TERUEL El Defensor del Pueblo urge a aplicar políticas de Estado contra la despoblación

El Defensor del Pueblo urge a aplicar políticas de Estado contra la despoblación

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a quien entregó el Informe Anual 2018 de la institución
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a quien entregó el Informe Anual 2018 de la institución

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, instó este martes a aplicar con urgencia políticas de Estado contra la despoblación, con motivo de la presentación del Informe Anual  de 2018 de la institución, en el que advierte que el problema es “una cuestión de derechos y libertades”. El documento, que fue entregado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, incluye un separata dedicada a la situación demográfica en España, sus efectos y consecuencias, y dentro de ella un apartado específico sobre la despoblación en las zonas rurales.

“Las administraciones públicas deben asumir con prontitud el compromiso de facilitar a los habitantes de las zonas con escasa población los servicios básicos que les garanticen el ejercicio de toda una serie de derechos en igualdad de condiciones a los que disfrutan los residentes de las grandes concentraciones urbanas”, señala Fernández Marugán en su informe.

En el documento que fue trasladado a las Cortes Generales se incide en que es una cuestión de Estado y liga la problemática con las garantías constitucionales, puesto que si no se atiende se estará desatendiendo uno de los principios básicos de la democracia.

El Defensor del Pueblo se refiere a este fenómeno con la denominación de la España vacía en varios apartados de su informe, incluida una separata especial sobre la situación demográfica del país.

Le dedica además especial atención en la presentación, donde señala que los diagnósticos sobre el problema están hechos y que “lo que se necesita es voluntad política para permitir que una parte de la sociedad viva integrada con el resto del país”.

Añade en este sentido que en definitiva “el problema de la despoblación es una cuestión de derechos y libertades”, puesto que “lo que está en juego es el principio mismo de igualdad, y eso afecta a todos los españoles, vivan donde vivan”.

En las conclusiones añade por otra parte que si bien en los últimos años se han adoptado desde el ámbito político algunas iniciativas para estudiar y buscar soluciones a lo que califica de “grave problema sociopolítico”, urge abordarlo con “la aplicación urgente de políticas de Estado”.

Se pregunta a este respecto Fernández Marugán desde la institución del Defensor del Pueblo a la que representa, “si nuestra sociedad puede permitirse que una parte de la población viva al margen del propio país”.

Añade en su informe que “la dificultad, incrementada por la crisis económica, para que los habitantes de las zonas más despobladas accedan a servicios básicos como sanidad, educación, transporte, banca y una buena cobertura de redes de banda ancha, debe abordarse urgentemente, pues esta brecha de desigualdad es incompatible con los principios constitucionales de equidad y en definitiva es una cuestión de derechos y libertades que no es aceptable en una sociedad moderna como la nuestra”.

Argumenta por otra parte el Defensor del Pueblo que “un acceso adecuado a internet, una correcta oferta de servicios de transporte público, una red viaria local en condiciones, una mejora de las redes de ferrocarril, una imprescindible inversión en centros y dotaciones de personal en materia de educación, sanidad y servicios sociales junto con una mejora en servicios bancarios y financieros, se hace urgente en algunas zonas rurales”.

Quejas presentadas

Fernández Marugán asegura en su informe que en la institución se recibieron a finales del año pasado quejas de esa España “vacía o vaciada”, que aluden a “situaciones de desatención por los poderes públicos que dificultan el ejercicio de toda una serie de derechos a los moradores de una gran parte de la España rural”. Escritos en los que precisa se “exigen servicios públicos equivalentes a los existentes en las zonas más pobladas del país en materia de sanidad, educación, acceso a la red, comunicaciones y transportes o banca”.

Otras quejas que le han llegado en esta misma línea se refieren a la demanda de “inversiones reales, fondos europeos finalistas o una fiscalidad diferenciada. En definitiva reclaman oportunidades”.

Advierte el Defensor del Pueblo que “los poderes públicos no pueden desatender este llamamiento que lanza la España despoblada”, ya que si bien el éxodo del campo a las ciudades que hubo en la década de los años cincuenta tuvo un fuerte impacto en el equilibrio territorial, “esta segunda oleada migratoria puede tener efectos muy graves”. Constata en este sentido que “hoy el 53% del territorio tiene menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y está en alto riesgo de despoblación”.

Además, considera en su informe que mientras en oleadas anteriores se vaciaban los municipios más pequeños en beneficio de las ciudades próximas y las grandes urbes, “ahora son también las ciudades medianas las que pierden población”.

Mucho que ofrecer

Favorecer el desarrollo, esa es la receta que da el Defensor del Pueblo para hacer frente a la despoblación, ya que considera que el medio rural dispone de muchos atractivos y potenciales para salir adelante siempre y cuando haya unas políticas estatales que permitan desarrollarlos.

Francisco Fernández Marugán hace un diagnóstico de la situación de la despoblación en España y urge a que se impulsen políticas de Estado para combatir esta lacra, pero también ofrece soluciones, algunas de las cuales ya están disponibles pero que la Administración ha sido incapaz de desarrollar.

Argumenta el Defensor del Pueblo que el 30% del territorio alberga el 90% de los habitantes y el 70% menos poblado tiene la mayor parte de los recursos naturales, “que cada vez quedan más desprotegidos”. Y llega a la reflexión de que “la pérdida de población no es la causa sino la consecuencia de la falta de desarrollo económico”.

Pone como ejemplo de la situación a la que se ha llegado algunas medidas adoptadas durante la crisis por la Administración, o simplemente por su inacción.

A este respecto señala que “la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 2007 no se ha cumplido y, en cambio, otras leyes aprobadas a partir de 2012 sobre déficit público y Administración local han dejado a los municipios pequeños y medianos sin capacidad de reacción”.

En este sentido, el Defensor del Pueblo afirma de manera contundente que “las políticas aplicadas para hacer frente a la crisis económica de 2009 han sido devastadoras”, y aclara que “los jóvenes no se van por los impuestos que han de pagar, sino por la escasez de servicios y la falta de expectativas laborales” que tienen en el medio rural. Considera en cambio que “si es capaz de generar actividad económica y empleo, la España rural tiene muchos atractivos que ofrecer”.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a quien entregó el Informe Anual 2018 de la institución
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a quien entregó el Informe Anual 2018 de la institución
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a quien entregó el Informe Anual 2018 de la institución
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a quien entregó el Informe Anual 2018 de la institución
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a quien entregó el Informe Anual 2018 de la institución