La FEMP insta a que la inversión contra la despoblación no sea vista como un coste
Las Administraciones locales quieren que deje de verse la inversión en las zonas rurales como un coste y que sea entendida en cambio como una inversión en cohesión social y territorial. Así lo argumenta la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el documento de acción que aprobó la semana pasada y que incluye un listado de 79 medidas para hacer frente al problema demográfico. El mismo es fruto del trabajo desarrollado porla Comisión de Despoblación de la FEMP, y es una nueva aportación a los documentos que en los últimos años se han elaborado desde diferentes instituciones y entidades.
El documento de acción de la FEMP para luchar contra la despoblación incide en lo mismo que dicen los dos informes del Senado aprobados en 2015, y plantea propuestas similares a las que están recogidas en la Directriz demográfica y de lucha contra la despoblación que espera aprobar el Gobierno de Aragón pasado el verano.
Las argumentaciones en unos y otros casos son las mismas, y las medidas propuestas similares, enfocadas a dotar de idénticas oportunidades a las zonas rurales despobladas que a los grandes núcleos urbanos, favoreciéndolas mediante incentivos fiscales y a la creación de empleo, facilitándoles los accesos a infraestructuras y servicios, y reivindicando la “custodio del territorio”, algo que se olvida por completo desde el Estado y las propias Autonomías que han reproducido el mismo modelo centralista que el del Gobierno central.
El diagnóstico hace tiempo que se conoce, y las medidas para hacer frente al problema es evidente que se saben también, porque coinciden en ellas todas las instituciones y organismos que han elaborado estudios y propuestas. Sigue faltando la implicación real del Estado, aunque a comienzos de este año se dio un paso en firme, tras la Conferencia de Presidentes, al crearse el Comisionado del Gobierno para la elaboración de una estrategia estatal frente al cambio demográfico.
El tiempo urge, en cualquier caso, y en los presupuestos de 2017, pendientes todavía de aprobación, no se recogen partidas específicas para esta problemática. Tampoco se introdujeron en los de 2016, cuando el Senado había hecho ya propuestas concretas para afrontar la lucha contra la despoblación.
La historia podría repetirse nuevamente en 2018, ya que el proyecto de presupuestos de ese año se tiene que presentar a finales de septiembre próximo, o al menos esa es la fecha en la que debería hacerse. Y para entonces está claro que todavía no habrá una estrategia estatal frente al cambio demográfico, cuyas fechas más probables para aprobarla son finales de año. Si los presupuestos ya están aprobados, volverá a ser un documento de intenciones sin sustento económico para desarrollarlo.
Aunque la situación está cambiando porque el Gobierno central parece haber tomado conciencia de la problemática, sigue sin ser consciente de la urgencia, de la situación extrema que padecen territorios como la provincia de Teruel.
Junta de Gobierno
Ahora eso se lo recuerda la Federación Española de Municipios y Provincias, cuya Junta de Gobierno aprobó el documento de acción de la comisión especial de lucha contra la despoblación, creada el año pasado, y que incluye un listado de medidas para luchar contra la despoblación en España.
El documento es claro y contundente, y parece calcado de los que se han elaborado en los últimos años por parte del Senado, del Gobierno de Aragón, o por el Foro de Autonomías frente al cambio demográfico. Todos coinciden en lo mismo, pero la financiación sigue sin llegar.
No solo falta la financiación del Gobierno central, sino la implicación de la Unión Europea en el problema, que debería conseguirse sin mayor demora de cara al próximo programa operativo para que la despoblación sea tenida en cuenta no solo en el reparto de fondos comunitarios a partir de 2020, sino en la puesta en acción de políticas de cohesión territorial, ya que es uno de los mandatos que recoge el Tratado de Lisboa, entendido como la Constitución común de todos los estados miembros de la Unión.
En eso incide el nuevo documento aprobado por la entidad que agrupa a las administraciones locales españolas, y que en contra de criterios erróneos que se han lanzado desde diferentes formaciones políticas en los últimos tiempos, reivindica el papel de instituciones como las diputaciones provinciales, además de los entes locales. La polémica sobre las propuestas que se han hecho planteando la desaparición de estas instituciones pone de manifiesto la realidad del problema en España; la ignorancia y prepotencia con que se mira hacia el medio rural desde el centralismo que emana tanto desde el Estado como desde las Comunidades Autónomas, que han demostrado su ineficacia a la hora de conseguir una cohesión de sus territorios al haber copiado el mismo modelo caduco centralizador de la Administración central.
El documento de la FEMP insta de hecho a poner en el centro de la gestión de las políticas de cohesión territorial a sus auténticos protagonistas, los municipios del medio rural. Las Administraciones locales piden por ello participar de forma activa en las políticas de Estado que se impulsen a partir de ahora y, sobre todo, ser el centro de las mismas, ya que hasta ahora los grandes núcleos urbanos han sido los que han concentrado los recursos económicos favoreciendo la despoblación del medio rural.
El documento de la FEMP es clarísimo en ese sentido y reivindica un cambio estructural, en el que los pueblos no sean vistos como un lastre, sino como un potencial porque son los que custodian el territorio.
De hecho, una de las medidas que plantean las Administraciones locales es considerar la creación de un fondo de guarda y custodia del territorio. Es decir, que el medio rural reciba lo que no está percibiendo ahora por encargarse de mantener vivo el territorio más allá de las grandes ciudades.
Es una propuesta que viene recogida también en informes de otras entidades e instituciones, y que recoge por igual el borrador de la directriz demográfica de Aragón. Lo que viene a decir esto es que existe una gran deuda histórica con el medio rural que no se ha cuantificado y que por el contrario ha sido vista como una carga para las administraciones desde su centralismo.
En eso incide especialmente el documento de la FEMP en sus consideraciones previas, en las que reitera que la despoblación es un problema de Estado y precisa de una “gobernanza multinivel”, es decir, de implicación y de participación en las medidas que se vayan a tomar.
Tras el inevitable diagnóstico donde se explica lo que se sabe de sobras, el continuo éxodo del campo a las ciudades desde los años 60 del pasado siglo, la recuperación demográfica que se vivió a principios de este milenio gracias a la inmigración y el crecimiento económico, y el agravamiento de la despoblación con la llegada de la crisis económica, se entra de lleno en el gran problema del desafío demográfico.
Argumentan los autores del documento de la FEMP, que el vaciamiento del territorio tiene consecuencias de “desequilibrio territorial”, mientras que desde las Administraciones centralizadas se ve como un “encarecimiento de los costes de prestación de servicios”, además de suponer una pérdida de potenciales activos de riqueza por el desaprovechamiento de los recursos endógenos.
Es en este punto donde el documento aprobado por la FEMP pone especial énfasis al precisar que “constituye un error considerar que invertir en el reequilibrio territorial y en la lucha contra la despoblación es un coste”.
A este respecto, precisa que debe ser “entendido en términos de derechos de la ciudadanía en igualdad de oportunidades y a su propia ‘tierra’, y de los territorios a contribuir con sus mejores fortalezas al crecimiento de su comunidad y su país”.
Concluye por tanto en este sentido que es “una inversión en cohesión social y territorial y en fortaleza y sostenibilidad del modelo económico y social”.
El documento incide por otra parte en la terrible realidad demoledora que padecen algunos territorios al confluir en ellos, como sucede en la provincia de Teruel, la baja densidad, el envejecimiento, la caída de la natalidad y la pérdida continuada de la población.
Asimismo, la FEMP subraya “la urgencia de poner en marcha decididas políticas de Estado que pasen de las palabras a los hechos, con un riguroso planteamiento de medidas prácticas e incorporando la lucha contra la despoblación como un principio a tener en cuenta en todos los planes y líneas de acción de las administraciones públicas”.
Plantea además que el Estado debe trabajar de acuerdo con la UE y considera necesario que la despoblación se incorpore como un criterio a la hora de distribuir fondos a escala europea, nacional y autonómica.
Y para trabajar en ello, la FEMP plantea la creación de una mesa estatal contra la despoblación, y de grupos de trabajo regionales, así como 79 medidas específicas agrupadas en 7 áreas principales de intervención.