Las medidas anti-despoblación del Senado se han quedado en papel mojado dos años después

O la política es un diálogo de sordos, o los políticos juegan con los ciudadanos, porque en cuestiones tan vitales para la provincia de Teruel como la lucha contra la despoblación, hace ya dos años que el Senado aprobó sendos informes con medidas para atajar esta enfermedad del medio rural, pero sin embargo sigue sin haberse invertido un solo euro en esta materia, además de no haber dado respuesta a demandas como los cambios legislativos para discriminar positivamente a las zonas despobladas con bonificiaciones fiscales o simplificando los trámites administrativos. No obstante, la despoblación, o el reto demográfico como eufemísticamente ha pasado a llamarse, se ha convertido en el trending topic de la política española, del que todo el mundo habla, la mayoría sin conocimiento de causa y, por desgracia, como arma política arrojadiza.

La despoblación no solo se ha convertido en una cuestión de Estado sino en una moda que peligra con hacer difuminar la situación extrema que viven territorios como las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, que arrojan la peor situación de todo el país, tal como reconoce la Unión Europea.

Ahora todos se suman al reto demográfico, lo que ha hecho que por fin haya entrado de lleno en el discurso político y que todos empiecen a plantear iniciativas y medidas para hacerle frente.

Lo llamativo es que hace dos años ya se plantearon las primeras medidas a nivel estatal, pero en cambio se ha hecho caso omiso de las mismas y no se ha legislado, ni presupuestado fondos para combatir la despoblación.

En cambio, se siguen haciendo estudios, informes, debates, iniciativas parlamentarias que no dejan de ser gestos al viento para desesperación de los pueblos que este tiempo han visto cómo ha mermado su población y cómo los jóvenes desisten de quedarse en ellos y emprender un proyecto de vida porque lo tienen más fácil en las ciudades.

Fue en junio de 2015 cuando el Senado, la que en teoría es la cámara de representación territorial en las Cortes Generales, pero en la práctica ha demostrado que tiene poco peso, aprobó sendos informes contra la despoblación.

Lo importante es que no solo hacían un diagnóstico de la situación, uno más de los muchos que se han hecho en los últimos años, sino que planteaban también una serie de medidas para combatir el problema. Fueron aprobados con el respaldo de todas las fuerzas políticas, pero en cambio ninguno de esos acuerdos se ha visto reflejado en todo este tiempo en los Presupuestos Generales del Estado.

En 2015 se ignoraron por completo los dictámenes de la Cámara Alta y el presupuesto de 2016 no tuvo en cuenta nada de lo recogido en esos informes, cuyas conclusiones y medidas duermen el sueño de los justos. Tanto es así que el Senado en esta legislatura ha vuelto a crear una comisión especial para volver a tratar el mismo asunto, como si lo acordado por los parlamentarios de hace dos años no sirviera para nada.

Son las cosas que suelen pasar en la política, que cada cuatro años cambia todo, se olvida lo hecho durante la legislatura anterior, salvo en los grandes proyectos de Estado, y se vuelve a empezar de cero.

Dos dictámenes incumplidos

Si se repasan los dos dictámenes de la Cámara Alta de junio de 2015 se observa que se recogen las mismas medidas sobre las que ahora se está debatiendo, con más proyección que antes, eso sí, porque el tema se ha puesto de moda y tiene mucho rédito político para desesperación de las zonas rurales que padecen el problema y que ven cómo su enfermedad ha pasado a ser un arma arrojadiza por quienes en muchas ocasiones no saben lo que es vivir en un pueblo o, si lo sabían, se han olvidado ya de ello absorbidos por el cosmopolitismo citadino.

Dos años después de que el Senado diera las claves para combatir la despoblación con recomendaciones muy concretas como la necesidad de una fiscalidad especial, las bonificaciones, la discriminación positiva y el apoyo inversor, en particular a las mujeres y a los jóvenes, se sigue hablando de lo mismo, como si lo aprobado hace dos años en las Cortes Generales no sirviera para nada.

De hecho, a la vista de la falta de reflejo en los Presupuestos Generales del Estado, aquellos dos informes de la Cámara Alta se han convertido en papel mojado, y llama la atención cómo se vuelve a debatir de lo mismo, a plantear las mismas soluciones como si fuesen una novedad, mientras el tiempo pasa y el problema se agrava porque desde las administraciones públicas se actúa de forma diametralmente opuesta a como se dijo entonces.

Eso sí, surgen nuevas iniciativas, nuevos estudios y nuevas comisiones como la especial creada en el Senado , donde hasta ahora se ha hablado más del reto demográfico por el envejecimiento de la población en general y lo que puede suponer para poder hacer frente a las pensiones en el futuro y a los servicios públicos, que de la desertización demográfica del medio rural.

Bien es cierto que desde junio de 2015 hasta hace poco el país ha vivido secuestrado por una situación política incapaz de llegar a acuerdos, para desesperación de los ciudadanos, y que ha hecho de la interinidad una excusa para no hacer nada en materia de despoblación.

No se hizo ya en los presupuestos de 2016, con el argumento de que primero había que saber qué actuación se debían llevar a cabo cuando el Senado ya las había marcado. Y?no se ha hecho tampoco con los presupuestos de 2017, pendientes todavía de aprobación al encontrarse su tramitación parlamentaria en el Senado, después de que fuese imposible aprobarlos el año pasado.

En este último caso no se explica tampoco que no se haya recogido financiación para adoptar medidas contra la despoblación, ya que a principios de este año el Gobierno central reconoció por fin, tras la Conferencia de Presidentes, que la crisis demográfica era un reto del Estado y acordó crear un comisionado especial.

Nuevas medidas

Mientras, desde todos los ámbitos se plantean medidas, ya sea la directriz demográfica que tiene en exposición pública el Gobierno de Aragón, o las propuestas hechas por la Federación Española de Municipios y Provincias, que podrán debatirse esta semana en Huesca en un congreso sobre la despoblación.

Si se analizan unos y otros documentos, aparecen en todos ellos las mismas medidas que ya se fijaron en las dos comisiones del Senado de hace dos años, lo que quiere decir que entonces todos ignoraron el trabajo de los parlamentarios porque se avecinaban unas elecciones que iban a ser complejas como así ocurrió, o que desde las instituciones y la clase política no existe memoria.

Lo que tanto está siendo esgrimido ahora desde todos los foros, como la necesidad de aplicar medidas fiscales, sociales y financieras para los territorios despoblados, no es nada nuevo aunque suene así en el trending topic en que se ha convertido la despoblación. Se dijo ya en junio de 2015 y dos años después, con dos Presupuestos del Estado de por medio, siguen siendo ignoradas a pesar de que ahora el Comisionado especial del Gobierno que se ha creado tiene que fijar una estrategia estatal.

La previsión es que esta estrategia pueda estar elaborada a final de año, cuando el proyecto de presupuestos de 2018 debería presentarse a finales de septiembre para iniciar su tramitación parlamentaria. Eso quiere decir que se llegará otra vez tarde para incorporar medidas en las cuentas del Estado, salvo que alguien se dé cuenta de que el legislativo ya dijo lo que había que hacer justo ahora dos años: medidas destinadas a crear un eje vertebrador en favor de la natalidad, a los fondos europeos y su reparto, de orden territorial, fiscales, sociales y financieras, a la mejora de las infraestructuras, al impulso económico, de apoyo a niños y mayores y de ámbito local.

Se sabe lo que hay que hacer porque ya lo estudió el Senado, pero dos años después aquellas medidas son papel mojado y parece que hay que elaborar otras, que van  a ser las mismas, en una rutina dilatoria, voluntaria o por pura inercia, que hace mucho daño a los pueblos más afectados por la despoblación.