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Juanjo Francisco

Un pulso. No se me ocurre otra manera de definir lo que se está viviendo en Teruel estos meses alrededor de las renovables. Y no solo hay un choque de intereses, que es lo que mueve todo conflicto, también hay cierto grado de ignorancia sobre cómo funciona y qué efectos, económicos y de otro tipo, conlleva la producción de energía limpia.

Para empezar, la presencia de decenas de grandes postes eólicos en parajes de las montañas turolenses producen un impacto visual que, indefectiblemente, rompen la armonía de paisaje y pueden causar daños irreparables en la orografía y en una fauna que goza de protección legal. Esto es incontestable sea uno sensible o no al entorno natural. Y al hilo de esto causa cierta perplejidad la magnitud de algunas cifras, número de torres por ejemplo, que manejan algunos de los proyectos que se barajan en la provincia. ¿Es necesario estirar al máximo el margen de beneficio empresarial cuando sin apurar éste también se puede obtener un rendimiento económico satisfactorio?.

Por otro lado habría que preguntarse qué aporta en estos tiempos que vivimos el territorio natural a la pervivencia de la población que lo habita desde siempre con más o menos densidad y que quiere permanecer en él gracias a los recursos que obtiene del entorno como siempre han hecho los humanos. Luego están las opiniones externas, que abanderan posiciones supuestamente universales y que quieren condicionar a las dos partes en conflicto para que asuman sus postulados, contrarios a la explotación de recursos y supuestos defensores de unos afectados que no necesariamente tienen que sentirse perjudicados.

Las gentes del territorio no deben admitir más oráculos ni más balanzas justicieras que las derivadas de su debate interno. Si se opta o no por un paisaje salvaje y deshabitado o unas comarcas que aprovechan en justa proporción su entorno natural es una disyuntiva que debe resolverse bajo el amparo de la legislación, primero, y segundo con la libre elección de los aludidos. Deben ser ellos quienes diluciden qué intereses creados entre partes son asumibles y cuáles son rechazables.