Soria asegura que la CE “no ha cerrado la puerta” a los incentivos a las térmicas
El ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, afirmó ayer que la Comisión Europea (CE) "no ha cerrado la puerta" a la puesta en marcha en España de un nuevo incentivo al consumo de carbón nacional. Sin embargo, es necesario estudiar su encaje en la normativa europea porque a primera vista Bruselas considera que la orden ministerial de pagos por capacidad podría incurrir en ayudas de Estado.
Soria salió ayer al paso de las informaciones que se vertieron en los medios de comunicación tras las declaraciones el miércoles de la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, a la que agencias como Europa Press atribuyeron la aseveración de que Bruselas había rechazado de plano el borrador de orden ministerial de pagos por capacidad que incluye incentivos a las eléctricas para realizar sus inversiones medioambientales de obligado cumplimiento.
En declaraciones a la Cadena Cope, Soria aseguró que los equipos técnicos del Ministerio y de la comisaría de Competencia de la CE están estudiando el mecanismo.
El ministro en funciones recordó que el pasado 29 de enero viajó a Bruselas junto al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, para abordar con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, la necesidad de introducir algún tipo de incentivo para el mineral autóctono ante la caída de los precios internacionales del carbón.
Soria argumentó ante la comisaria que el precio internacional del carbón ha caído "muchísimo" y que España necesita "una cierta ayuda compatible" para las hullas y lignitos nacionales "porque si no las minas van a cerrar a un ritmo muy superior al que estaba previsto hasta final de 2018", explicó el ministro en funciones.
En la CE, según el ministro, respondieron que "están dispuestos a estudiarlo siempre y cuando encuentren un camino dentro de la legalidad europea; por tanto la puerta no está cerrada", subrayó Soria en esta emisora.
El ministro de Industria recordó que España contaba hasta diciembre de 2014 con un sistema de incentivos -real decreto de restricciones por garantía de suministro- a la compra de carbón nacional por parte de las eléctricas, al ser más caro y más ineficiente que el importado, pero que desde entonces Europa considera este tipo de mecanismos como ayudas de Estado, "y por tanto tiene que autorizarlo".
Además, en un comunicado emitido por el Ministerio, Soria añadió que el Gobierno sigue trabajando por el sector del carbón y aseguró que la comisaria se mostró comprensiva con los argumentos españoles, si bien supeditó cualquier tipo de ayuda a que esta sea compatible con el régimen europeo, para lo cual, reiteró, siguen trabajando técnicos de la CE y del Ministerio.
El gabinete de Soria argumentó que, "a pesar de los evidentes avances en la legislatura anterior, España es un país con muy pocas interconexiones con el resto de Europa, lo que significa que la seguridad de suministro energético es vulnerable y precisa fuentes autóctonas".
"La CE no se opone a este tipo de ayudas -continúa la nota-, pero siempre y cuando se hagan dentro de la legalidad europea". Por tanto, concluye el comunicado, "el compromiso comunitario es por tanto estudiar la posibilidad de una vía legal que permita a España cierta compensación a la quema del carbón nacional hasta el año 2018".
Garantía de suministro
De esta explicación puede extraerse que la consejera castellanoleonesa no iba tan desencaminada, puesto que si la CE negocia con España la normativa es porque a primera vista ha percibido algo irregular en la orden de pagos por capacidad.
De hecho, en la carta que la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, envió el miércoles al secretario de Estado de Energía, hizo referencia a que en una reunión anterior Alberto Nadal le trasladó "la reorientación que iban a darle al redactado, desde el "pago por capacidad" hacia la "garantía de suministro", a fin de obtener la autorización en Bruselas".
La orden ya se topó a principios de octubre de 2015 con un informe demoledor de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que cuestionaba la eficiencia económica de la propuesta y advertía de que Bruselas podría considerarla como ayudas de Estado, algo que la CE no acepta para no desvirtuar la libre competencia entre las distintas fuentes de energía.
La propuesta de pagos por capacidad remitida por Bruselas a Industria contempla incentivar con 90.000 euros por megavatio instalado a cada planta que funcione con carbón nacional, por lo que a Andorra le corresponderían 94,5 millones de euros, una parte muy importante de la inversión de 230 millones de euros que Endesa calcula que costará desnitrificar la planta.
Las inversiones son vitales para que la térmica continúe funcionando más allá del 30 de junio de 2020, fecha en la que tienen que estar hechas las obras según el Plan Nacional Transitorio al que se ha acogido la central.
La DGA exige estar informada porque "es una cosa muy seria"
El Gobierno de Aragón protestó porque en la mañana de ayer aún no había recibido ninguna comunicación oficial ni por parte del Ministerio ni por parte de la CE sobre la existencia de un veto por parte de Bruselas a la orden ministerial.
Para hacer sus inversiones, Endesa pide garantías jurídicas de que la orden se apruebe, porque de ella dependen las subvenciones que podría recibir para acometerlas, dijo el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, quien exigió al Ejecutivo central que informe de las negociaciones.
"No pueden tener al Gobierno de Aragón sin ningún tipo de información porque estamos hablando de una cosa muy seria, del futuro de la comarca y de Aragón", enfatizó.
Guillén recalcó que el Ejecutivo aragonés ha pedido una reunión con el Ministerio de Industria ante la "absoluta incomunicación", que, a su juicio, se extiende a los sindicatos mineros. Según Guillén, en el Gobierno de Aragón tienen la sensación de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Industria, José Manuel Soria, han hecho una "dejación de funciones absoluta".
Guillén confesó que ya preveía que esta orden iba a tener "problemas" al poderse considerar que incluía ayudas de Estado y añadió que la apuesta debería haber sido por un decreto de garantía de suministro eléctrico como se hizo en 2010. Finalmente, lanzó un mensaje a los habitantes de las cuencas mineras, que se juegan "mucho" y por eso ha asegurado que el ejecutivo estará "a su lado".
Por su parte, el secretario general del PP en la provincia de Teruel, Joaquín Juste, apostó, "dado que las directivas europeas son de obligado cumplimiento", por "trabajar para buscar fórmulas que permitan mantener los puestos de trabajo". En ese sentido, indicó que Teruel "recuerda con nostalgia cuando Manuel Pizarro presidía Endesa, ya que ahora las decisiones se toman en Italia".
Juste no se pronunció sobre la propuesta de considerar la minería del carbón como reserva estratégica, y añadió que "hay bastantes fórmulas que podemos valorar dado que no podemos incentivar la quema de carbón nacional".
Autor:Marcos Navarro / Alcañiz