El Gobierno de Aragón quiere hablar con la vicepresidenta Teresa Ribera del Fondo de Transición

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, está a la espera de ser recibido por la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para tratar sobre el Plan Miner, el Convenio de Transición Justa y las ayudas de la Unión Europea en esta materia.

Aliaga ya ha solicitado la reunión, pero “no tenemos fecha todavía”. “Entiendo que la agenda de la vicepresidenta no debe ser fácil” en un momento en el que está “arrancando” el nuevo Gobierno, apuntó. 

Aliaga ya calificó de “insuficiente” el Fondo Europeo de Transición Justa porque contempla 307,4 millones de euros para España, que se tendrán que repartir entre varias cuencas, del montante total de 7.500 millones.

El vicepresidente remarcó que Aragón ha hecho un “esfuerzo doble” en descarbonización porque ha perdido las centrales de Escucha y Escatrón y ha sustituido esa forma de producción de energía por “renovables”.

“No podemos castigar con la primera transición de las térmicas y la minería y ahora otra vez con esta segunda, yéndose los fondos a países que no están haciendo los deberes”, esgrimió.

El apoyo celtibérico

El Gobierno de Aragón cuenta en sus reivindicaciones con el apoyo del instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, que asegura que Aragón está en disposición de solicitar una transición “más justa”, atendiendo a criterios objetivos de “neutralidad climática, reto demográfico y política de cohesión europea”.  Así se lo ha hecho saber el presidente de la asociación, Francisco Burillo, al propio Aliaga, a través de una carta. 

En la misiva, Burillo destaca que si la propuesta de la Comisión Europea no es generosa con España es porque no se han tenido en cuenta dichos criterios para evaluar la situación de estos territorios, calificados como el mayor desierto demográfico de Europa. En esta zona se encuentra la cuenca minera de Andorra. Con una densidad de población de menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado, la Serranía es además una interregión rural remota y montañosa por la que se debería exigir la aplicación urgente del artículo 174 de Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, apunta el Instituto en dicha carta.  

Serranía Celtibérica argumenta, además, que hay dos estudios en los que el Gobierno aragonés puede apoyar su reivindicación. Uno es el realizado por el consultor internacional de la FAO y miembro de la asociación, Javier García Pérez, bajo el título El coste social del carbono: oportunidades en la Serranía Celtibérica, según el cual este territorio absorbe una media de seis millones de toneladas de CO2, como pulmón del sur de Europa, y debería tener una compensación anual en torno a los 383 millones de euros de media, 76 millones más de los que la Comisión Europea ha propuesto y que ahora deberá debatir con la Eurocámara y con el Consejo de Europa.

Y, otro, el realizado por el profesor de Econometría de la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro de la asociación, Agustín Pablo Álvarez Herranz, que ha calculado el PIB per cápita de Serranía Celtibérica con el resultado de 7.615 euros, lo que sitúa a esta interregión en el lugar más bajo de la zona euro cuya media es de 33.830 euros. 

Serranía Celtibérica también brinda su apoyo a la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Lalla, tras sus recientes manifestaciones expresando su malestar por la escasa asignación a España del Fondo de Transición Justa; así como a la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Por su parte, La eurodiputada de Ciudadanos Susana Solís interpeló a la comisaria para la Cohesión y las Reformas, Elisa Ferreira, en la Comisión de Desarrollo Regional (REGI) del Parlamento Europeo sobre el Fondo de Transición Justa. “Países como España, que han invertido grandes esfuerzos para reducir las emisiones cerrando minas y centrales altamente contaminantes están siendo castigados”, dijo.