Álvarez (centro), acompañado por dirigentes de UGT en Aragón y de la Federación de Industria de este sindicato
UGT considera un “escándalo” que Enel se plantee el cierre de las centrales térmicas de Andorra y Compostilla (León) y exige al Gobierno que utilice el Boletín Oficial del Estado (BOE) como “herramienta para obligar” a la principal accionista de Endesa a acometer las inversiones medioambientales en ambas plantas. Además, el sindicato considera que ha llegado la hora de abrir un debate público que desencadene en un “gran pacto de Estado por la energía” que sirva para regular la participación en el mix energético de cada fuente y el precio de la electricidad.
De esta forma se pronunció este lunes en la cuenca minera el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que tras visitar la térmica de Andorra junto al secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey y el secretario general de la FICA UGT (Federación de Industria), Pedro Luis Hojas, reclamó al Ejecutivo central soluciones para las comarcas mineras ante la intención de Enel de cerrar las plantas de carbón nacional el 30 de junio de 2020.
Álvarez aseguró que la planta turolense “es viable por sí misma” y recordó los más de 20.000 millones de euros de beneficios que en los últimos años se han visto reflejados en la cuenta de resultados de la compañía, perteneciente en un 70% a la empresa pública italiana Enel.
Por tanto, consideró “absurdo” que no se plantee realizar las inversiones a las que obliga la normativa europea de emisiones en las centrales térmicas que funcionan con carbón estatal, cuando no ha dudado en acometerlas en las plantas de mineral de importación de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería).
“Un sector de estas características tiene que tener controles públicos” para no poner en riesgo la garantía de suministro, manifestó el líder nacional de UGT, quien reclamó al nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que “convierta en políticas” la “mayor predisposición” que muestra -con respecto al Gobierno anterior- para seguir contando con el carbón como fuente de reserva energética.
En este sentido, Hojas expuso que el BOE es la herramienta que tiene el Gobierno para “obligar” a Enel a acometer las inversiones y garantizar la continuidad de las térmicas.
Insta a marcar reglas
A preguntas de los periodistas sobre qué mecanismo podría garantizar la combustión de carbón en térmica para que Endesa acometa las inversiones –valoradas en cerca de 200 millones de euros-, los líderes de UGT indicaron que, más allá de medidas concretas, lo que tiene que hacer el Ejecutivo central es lograr un “gran pacto de Estado por la energía” en el que el debate salga de la esfera privada para hacerse público. “El país necesita un consenso amplio”, dijo Álvarez, quien consideró que hay que comenzar a marcar una serie de “reglas” para que el sector deje de estar “cautivo” ante los intereses de los accionistas de las empresas eléctricas que operan en España.
UGT pidió que el debate “sea tan profundo” que, “con independencia de que haya un gobierno u otro”, las políticas energéticas sean las mismas. Álvarez reclamó que este acuerdo estratégico sirva, de un lado, para proteger a los consumidores, de forma que el precio de la luz se mantenga estable. En este punto, recordó que el último invierno hubo muertes en España entre colectivos vulnerables, algo que el sindicato no alcanza a comprender dadas las “cuentas de beneficios escandalosas” que alcanzan las eléctricas. “Alguna cosa podrían hacer”, recriminó, para recordar que las empresas españolas podrían ser más competitivas con unos costes de la energía moderados.
Por otro lado, para UGT el acuerdo estatal debería fijar la relevancia de cada fuente de generación. En este sentido, Álvarez puso en valor la garantía de suministro que ofrece el carbón nacional al ser el único recurso autóctono disponible en momentos en que las renovables no son capaces de hacer frente a la demanda, y recalcó que “la coyuntura global” internacional cuestiona “cada día” el abastecimiento energético del país, cuyas interconexiones con Europa son escasas.
El líder de UGT cuestionó el cierre de las minas no competitivas en 2018, año en que finalizará el Plan del Carbón. “Hoy en día no tiene por qué ser así” porque el país “es muy dependiente energéticamente del extranjero”, reiteró. En ese punto, animó a seguir potenciando las energías renovables, pero “eso no quiere decir que tengamos renunciar” al carbón, “una fuente de energía vital para el suministro y condiciones de vida del conjunto del país”.
Álvarez aseguró que no fue ayer a Andorra “sólo para defender los puestos de trabajo”, sino también “para poner de manifiesto hasta qué punto el país no puede renunciar a uno de los elementos que nos ha llevado hasta aquí, hasta el día de hoy”, dijo en relación al desarrollo económico al que ha contribuido la térmica. “No podemos dar la espalda” a las cuencas mineras, enfatizó.
En una defensa a ultranza del sector minero-eléctrico, poco habló Álvarez de la diversificación económica. Cuando lo hizo fue para exigir que el plan de reindustrialización que se haga no esté condicionado al cierre del sector minero-eléctrico, sino que la ruptura con el “monocultivo” tenga lugar “además del mantenimiento de las minas y de la central”.
A este respecto, Alastuey criticó que, en pleno debate sobre la despoblación, “parece una contradicción que una de las pocas actividades que fijan población en la provincia de Teruel sea desmantelada”.
El sindicato califica de “golfería” la decisión de la eléctrica de no invertir
Álvarez calificó de “golfería lo que está haciendo Enel con nuestro país” y aseguró que la eléctrica estatal italiana, desde que adquirió el 70% de Endesa, ha “expoliado más de 20.000 millones de euros” a través de la obtención de beneficios que no redundan en inversiones en España, sino que van a parar íntegramente al bolsillo de los accionistas. Una situación que, a juicio de UGT, es “esperpéntica” cuando de una empresa “estratégica” para el Estado se trata.
Precisamente por los beneficios obtenidos –según UGT, están previstos pagos de dividendos a accionistas por valor de 1.400 millones de euros en 2017, 1.500 en 2018 y 1.700 en 2019-, Álvarez cuestionó que la Administración se plantee ayudar a la empresa a financiar sus inversiones en Andorra y Compostilla.
Hojas aseguró que la relación entre sindicato y empresa es “de conflicto” porque “no nos entendemos, no comprendemos los planes de presente de la compañía” desde que fue adquirida por Enel.
“La empresa es estratégica, es un activo con un valor que no podemos perder”, defendió el sindicalista, quien no obstante explicó que los movimientos que se producen no van en la dirección de acometer nuevas inversiones, sino del “desmantelamiento”. En unos años, el empleo que generaba Endesa en España “se ha reducido de más de 12.000 trabajadores a muy poquito por encima de 8.000”.
“Defendemos la continuidad e inversión” en las instalaciones y la “renovación de las plantillas”, indicó Hojas. Si esto no se da, Álvarez advirtió a Enel: “Que tenga plena conciencia de que la UGT va a ser beligerante en la defensa de las minas, en la defensa de la central y en la permanencia de los ciudadanos que quieren vivir en esta comarca”.