La DGA desoye la demanda social de más habitaciones individuales en los hospitales turolenses
Una campaña en la que en apenas dos semanas se recogieron cerca de 10.000 firmas y una comparecencia en la Comisión de Peticiones Ciudadanas en las Cortes de Aragón no han hecho cambiar de idea a los responsables sanitarios del Gobierno de Aragón, que no han aceptado ampliar el número de habitaciones individuales en los nuevos hospitales proyectados para Teruel y Alcañiz. Pero la movilización ciudadana impulsada por la Federación de Vecinos San Fernando de Teruel sigue vigente porque según recuerdan "los turolenses quieren un hospital del siglo XXI"..
La campaña reivindicativa arrancó en febrero cuando la Federación de Vecinos recibió respuesta a su pregunta planteada al Consejo de Salud sobre el modelo habitacional para los nuevos hospitales, donde se concretaba cómo iba a ser el diseño y donde solo el 26% de los pacientes del nuevo centro sanitario de la capital estarán en habitación individual, frente al 61% del plan funcional diseñado en 2007.
Ante esta situación, la organización vecinal elaboró un amplio dosier con un análisis de la tendencia constructiva de los últimos años en este tipo de infraestructuras sanitarias y con el respaldo de entidades como el Colegio de Médicos y mantuvo reuniones con representantes políticos.
La recogida de firmas comenzó a mediados de abril y en la comparencia que realizaron los representantes de la federación en las Cortes, el 3 de mayo, llevaron más de 9.500 apoyos a la iniciativa.
En la intervención en el parlamento aragonés participaron el presidente de la Federación de Vecinos, Pepe Polo, y dos de los miembros del grupo de trabajo sobre este tema dentro de la asociación, Pascual Giménez y Marta García, quienes expusieron claramente su demanda de que, al menos, el 75% de los pacientes sean atendidos en habitaciones individuales o, lo que es lo mismo, que como máximo un 10% de las habitaciones sean dobles.
Tres fueron los argumentos centrales que se defendieron en las Cortes: que los ciudadanos de Teruel prefieren habitaciones individuales como lo demostraba la recogida de firmas; que había evidencias científicas con diferentes estudios sobre las mejoras de este modelo y que los centros sanitarios construidos en los últimos años en España habían optado por esta estructura. No querían que hubiera una doble discriminación hacia los turolenses, por un lado, respecto a la asistencia sanitaria recibida en otras provincias y por otro entre aquellos que sí tuvieran la cama en habitación individual (solo un 26%) dentro del mismo hospital.
La propuesta vecinal no suponía un incremento en el número de plazas y por ello argumentaban que no tenía un sobrecoste elevado.
A pesar de los argumentos defendidos en la Comisión de Peticiones Ciudadanas y del amplio respaldo social, el BOA publicó en marco el concurso para realizar la adaptación del proyecto de construcción del nuevo hospital de Teruel para adaptarlo a la normativa de eficiencia energética sin modificar la estructura de distribución de las camas que, por otro lado, era prácticamente igual que la aprobada por el anterior ejecutivo en 2014.
El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, justificó por la "eficiencia" económica el modelo de habitaciones de los hospitales de Teruel y Alcañiz. El responsable autonómico aseguró, en una comparecencia en las Cortes en mayo, que era "el más coherente" con la población a atender.
La campaña también tuvo su repercusión en el debate político. El Partido Popular y el Partido Aragonés presentaron sendas proposiciones no de ley en las Cortes, el 21 de abril, que no lograron apoyo suficiente. En cambio, sí que se aprobó la propuesta de Podemos que planteó la realización de un estudio sobre la incidencia del uso de habitaciones individuales en la mejora de la salud y en el acortamiento de la estancia en los centros sanitarios de los pacientes.
El informe se elaboró y en septiembre se conocieron sus conclusiones. La principal era que el estudio, basado en una revisión del York Health Economics Consortium en 2011 y en un informe del National Institute for Health Research de Inglaterra publicada en 2015, asegura que no se puede demostrar efecto alguno sobre la salud asociado a esta distribución de camas en los hospitales.
Pero desde la Federación de Vecinos no están de acuerdo con este informe que calificaron de "paripé parlamentario" para "justificar una decisión tomada de antemano". Los representantes vecinales recordaron el apoyo a su propuesta del Colegio de Médicos o la Carta Europea de Derechos de los Pacientes como algunas de las entidades que respaldan la propuesta turolense.
La Federación envió cartas a todos los grupos políticos para que se pronunciaran sobre dicho informe en octubre pero aún no han tenido respuesta.
Pepe Polo subrayó ayer que van a continuar luchando por este tema y argumentó que "si hubiera habido voluntad política" se habría podido hacer este cambio que no suponía un gran coste económico.
De nuevo criticó el estudio que aseguró que "no es científico" y que "desautoriza" a los expertos que han realizado los proyectos de hospitales en diferentes lugares de España en los últimos 15 años.
Trámites
Los trámites para poner en marcha las obras del nuevo hospital de Teruel han avanzado muy poco durante 2016, puesto que se ha trabajado en una nueva modificación del proyecto constructivo.
El concurso para el contrato para la adaptación del proyecto, principalmente para adecuarlo a los cambios normativos en materia de eficiencia energética, salió a licitación el 30 de marzo y en mayo se adjudicó a la empresa Berna 10 Asesores Consultores.
Según informó el departamento de Sanidad, ya se ha recibido el proyecto modificado pero ahora los técnicos están analizándolo para ver si se ajusta a lo que se había pedido.
Por otro lado, el 1 de junio se hacía público el fallo del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza que estimaba en su totalidad el recurso interpuesto por Acciona Infraestructura (a la que se había adjudicado la obra del hospital de Teruel y cuyo contrato se resolvió en junio de 2015. La resolución judicial obliga al Gobierno de Aragón a pagar 3,3 millones de euros a la empresa, aunque recurrió la sentencia.
Autor:I. M. T. / Teruel