Ribera critica la asignación para España de 307 millones del Fondo de Transición Ecológica de la UE

El reparto del Fondo de Transición Justa dotado con 7.500 millones que propone la Comisión Europea (CE), que sitúa a España en la octava posición con 307 millones de asignación, no convence a la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, cuyo gabinete “seguirá luchando” en el Consejo de Europa para que la propuesta atienda y refuerce los criterios del esfuerzo verde, el PIB y el desempleo que solicita España para equiparar la distribución de las ayudas. El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha pedido una reunión a la ministra ante las “miserias” de un reparto que beneficia a “quien más ha seguido contaminando”, por Polonia y Alemania. 

Las reacciones se han sucedido, y en España no son demasiado positivas, desde que el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, presentara el martes a la Eurocámara el borrador del Fondo, cuyos 7.500 millones se materializarán a través del Marco Financiero Plurianual 2021-2017 dentro de una Estrategia de Transición Justa con la que la CE pretende movilizar 100.000 millones de euros de inversión en regiones en transición energética.

Ribera publicó una serie de tuits en los que saludaba la propuesta de reglamento como una “buena noticia para Europa”, si bien criticaba “los criterios empleados” porque el acceso a las subvenciones “no se condiciona al compromiso de neutralidad climática ni toma en consideración los esfuerzos actuales”. 

A pesar de que Varsovia no ha asumido todavía su responsabilidad en el reto de eliminar las emisiones de CO2, Polonia tendría a su disposición 2.000 millones de euros, ocupando la primera posición. Le seguiría Alemania –que tampoco abandonará el carbón hasta 2035– con 877 millones de euros; Rumanía, con 757 millones; República Checa, con 581 millones; Bulgaria, con 458 millones; Francia, con 402 millones; Italia, con 364 millones; y España, con 307 millones. Cierran la lista Malta, con 8 millones, y Luxemburgo, con cuatro. 

No obstante, la propuesta de la CE está abierta a la negociación con los otros dos núcleos de poder de la Unión Europea: el Europarlamento y el Consejo Europeo –que engloba a los Veintisiete Estados miembros–. Hay de plazo todo este año para llegar a un entendimiento. 

“No es una propuesta cerrada y España seguirá luchando en el Consejo Europeo para mejorarla”, adelantó la ministra, que mostró el “compromiso claro” de su Gobierno con una “transición justa que atienda las necesidades de las personas y los territorios afectados”. 

“Trabajaremos para lograr más equidad en el reparto, incorporando y/o reforzando criterios como los del esfuerzo, el PIB y el desempleo”, concluyó. 

“Discriminación positiva”

UGT FICA pidió “una discriminación positiva para los territorios que vienen cumpliendo las directrices europeas, y así poder llevar a cabo una transición hacia la descarbonización sin dejar a nadie atrás”. Además, instó a cumplir el Acuerdo Marco 2019-2027 y la implementación en su totalidad del plan social, al tiempo que se van desarrollando los Convenios de Transición. 

Acom pide actuar con urgencia

El presidente de la Asociación de Comarcas Mineras de España (Acom), Mario Rivas, exigió un “reparto más justo” del fondo europeo. 

En opinión de Rivas “la CE no ha tenido en cuenta, a la hora de hacer el reparto de fondos, los esfuerzos y sacrificios tan importantes que ha supuesto el estricto cumplimiento de la normativa europea en unos territorios que han sufrido una profunda reconversión del sector en las últimas décadas”. Un cambio que, según apostilló en un comunicado, “ha culminado recientemente con el cierre de prácticamente todas las explotaciones de carbón, con la pérdida de miles de empleos y con unos elevados índices de despoblación”.

Rivas consideró “un error de medición” el establecimiento de criterios de reparto en términos absolutos sobre cifras de empleo, ya que “la realidad del impacto económico se ha de medir en términos relativos para hacer posible la comparación entre territorios”.

Consideró “importante la inclusión de indicadores de empleo que midieran la pérdida de empleo relativo en las zonas donde ya se ha comenzado prematuramente el proceso de transición y donde no se ha producido reconversión alguna, como es el caso de las cuencas mineras en España”.

Ribas valoró como “muy positivo” que la ministra se haya pronunciado en contra del reparto y le pidió una reunión del “equipo país”, formado, entre otros, por el Ministerio, las comunidades autónomas afectadas, los municipios mineros y las térmicas de España.

El objetivo pasa por “introducir aquellos indicadores que favorezcan una mayor inversión para nuestro país”, insistió el responsable, que profundizó en la necesidad de solicitar “un mayor porcentaje para la inversión privada, atendiendo a razones de excepcionalidad, que haga más atractiva la inversión en nuestros territorios mineros”.