más dinero en electricidad para extraer de los pozos un líquido de peor calidad y con una dureza elevada. López calculó que, entre la deuda de la empresa asumida por el Ayuntamiento a través de la renovación del contrato, los años que restan para cumplirlo (hasta 2021) y el coste que va a suponer el arreglo de las infraestructuras, el dispendio para el Ayuntamiento superará con creces el millón de euros. El edil del PSOE aseguró que la alcaldesa les había “intentado engañar” porque López entiende que sí se puede cambiar de abogado antes del juicio. Así tienen previsto pedirlo en el pleno de este mediodía a través de una moción de urgencia. López culpó a Ciércoles de no luchar por la calidad del agua de los andorranos y de defender a la empresa. “No quiere ir a ningún contencioso, quiere escurrir el bulto hasta finalizar el contrato dentro de cuatro años”, acusó el edil. “Ya se le ha pasado la documentación a Agustín Comín”, dijo la alcaldesa, quien dio pie a que otros procesos judiciales contra ASP -habrá más- los pueda defender otro letrado. Ciércoles aseguró que hace unos años el Consistorio ya tuvo un juicio con Aragonesa de Servicios Públicos que “ganamos” y recordó que ha sido él quien ha asesorado al Ayuntamiento para imponer los expedientes sancionadores a la empresa. “Hemos ganado prácticamente todos los juicios con Comín”, dijo la alcaldesa, quien afirmó que el PSOE ha usado el tema del agua como “arma política” para oponerse a los presupuestos. “Hemos aceptado enmiendas” y las cuentas “sacan adelante proyectos que todos entendemos que son de bien común para la ciudadanía”, defendió Ciércoles. El juicio entre el Ayuntamiento y ASP se celebrará el 13 de junio en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel nº 1. La empresa ha recurrido el primer expediente sancionador que le impuso el Ayuntamiento. En concreto, el Consistorio sancionó a la compañía tras hacerla responsable de la mala calidad y escaso caudal de agua de boca que reciben los vecinos. Considera como falta grave el estado de conservación de la infraestructura, la “obstrucción” de la labor inspectora municipal y que permita la salida a otros municipios de los operarios vinculados a la explotación de Andorra. Además, el Ayuntamiento considera falta leve que la empresa no haya podido justificar que el técnico especialista tiene fijada su residencia habitual en Andorra. El Ayuntamiento espera nuevos pleitos. Además del expediente sancionador que será motivo de juicio en junio, por el momento se han aprobado otros dos. Entre todos, la empresa acumula en apenas medio año nueve faltas graves y tres leves.