El caso de Leyla, una niña de seis años con atrofia muscular espinal (AME) y un 96% de discapacidad, me enfurece sobremanera. Su intento frustrado de renovar el DNI en un furgón policial no adaptado en Fuensalida (Toledo) es mucho más que un incidente aislado. Es el reflejo de una administración que sigue sin entender qué significa, de verdad, ser accesible.
Según publicaciones recientes, el vehículo enviado para facilitar el trámite, irónicamente, a personas con movilidad reducida, había sido despojado de la rampa de acceso para “aligerar peso”. Lo que debía ser un recurso inclusivo se convirtió, por decisión administrativa, en un símbolo de exclusión. La única solución que los funcionarios pudieron ofrecer fue “subir a la niña a pulso”, siendo una menor con una enfermedad que obliga a extremar los cuidados físicos. Sus padres, con razón, se negaron. Y es que la accesibilidad no es una cortesía ni una improvisación: es un derecho.
Este episodio revela la falta de una cultura pública de accesibilidad. La administración española aún no ha interiorizado que diseñar para todos es una obligación legal. Cuando se suprime una rampa para ganar comodidad logística o se instala una web sin tener en cuenta los lectores de pantalla, no estamos ante descuidos menores, sino ante decisiones que excluyen a miles de personas.
Existe una ausencia total de creatividad, visión y voluntad para encontrar soluciones reales. Se ha normalizado una actitud pasiva y burocrática, que cumple con lo mínimo pero que rara vez se adelanta a las necesidades de colectivos vulnerables.
Es imprescindible una transformación de fondo. No basta con subsanar errores puntuales. La accesibilidad tiene que convertirse en el punto de partida de las políticas públicas. Eso implica formar al personal, invertir en recursos adecuados, diseñar con perspectiva inclusiva y, sobre todo, escuchar activamente a quienes viven estas situaciones cada día. Una administración pública que no garantiza los derechos de todos no está cumpliendo su función. La inclusión no es un lujo.
Según publicaciones recientes, el vehículo enviado para facilitar el trámite, irónicamente, a personas con movilidad reducida, había sido despojado de la rampa de acceso para “aligerar peso”. Lo que debía ser un recurso inclusivo se convirtió, por decisión administrativa, en un símbolo de exclusión. La única solución que los funcionarios pudieron ofrecer fue “subir a la niña a pulso”, siendo una menor con una enfermedad que obliga a extremar los cuidados físicos. Sus padres, con razón, se negaron. Y es que la accesibilidad no es una cortesía ni una improvisación: es un derecho.
Este episodio revela la falta de una cultura pública de accesibilidad. La administración española aún no ha interiorizado que diseñar para todos es una obligación legal. Cuando se suprime una rampa para ganar comodidad logística o se instala una web sin tener en cuenta los lectores de pantalla, no estamos ante descuidos menores, sino ante decisiones que excluyen a miles de personas.
Existe una ausencia total de creatividad, visión y voluntad para encontrar soluciones reales. Se ha normalizado una actitud pasiva y burocrática, que cumple con lo mínimo pero que rara vez se adelanta a las necesidades de colectivos vulnerables.
Es imprescindible una transformación de fondo. No basta con subsanar errores puntuales. La accesibilidad tiene que convertirse en el punto de partida de las políticas públicas. Eso implica formar al personal, invertir en recursos adecuados, diseñar con perspectiva inclusiva y, sobre todo, escuchar activamente a quienes viven estas situaciones cada día. Una administración pública que no garantiza los derechos de todos no está cumpliendo su función. La inclusión no es un lujo.
