Regulación estatal para compatibilizar el suministro con los objetivos de París
La regulación estatal que promueve el Gobierno mediante la ley de cambio climático y el real decreto de cierre de las centrales de generación eléctrica persigue una transición energética que compatibilice los compromisos adquiridos por España para cumplir con el Acuerdo de París de reducción de emisiones con la seguridad de suministro, el equilibrio de precios de la energía y el crecimiento económico, de empleo y del bienestar.
Las consultas públicas abiertas para recabar las opiniones sobre el real decreto y la futura ley de transición pretenden implicar en este nuevo modelo energético a todos los agentes implicados con el fin de establecer una planificación energética nacional a medio y largo plazo.
El proyecto del real decreto evidencia la preocupación del Ejecutivo central por la seguridad de suministro en nuestro país y por los impactos en los precios de la energía que el cierre de las centrales térmicas de carbón produciría en la economía española. Un informe del ministerio de Energía filtrado a principios de este año ya señalaba que la entrada en el mix energético del carbón ayuda a reducir la tarifa eléctrica.
El texto del proyecto de este real decreto pone el acento en la garantía de abastecimiento de electricidad. El documento de consultas propone a los participantes que opinen sobre dos cuestiones: por el procedimiento a seguir en el supuesto de que una empresa solicite el cierre de una central necesaria para el sistema y por si consideran oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad de suministro, cambio climático e impacto en el precio. La entrada en el mix energético de las centrales de carbón ha moderado y reducido los precios de la electricidad en nuestro país en el primer semestre de este año. En julio, por ejemplo, cuando el carbón generó el 25% de la energía consumida, el precio de la luz bajo un 3,2%, a pesar de que hubo un incremento de la demanda superior al 8% com0 consecuencia de la ola de calor.
El ministerio señala en el proyecto de real decreto los objetivos que persigue con su aprobación: garantizar “la seguridad de suministro en el territorio nacional” cuando se den una serie de supuestos como “el riesgo cierto para la prestación de suministro de energía; situaciones de desabastecimiento de las fuentes de energía primaria; amenaza grave a las instalaciones, a la integridad de la red de transporte, a la distribución de energía; así como aquellas que impliquen una reducción sustancial de la disponibilidad de las instalaciones de producción, transporte o distribución de suministro”.
Asimismo, pretende “ponderar el coste-beneficio que implicaría el cierre de una central y la posible apertura de una nueva, considerando el impacto sobre el precio de la energía para los usuarios domésticos e industriales y sobre la competitividad de la economía española”. En este sentido, quedarían reguladas las decisiones de cierre de centrales de acuerdo con criterios de planificación energética que sean compatibles con los objetivos de seguridad de suministro, cambio climático y precio de la energía”, señala el documento.
Las federaciones sindicales estatales del sector minero eléctrico presentarán alegaciones que irán dirigidas, principalmente, a que el real decreto considere el carbón nacional un sector estratégico. Al ser la única materia prima autóctona utilizada para la generación de energía, el lignito español sería una baza para evitar desajustes en el sistema eléctrico, bien como garantía de suministro en momentos de baja actividad de las renovables o bien como moderador del precio de la electricidad como se ha demostrado este año y reconoce el citado informe ministerial.
El presidente del comité de empresa de la central térmica de Endesa en Andorra, Hilario Mombiela, señaló que la federación estatal de UGT presentará alegaciones que harán hincapié en la “falta de alternativas al carbón” en nuestro país, lo que hace “necesaria a la industria extractiva” como se puso de manifiesto “con la ola de frío de este invierno”. Según Mombiela, “si no hubiera sido por la entrada en funcionamiento de las centrales de carbón, el precio del megavatio habría superado los 100 euros por megavatio”.
Desajustes sociales
Otro de los argumentos irá encaminado a señalar los desajustes sociales que generaría el cierre repentino en 2020 de las térmicas en los territorios mineros. “La actividad extractiva es una herramienta para luchar contra la despoblación en unas comarcas que, por el momento, no tienen otras alternativas” que sustituyan al entramado minero-eléctrico. Además, quieren que la importancia para el sistema eléctrico español de las centrales de carbón de Endesa, las de Compostilla y Andorra, quede bien reflejado en el texto del real decreto.
También la federación estatal de energía de CCOO defenderá la seguridad de suministro, además de la “económica” del lignito nacional. En este sentido, el responsable de Industria de CC.OO de Teruel, Antonio Montoyo, recordó que las oscilaciones de precio del carbón de importación son enormes frente a “la pinza reducida” en que se mueven las cotizaciones de la hulla autóctona. Entre 2016 y 2017, los precios del carbón de importación han sufrido variaciones que se encuentran entre los 55 y los 90 dólares por tonelada métrica.
En cuanto a la ley de transición, los sindicatos saben que el carbón tiene los días contados, pero “reclamaremos su mantenimiento durante al menos 15 o 20 años más” por seguridad del sistema. “Sabemos que la quema de carbón ha de reducirse, pero su desaparición ha de ser paulatina, al menos hasta 2030 o 2050”, señaló Montoyo, para realizar una transición sin desajustes sociales ni económicos.
“Ojalá tuviéramos garantía de funcionamiento 20 años más”
El consejero delegado de Enel (matriz de Endesa), Francesco Starace, anunció la semana pasada que la compañía está preparada para cerrar todas sus centrales termoeléctricas en 20 años. Las organizaciones sindicales consideran que estas declaraciones no aportan novedades respecto a la térmica de Andorra. Según el presidente del Comité de Empresa de la planta de Teruel, Hilario Mombiela, “lo más preocupante es que la térmica de Teruel cierre en 2020; qué más quisiéramos que tuviera continuidad hasta 2035 y que Enel desistiera de su intención de cerrarla en 2020”, afirmó. Otras organizaciones sí han mostrado su preocupación como es el caso del portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en el Ayuntamiento de Andorra, Marco Negredo, que esta semana ha pedido al Gobierno de España que “actúe”, busque alternativas y “evite el cierre anticipado de la central de Andorra”. Negredo defendió el impulso a las energías renovables y la terminación de la Elevación de agua del Ebro a Andorra, la instalación de fibra óptica en el polígono La Estación, entre otras medidas.