Podemos critica los términos del contrato de asesoramiento en Motorland
El grupo parlamentario de Podemos en las Cortes de Aragón manifestó “serias dudas” de que el Gobierno de Aragón tenga “intención real de atajar los privilegios de los directivos” en empresas públicas como Motorland. Así lo puso de manifiesto la formación morada tras hacerse pública la modificación y ampliación del plazo para el nuevo contrato de servicios técnicos, un puesto “aparentemente creado para mantener la vinculación con el exgerente de la sociedad, Tomé Alfonso”, indicó Podemos.
Desde el pasado mes de febrero, el Gobierno de Aragón está obligado a equiparar las retribuciones de los directivos de las empresas públicas con las de representantes públicos y altos cargos de la Administración, gracias a la aprobación de una Ley impulsada por Podemos y apoyada por el PSOE y el resto del arco parlamentario aragonés. La aplicación de esta norma supuso la salida de Alfonso como gerente de Motorland, ya que la normativa conlleva dejar de trabajar para otros circuitos que compiten con el de Alcañiz y un régimen salarial que impide cobrar más que el presidente de Aragón.
Sin embargo, tanto el presidente aragonés, Javier Lambán, como la consejera de Economía, Marta Gastón, “no han escondido la voluntad de encontrar la fórmula de que Alfonso, sobrino de Carmelo Ezpeleta, dueño de Dorna -empresa que gestiona los principales campeonatos que tienen lugar en el circuito de Alcañiz-, siga vinculado a Motorland. Aparentemente, para ello, el Gobierno de Aragón ha sacado a concurso estas tareas de consultoría para la promoción y organización de competiciones; una plaza orientada a Tomé Alfonso, para desempeñar unas funciones que hasta hace unos meses se integraban en el puesto del gerente”, criticó Podemos.
La formación registrará una pregunta dirigida a la consejera de Economía para que explique por qué el nuevo gerente no puede desempeñar estas funciones, asumidas hasta ahora desde ese puesto, y para que aclare si está trabajando o no en la prevención de la extensión de privilegios en la gestión de la empresa pública Motorland, una situación que arrastra la sociedad en los últimos años, señalan.
La formación morada sospecha que las políticas del Ejecutivo autonómico “no van en la dirección de atajar estos privilegios”.