Javier Lambán, ayer durante su comparecencia en las Cortes de Aragón para explicar la situación de la térmica
Declarar la central térmica de Andorra como reserva energética estratégica para que la Comisión Europea (CE) autorice ayudas a la inversión medioambiental de Endesa-Enel en la planta, que la instalación siga abierta a partir de 2020 y sobre ella se sustente lo que queda de sector minero-eléctrico en la provincia. Esa es la hoja de ruta que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, reclama al Gobierno de España para el mantenimiento de una comarca que depende a un 80% de este binomio.
Lambán compareció este jueves en las Cortes de Aragón por voluntad propia para explicar la situación de la central térmica tras la junta de accionistas de Enel, en la que la principal propietaria de Endesa confirmaba su cierre el 30 de junio de 2020 si el marco regulatorio de la generación eléctrica con carbón nacional no daba un giro.
El presidente del Gobierno de Aragón aseguró que “para bien o para mal” no ha ocurrido nada relevante” porque “no se ha tomado ninguna decisión sobre el cierre” de la térmica y porque, “por desgracia, no se ha hecho todo lo que se tiene que hacer” desde el Gobierno de España para que la eléctrica tome la decisión de invertir.
No obstante, “el tiempo se nos echa encima”, dijo Lambán (PSOE), que instó al Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP) a dejar de ponerse “en plan Hugo Chávez amenazando con la nacionalización de los sectores energéticos” y le exigió “ir a Bruselas” y “negociar la reserva estratégica”, a lo que la CE “le dirá que sí autoriza la subvención”, las inversiones se realizarán y la central seguirá abierta”, expuso.
Descarta la expropiación
Lambán dejó clara la postura del Gobierno autonómico con respecto al decreto ley que redacta el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para regular el cierre de las centrales de generación del país, el cual, según la Junta de Castilla y León, contemplaría la posibilidad de subastar las instalaciones “desde un euro” si sus propietarios solicitaran su cierre al Ejecutivo central.
“Se puede hablar de subastar, de expropiar” y “de cosas raras que no tienen ningún recorrido salvo quitarse el muerto de encima y dejar que se solucionen los problemas por sí solos”, pero sin inversiones el Gobierno puede hacer lo que quiera, que la térmica se cerrará”, aseveró el presidente. Si la central no es rentable, “no habrá otra empresa que se quiera hacer cargo”, argumentó.
En este sentido, Lambán aseguró que el consejero delegado de Endesa, José Bogas, comunicó la semana pasada a la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, que “en 2016 no han llegado a cubrir costes fijos” y que, “sin una subvención del Gobierno”, la eléctrica “no va a poder acometer, y entiendo que ninguna empresa privada, las obras de adaptación”. Además, Bogas le hizo saber a Gastón “que con el Gobierno están hablando de poner en marcha la reserva estratégica”.
Según explicó Lambán, el concepto de reserva estratégica es una vía que “ha ensayado Alemania”, que “no es rápido” llevarlo a cabo y que consistiría en que Endesa seguiría siendo el operador de la planta, pero sería el Estado quien regularía y programaría la producción.
Lambán defendió la continuidad de la central térmica de Andorra porque, tal como dice el Plan Energético de Aragón 2013-2020, vertebra el territorio, desarrolla socioeconómicamente las comarcas mineras, garantiza energía al Estado, da estabilidad al mix energético y controla el precio de la luz.
Esta vía sería una alternativa real a los pagos por capacidad que ya intentó el anterior ministro de Energía, José Manuel Soria, cuya propuesta chocó contra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y, posteriormente, contra las directivas de Competencia de la CE.
Lambán aseguró que, sin inversiones, la central sólo podría continuar a partir de 2020 a un ritmo de funcionamiento de 1.500 horas al año, lo que “no cubriría ni los costes fijos”. También dijo que, si Endesa decide cerrar definitivamente, debe trasladarlo al Gobierno de España, que tendría once meses de plazo para autorizar o no este cierre.
Con este escenario, Lambán aseguró que seguirá “impulsando la acción del Gobierno central” para recordarle que “cada día es más urgente”, que “el tiempo corre en nuestra contra”. Con esto, dijo el presidente, “no tratamos de echar la pelota en el tejado del Gobierno”, sino que éste es quien tiene todas las competencias en materia energética. Pero, a fecha de ayer, “no nos consta que el paso preceptivo de solicitar a Bruselas la declaración de reserva estratégica se haya dado”, apostilló.
También pidió Lambán el cumplimiento íntegro del Plan del Carbón 2013-2018, que reserva un 7,5% a la generación térmica con mineral nacional. “Aún estamos a tiempo de dar una solución de viabilidad a la central térmica, pero si el Gobierno no se mueve de forma inmediata, la central se acabará cerrando”, advirtió.
La oposición insta a la DGA a trabajar por la reconversión
La oposición instó ayer a Lambán a no “echar el balón” al Gobierno central y a actuar dentro de sus competencias para dotar de un futuro a las comarcas mineras a través de una reindustrialización efectiva y urgente. “Usted también puede trabajar en diseñar un futuro” para la cuenca minera. “Eso sí lo puede hacer y ha perdido dos años”, dijo el diputado de Podemos Román Sierra, para quien el Gobierno de Aragón “ha estado haciendo el avestruz” durante lo que va de legislatura.
“Endesa ha tomado como rehenes” a los ciudadanos para que el Gobierno le pague la inversión, aseguró Sierra, quien invitó a Endesa a aclarar si ésta cuesta 230 millones, 200 o 180, ya que ha ido rebajando el presupuesto en los últimos meses.
“Si la térmica cierra, Teruel se muere”, sentenció Susana Gaspar (C"s), quien instó a la mesa por la reindustrialización que ha creado el Gobierno de Aragón junto a empresas y agentes sociales y económicos a actuar ya porque “la reindustrialización no se hace en dos días”, y recordó que hay en juego 4.000 empleos directos, indirectos e inducidos.
También reclamó C"s al Gobierno central un Plan Nacional de la Energía que resuelva el déficit de tarifa y contribuya a un mix energético equilibrado.
Patricia Luquin (IU) quedó “preocupada” tras la intervención de Lambán, a quien recordó: “Usted es presidente del Gobierno de Aragón y algo más tendrá que poner encima de la mesa para el futuro de la comarca” porque “Aragón no se puede permitir dejar sin futuro a la zona”, que ve de cerca, en 2020, “la espada de Damocles”.
Arturo Aliaga (PAR) propuso tres medidas: crear una mesa de trabajo entre el Ministerio de Energía y las Comunidades Autónomas con centrales térmicas de carbón nacional, exenciones fiscales y la posibilidad de que el Gobierno de Aragón avale la inversión en la térmica.
Aliaga se opuso a “cosas raras de subastas” y exigió que el Plan del Carbón se cumpla porque el año pasado el carbón nacional apenas representó un 2% en el mix energético.
Luis María Beamonte (PP) defendió el decreto ley que plantea el Gobierno para ordenar el cierre de centrales térmicas e invitó al PSOE a apoyarlo. “El Gobierno tiene claro que no quiere permitir que pueda cerrar ninguna central sin justificar técnicamente que no es viable la inversión. Y Endesa todavía no lo ha demostrado”, indicó el diputado.
“No hay que plantear cuestiones que estén lejos de la realidad”, dijo Javier Sada (PSOE) en referencia a hipotéticas expropiaciones. “La solución pasa por tres cuestiones: primero, que el carbón pase a formar parte del mix energético en un porcentaje del 7,5%; segundo, la adaptación medioambiental de la térmica para garantizar su supervivencia; y por último, los planes de reindustrialización. O son las tres, o no será el futuro de la comarca”.
Gregorio Briz (CHA) pidió “un plan de choque rápido” para la cuenca porque “a corto-medio plazo se acabará cerrando” la central y “no tenemos claro desde CHA que se tenga que hacer una inversión con capital público para que se acabe cerrando en todo caso”, dijo en contraposición a lo que quiere el PSOE, su socio de gobierno.