El gobierno de España retoma la famosa Tasa Google (también se vuelve a hablar de la tasa Tobin, aunque de esta hablaremos otro día), que fue aprobada el 18 de febrero de este año y que, por cálculo electoral, impulsa de nuevo su tramitación y presencia pública.
Veamos primero qué es esa tasa. La tasa Google, o tasa digital, es como se denomina popularmente a un impuesto contra la elusión fiscal planteado por la Comisión Europea para gravar ciertos ingresos de las multinacionales de la economía digital como Google, Facebook o Amazon. España presentó la adopción de dicho impuesto en un anteproyecto de ley en octubre de 2018 bajo el nombre de Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, y está destinado a empresas que alcanzan una cifra de negocios superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y por encima de tres millones de euros en España.
Y ¿quién va a pagar esta tasa? Pues evidentemente, y por mucho que se empeñen en decirnos otra cosa, los que van a pagar esta tasa van a ser los ciudadanos, los consumidores, no van a ser ni Amazon, ni Google. Un estudio elaborado en 2019 y titulado ¿Who will bear de Burden of DSTs? concluía que: Al penalizar a los consumidores y a las nuevas empresas, las DSTs [la Tasa Google] protegen a las industrias predominantes no competitivas mientras sirve como un impuesto regresivo y sigiloso, dirigido directamente a aquellos que menos pueden pagarlo.
La previsión de ingresos era de 1.200 millones de euros, aunque la han rebajado a 968 millones y además se ha suspendido su aplicación hasta diciembre de este año. El único país de la OCDE que tiene puesta en marcha esta medida es Francia, que también ha suspendido su aplicación por las presiones de EEUU y la amenaza de nuevos aranceles sobre las exportaciones al país norteamericano. España no puede ir por libre en este asunto. Debe ser Europa la encargada de estas negociaciones con la administración estadounidense. Y estas negociaciones están rotas.
La solución a este “problema”, si es que existe (se supone que estas empresas pagan poco dinero en impuestos en los países en los que generan su negocio), nunca vendrá de la mano del unilateralismo. Francia aprobó su tasa google el verano pasado y la ha tenido que suspender por su fracaso. Es un problema global, nacido de conceptos nuevos como la economía digital que nace con vocación de globalidad. Y las respuestas deben ser del mismo tipo, globales. Pero lamentablemente al frente de esos procesos negociadores entre empresas globales en entornos globales, se encuentran dos ejemplos de inoperancias prácticas: la OCDE y la Unión Europea.
No es posible otro camino que el acuerdo entre las partes. Una guerra comercial con USA no le conviene a Europa y mucho menos a España que pretende ser el estandarte en esta batalla que tenemos perdida de antemano. La cantidad a recaudar con esta tasa es muy pequeña y, por el contrario, el daño que puede causar un arancel a nuestras exportaciones en la economía (en un momento especialmente frágil como el actual) es tan elevado, que no se entendería una posición inflexible por parte de los gobernantes. Bueno, se entendería si se antepone la posición ideológica a la posición lógica.