Promorigen funcionaba como una “sociedad pantalla” para lucrarse
La Fiscalía tiene claro lo que ocurrió entre los años 2009 y 2013 en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen y su filial Promorigen dedicada a la promoción del Jamón de Teruel. Lo que hacían los tres acusados era utilizar Promorigen como una "sociedad pantalla" con el único fin de lucrarse ilícitamente.
Sostiene el ministerio público que Promorigen "ni siquiera tenía funcionalmente razón de ser", puesto que duplicaba "inútilmente" las funciones que tenía el propio Consejo, por lo que "su única razón de ser para los acusados era lucrarse indebidamente a costa del CRDO, a modo de sociedad pantalla frente al resto de miembros del CRDO".
Asegura la Fiscalía que hubo "gastos inflados", en referencia al "ilícito ánimo de lucro" instaurado y que se plasmaba en "costes supérfluos, sobresueldos y donativos, es decir, un exceso de gastos muy por encima de lo que una administración diligente y razonable hubiera realizado".
Argumenta a este respecto la acusación que "si una entidad tiene pérdidas, lógicamente no paga sobresueldos ni donativos", y que a través de la confusión consiguieron eludir el control presupuestario y no rendir cuentas al CRDO.
El Fiscal detalla 36 errores, irregularidades, descuadres o desfases, "deliberados o aprovechados", para facilitar el ilícito penal que cometieron de apropiación indebida y se refiere tanto a las anomalías en el plan contable como a las extracciones de dinero o gastos sin la justificación adecuada.
En el primer caso, tal como venía recogido en la instrucción de la causa, el ministerio público se refiere a que como corporación de derecho público estaban sujetos al Plan General de Contabilidad Pública, sin que se aprobasen las cuentas de acuerdo al mismo, y que la misma no estaba homologada con lo exigido por el Código de Comercio, además de no haber legalizado jamás los libros.
Además, el director gerente nunca formuló cuentas anuales del CRDO ni tan siquiera un inventario de bienes superior a 300 euros como estaba obligado. Los estatutos obligaban a que el pleno autorizara los gastos por importe superior al 2% del presupuesto anual, cuando entre los ejercicios 2009 y 2013 figuran 13 partidas que precisaban dicha autorización y que sin embargo no se hizo eso.
Otro aspecto que destaca el fiscal en su escrito es que en el régimen contable del CRDO "no hay libro de diario de las operaciones sociales", que se incumplían varios artículos de sus propios estatutos y que no existía ni una sola acta de Promorigen.
Argumenta igualmente que se llevaron a cabo operaciones de riesgo extremo en los presupuestos y liquidación de ingresos y gastos, se hicieron liquidaciones sin ser aprobadas por el pleno y se tomaron medidas de una forma "caprichosa sin justificación alguna".
Insiste igualmente el escrito que la finalidad de constituir Promorigen obedecía únicamente a "generar sobresueldos, descapitalizar al CRDO y eludir el control del pleno creando la figura del consejero delegado, para no rendir cuentas a este órgano".
También señala el ministerio público que hubo una "total y absoluta falta de transparencia por parte" de Promorigen tratándose de una empresa continuamente en pérdidas que servía para "sobresueldos camuflados".
La acusación de la Fiscalía detalla toda una serie de gastos que no estaban adecuadamente justificados en lo que califica de "indebido y simple beneficio de los acusados", es decir, que se hicieron para el beneficio de los mismos.
Detalla en este sentido la compra de 16 móviles por 3.313 euros, arreglos de vehículos que no eran propiedad del CRDO, lotes de regalos, cursos de inglés, gastos de alojamientos sin justificar, clases, la adquisición de un Ipad en el Corte Inglés, el cobro de 7.000 euros como adelanto de nómina por parte de Fernando Guillén en 2011 que nunca fueron reintegrados, y facturas de combustible sin justificar por valor de 34.442 euros.
Además, señala, como recogió en su día el informe pericial encargado por el juzgado, que Guillén dispuso de 28.283 euros de fondos de Promorigen en extracciones en efectivo, realizados desde distintos cajeros automáticos entre el 9 de septiembre de 2009 y el 17 de septiembre de 2013.
Figuran también otros gastos injustificados, liquidaciones que se hacían sin el documento de "rendición de viaje", entre ellos por comidas y alojamientos. En este sentido señala el fiscal que entre este tipo de gastos existe una "cantidad elevada" de facturas en restaurantes, bares y hoteles con el comprobante pero sin indicar quién fue el beneficiario ni el motivo.
Autor: F.J.M. Teruel