El documento aprobado por el Congreso para la vertebración territorial emplaza a construir un “modelo más justo” y “pegado al territorio”

La vertebración territorial ha llegado para quedarse después de más de cuarenta años de hacer la vista gorda a la Constitución de 1978, en la que ya viene recogido ese criterio de cohesión social pero que no se ha aplicado en la democracia y cuya rémora venía de la dictadura por las erróneas políticas desarrollistas aplicadas a mediados del siglo pasado. Así lo ha reconocido el Congreso, donde está representada la sociedad española, cuyos ciudadanos no dejan de sorprenderse continuamente por la crispación política que se vive en esta cámara legislativa, y por la desconexión que muestran muchas veces sus miembros con la realidad a pie de calle. Los dictámenes aprobados para la reconstrucción del país tras la crisis sanitaria del Covid-19 dejan bien claro que las cosas se han estado haciendo mal con la llamada España Vaciada, y que eso debe cambiar para no dejar a nadie atrás.
El documento aprobado por el Congreso, lamentablemente sin el consenso que hubiera sido deseable para equipararlo a los Pactos de la Moncloa, establece que hay que construir un modelo “más justo” que tenga en cuenta el reequilibrio territorial. 
Es la respuesta por fin a años de reivindicaciones ciudadanas desde plataformas que han ido surgiendo en provincias como Teruel, Soria o Guadalajara, y llega ahora después de que en marzo del año pasado estallase la Revuelta de la España Vaciada, que mostró el malestar existente en multitud de territorios. Esa expresión llenó las calles de Madrid de manifestantes el 31 de marzo de 2019, alentados por las plataformas Teruel Existe y Soria Ya!, que acabaron constituyéndose en una coordinadora estatal que integran actualmente más de un centenar de colectivos.
Si bien desde el Gobierno, tanto con el popular Mariano Rajoy como con el socialista Pedro Sánchez, se había manifestado la voluntad de hacer frente a esos desequilibrios y se había empezado a trabajar en el denominado reto demográfico, no ha sido hasta ahora cuando el Congreso de los Diputados, la cámara legislativa, ha hecho un pronunciamiento claro. Y se ha producido en un momento en el que si bien los partidos de gobierno habían aprendido ya la lección recibida por parte de la España Vaciada, ha coincidido con la presencia en las Cortes de la agrupación de electorales Teruel Existe, puesto que era una cuestión recogida en los acuerdos de investidura con el PSOE y resultó ser una de las formaciones a la que más enmiendas se le aceptaron, varias de ellas transaccionadas: 38 de un total de las 48 que presentaron en los cuatro grupos de trabajo.

Trabajos anteriores
Con anterioridad, desde el Senado se había trabajado ya en varias comisiones, aunque ha sido ahora cuando la Cámara baja se ha pronunciado con un documento a raíz de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19. El documento aprobado el mes pasado tras un largo proceso de debate y negociación que por desgracia no culminó en el consenso, fija la hoja de ruta que debe seguir el Gobierno en la planificación de sus políticos para la recuperación económica, y establece una serie de criterios y propuestas para hacer frente a este reto.
Bien es cierto que sobre muchas de esas propuestas se viene hablando desde hace tiempo e incluso los gobiernos del PP y el PSOE han hecho tímidos planteamientos en las políticas que han podido desarrollar en unos años marcados por la inestabilidad política, y que ha provocado que todavía se esté trabajando con los presupuestos del año 2018 prorrogados. Unos presupuestos, hay que recordar, que son los del último Gobierno de Mariano Rajoy, pero que aprobó asumiéndolos el primer Gobierno del socialista Pedro Sánchez. Ahora esos planteamientos deberán materializarse en los próximos Presupuestos Generales del Estado, cuya aprobación no parece que vaya a ser tarea fácil.
En los acuerdos del Congreso para la reconstrucción económica del país, se recoge la perspectiva del equilibrio territorial y la lucha contra la despoblación de forma transversal en varios apartados, aunque hay uno específico en uno de los tres dictámenes aprobados, y luego se pone énfasis en otro porque para impulsar las nuevas políticas que hagan posible ese reequilibrio va a ser necesaria la reorientación de los fondos europeos, que serán clave para la recuperación.
De los tres dictámenes que se aprobaron en el Congreso, ya que el de políticas sociales fue rechazado al no sumar la mayoría suficiente que era necesaria, es en el de Reactivación Económica en el que se presta especial atención con un bloque dedicado a la “Vertebración territorial y reto demográfico”.
El documento definitivo, que tras su aprobación ya es público y al que se puede acceder en la web del Congreso, señala que la pandemia, tanto por su impacto sanitario como por las medidas tomadas para que sus efectos socioeconómicos fuesen los menores posibles, “ha mostrado la necesidad de afrontar de forma decidida los grandes desafíos a los que se enfrenta este país”.
Por un lado el reto demográfico, “cuya expresión más evidente es el envejecimiento de su población en el medio rural, lo que exigía una gran responsabilidad social, para que las personas mayores, especialmente vulnerables ante el virus, tuvieran la mayor seguridad sanitaria y asistencial posible”.
Asimismo, el Congreso reconoce que “la pandemia ha mostrado los efectos que la falta de un modelo territorial vertebrado provoca ante crisis y emergencias: por un lado, en las grandes ciudades, donde la intensidad de la crisis sanitaria ha sido mayor, y donde la nueva normalidad exigirá repensar los sistemas de trabajo, movilidad, residencia”; y por otro, “en los pequeños pueblos, donde la cotidianidad del confinamiento era muy diferente, en relación con la baja densidad, el distanciamiento social, la tipología de viviendas o las redes comunitarias de proximidad, pero que eran vulnerables por el sistema funcional del territorio (servicios básicos, comunicaciones...)”.
Añade que afrontar el reto demográfico implica “redefinir nuestro modelo territorial, minimizando la brecha de densidad poblacional y extendiendo oportunidades a los territorios actualmente más afectados por la despoblación, la baja densidad, o el envejecimiento, a la vez que se reduce la presión sobre los territorios que han concentrado intensamente población y actividades”.
Los dictámenes del Congreso para que sean tenidos en cuenta por el Gobierno consideran que “la reconstrucción es una oportunidad para la reactivación económica de las zonas que se enfrentan a los retos demográficos de la despoblación o el envejecimiento”, además de entender que “es una necesidad para garantizar que estemos más preparados ante futuras crisis o emergencias”.

Reto demográfico
Argumenta el documento que “reconstruir, en las zonas del reto demográfico, supone trabajar para que haya más actividad económica, más población, más servicios y, sobre todo, más oportunidades en las áreas despobladas y envejecidas”.
Además, establece que “es vital que la reconstrucción social y económica no solo no deje atrás a las zonas rurales y/o más despobladas de nuestro país, sino que apueste por revitalizarlas y aprovechar su enorme potencial y diversidad para construir un modelo económico más justo, más pegado al territorio y más resiliente”.
El dictamen argumenta que habrá que tener en cuenta en ese proceso de reconstrucción la diversidad, tanto en la estructura económica específica como en la distribución de competencias, y que también “deberán sincronizarse las acciones a nivel europeo y español con las de las comunidades autónomas y las de los agentes sociales”.
Por último, incide en que deberá incorporarse en las políticas de reactivación que se lleven a cabo la perspectiva de género, puesto que la crisis causada por la pandemia ha puesto una vez más de manifiesto que estos procesos afectan de manera diferentes a mujeres y hombres, recayendo especialmente sobre las primeras; además de haberse “visibilizado una crisis de cuidados, esenciales en una sociedad avanzada o en una sociedad que quiere avanzar”.
El documento pasa a continuación a detallar algunas medidas que tendrán que desarrollarse, empezando por la digitalización de todo el territorio desplegando la banda ancha hasta el último rincón, algo que ya se ha podido ver en la última convocatoria del PEBA, el Plan de Extensión de la Banda Ancha. A ello se suma el impulso a la actividad industrial y turística en las zonas rurales, planes integrales de innovación territorial, y políticas  de movilidad y vivienda.