La Cortes reclaman la aceleración de los trámites para la Elevación a Andorra

La Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de las Cortes de Aragón acordó ayer por la tarde solicitar al Gobierno de Aragón que envíe -en el plazo de un mes- al ministerio de Agricultura el informe ambiental correspondiente a la segunda fase del proyecto de Elevación de agua del Ebro a Andorra. Además, la Comisión reivindicó “la ejecución de esta obra lo antes posible” al Gobierno central.

Este informe ambiental debe acompañar al remozado proyecto de la segunda fase de la Elevación que el Instituto Aragonés del Agua (IAA) concluyó en marzo de 2016, que rebajaba de 36 a 22 millones de euros el presupuesto de las obras. Durante una visita que realizó a Andorra por aquel entonces, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, dijo que enviaría al Gobierno central el proyecto “en tres o cuatro meses máximo”. Desde entonces ya ha transcurrido un año sin que nada se sepa del documento. Según el consejero, el objetivo era “reclamar al ministerio de Agricultura la ejecución de la segunda fase, porque es imprescindible y porque (de no hacerse) sería inútil la importante inversión que se hizo en la primera fase”, resaltaba por aquel entonces.

Cabe recordar que, en la anterior legislatura, el Gobierno de Aragón devolvió al Ejecutivo central la encomienda de gestión de las obras por falta de financiación. Por tanto, la segunda fase queda pendiente ahora de la voluntad del Ejecutivo central para presupuestar y acometer una actuación que resulta fundamental para el desarrollo de Andorra, Ariño, Alcorisa, Albalate del Arzobispo y Alloza.

El debate de ayer en la Comisión de Desarrollo Rural se generó a partir de una propuesta presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos (C’s). Finalmente, la Comisión solicitó al Ejecutivo autonómico que “envíe todos los estudios realizados que tengan relación con el proyecto”.

El diputado Ramiro Domínguez, encargado de defender la proposición no de ley en nombre de C’s, recordó que “éste es un proyecto que puede generar riqueza” e insistió en que la comarca ha perdido 1.300 habitantes en cuatro años”.

Desde el PP, el diputado Miguel Ángel Navarro reclamó “coordinación” entre los ejecutivos central y autonómico para completar la obra, cuya primera fase ya está ejecutada, mientras que el parlamentario socialista Darío Villagrasa calificó como “fundamental” la obra para “la gente que vive en el medio rural”.

Desde Podemos, Marta de Santos subrayó que “estamos hablando de costes de explotación anuales de más de 750.000 euros”. En su opinión, “hay que impulsar los estudios oportunos para la mejor fórmula posible” para la elevación. El grupo parlamentario de Podemos enmendó el texto en ese sentido.

En cuanto al PAR, la diputada   Lucía Guillén criticó que las distintas administraciones públicas “se han pasado la pelota unas a otras y nadie ha puesto el dinero” que falta para terminar la actuación, mientras que Patricia Luquí (IU), portavoz del Grupo Mixto, reconoció que “sabemos de la importancia de esta infraestructura” y recordó que “ya en la anterior legislatura presentamos muchas iniciativas para hacerla realidad”. Las propuestas cayeron en saco roto, porque la obra sigue paralizada y a medio hacer.

Cabra hispánica

En la sesión de ayer por la tarde también se debatió un texto del grupo parlamentario del PP en el que se solicitaba la puesta en marcha de “un plan sanitario de emergencia para casos de transmisión de sarna sarcóptica a otras especies”, así como “un plan de control forestal frente a la expansión de esta especie” y “medidas de compensación a los agricultores y ganaderos”. La iniciativa no salió adelante al recibir el voto en contra de PSOE, Podemos y el Grupo Mixto, mientras que sólo PP, PAR y C’s la apoyaron (este último grupo en parte).

El diputado Miguel Ángel Navarro aseguró que el problema de la sarna en cabra hispánica “va más allá de la salud animal” porque “con la expansión de la especie va también la enfermedad y los problemas”.

El socialista Enrique Pueyo aseguró que el Gobierno ya “está trabajando” en la materia y acusó a los populares de intentar “crear una alarma social que no existe”, porque “no hay ningún contagio”. La diputada de Podemos Marta de Santos calificó como “compleja” la “lectura de la iniciativa” y dijo que “presentar la moción ahora no tiene ninguna lógica”.

Desde el PAR, la diputada Lucía Guillén pidió que “no se mezcle esto con otros problemas como la superpoblación de esta especie, su utilización como reclamo de la actividad de caza deportiva o los daños en actividades como la agrícola”. Y añadió que “serviría para un totum revolutum difícil de manejar”.

Por parte de Ciudadanos (C’s), Ramiro Domínguez comentó que “es innegable que hay infinidad de daños y se ha multiplicado por treinta la cantidad de cabra hispánica”, pero dijo que el texto presentado por el PP era “muy dudoso”. También la portavoz del Grupo Mixto, Patricia Luquín (IU), recordó que ahora mismo “no hay ningún caso” de esta enfermedad en Aragón. “Los daños en los cultivos y los accidentes de tráfico no tienen que ver con la sarna”, aseguró.