Inversiones verdes y conectividad, ejes del Plan de Medidas ante el Reto Demográfico

Inversiones verdes y la conectividad son los dos primeros ejes con actuaciones específicas que plantea el Gobierno en su Plan de Medidas ante el Reto Demográfico que acaba de aprobar. La iniciativa se compone de 10 ejes que articulan un total de 130 medidas concretas, de las cuales las 29 primeras están dirigidas a impulsar un cambio radical en las zonas rurales a través de la transición ecológica y digital. Entre las propuestas dentro de estos dos primeros ejes está la ayuda a la rehabilitación de viviendas, medidas dirigidas a lograr la eficiencia energética y la mejora de las explotaciones agrícolas, al igual que la modernización de los regadíos, la gestión forestal y de purines o el impulso de una agricultura sostenible, y junto a ello la plena conectividad digital en los territorios.
La Comisión Delegada para el Reto Demográfico, que integran los distintos ministerios del Gobierno puesto que las acciones se plantean de forma transversal, aprobó a mediados del mes pasado el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico, en el que se detallan las acciones políticas que se van a desarrollar para luchar contra la despoblación y avanzar hacia otro modelo de país que garantice la cohesión territorial y social.
Cuando se aprobaron estas medidas se informó de que las mismas se articulaban a través de diez ejes con un total de 130 políticas activas, que supondrían una inversión de más de 10.000 millones de euros entre los años 2021 y 2023. En aquel momento, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) indicó que el documento con todas las propuestas se estaba terminando de confeccionar y que se haría público en los días siguientes. 
Fueron pasando los días y el documento no se hizo público, por lo que se le reclamó al secretario general del Reto Demográfico, Francisco Boya, en las comparecencias que hizo tanto en el Senado como en el Congreso. En ambas los parlamentarios advirtieron que el documento seguía sin estar colgado y comenzó a circular por las redes sociales uno previo que no era el definitivo, puesto que figuraban 136 medidas. Ahora el Miteco ya ha puesto en su página web el documento definitivo, que ha denominado “Plan de recuperación: 130 medidas frente al reto demográfico”, y en el que se pueden consultar en detalle las políticas de actuación que se proponen.
Las medidas están planteadas de forma abierta, de manera que se indica lo que se pretende hacer pero sin especificar las cuantías exactas que se piensan destinar a cada eje y programa concreto. 
En este sentido se explica que las medidas del Plan se financiarán en buena medida con cargo a fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que “su exacta concreción está sujeta a la aprobación definitiva de los créditos presupuestarios” de dicho plan, así que no está cerrado todavía.
Por otra parte, se aclara que el resto de medidas se imputarán a los presupuestos de gastos de los respectivos departamentos ministeriales en los ejercicios de 2021, 2022 y 2023, “siempre sujeto a la existencia de disponibilidad presupuestaria”, precisa el documento.
Además, se indica la “posibilidad de cofinanciación de diverssas medidas por los Fondos Europeos del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, en concreto dentro del Objetivo Político 5: una Europa más cercana a los ciudadanos, apoyando el desarrollo sostenible e integrado de todo tipo de territorios e iniciativas locales”.

Reequilibrio territorial
El documento precisa medida a medida las políticas que se piensan desarrollar para avanzar hacia un nuevo modelo de reequilibrio territorial, y lo estructura a través de diez ejes de actuación. Los dos primeros que presenta están enfocados a alcanzar una transformación ecológica y digital en estos territorios.
El primero de los ejes, con un total de 22 medidas, está enfocado a impulsar la transición ecológica, que el Gobierno considera “un elemento clave para la revitalización de los pequeños municipios y las zonas rurales”, ya que contribuye a “una mayor calidad de vida de la población, a la generación de oportunidades, a la mejora de la resiliencia, a la protección ambiental”, y además se suma “al cumplimiento de los objetivos globales sobre el cambio climático y la biodiversidad”.
Precisa, no obstante, que en ese proceso la transición ecológica “debe ser justa y beneficiosa para las áreas rurales”, y se marcan para impulsar esa política cinco objetivos, el primero de ellos la promoción de un transición energética “adaptada a las comunidades locales, favoreciendo el desarrollo de iniciativas innovadoras y sostenibles”.
Otro objetivo importante es el impulso de la bieconomía “para una diversificación económica basada en la biodiversidad y la calidad ambiental”, así como una orientación de la protección ambiental “para diseñar comunidades locales más resilientes y sostenibles”.
Por último, se fija como objetivo la “garantía de una Transición Justa en el territorio que contribuya a luchar contra la despoblación, especialmente en los pequeños municipios incluidos en los convenios de transición justa”.
La primera política que plantea el primer eje del plan (en el cuadro de la derecha pueden verse en detalle cada una de las medidas) es la puesta en marcha de un programa de regeneración y reto demográfico consistente en la dotación de ayudas a proyectos públicos y privados en municipios de menos de 5.000 habitantes para fomentar inversiones verdes, la mejora de la eficiencia energética de los edificios e infraestructuras públicas, el autoconsumo y la movilidad sostenible.
Entre los objetivos está impulsar la rehabilitación energética de edificios con ayudas dirigidas a ese fin en municipios de menos de 5.000 habitantes, de igual forma que se impulsarán inversiones directas para la eficiencia energética en instalaciones de las entidades locales.
Junto a ello se apoyarán proyectos singulares promovidos por actores privados, públicos o en colaboración entre ambos, que tengan que ver con iniciativas de comunidades energéticas, movilidad sostenible, rehabilitación y regeneración energética o el despliegue de renovables.
Se plantean igualmente planes de incentivos para los vehículos eléctricos, si bien esta medida parece entroncarse más en la planificación global del Miteco, lo mismo que otro de los ejes que se plantean consistente en integrar en la edificación y en los procesos productivos el desarrollo de las energías renovables innovadoras.
Más específica es la medida dirigida a fomentar las instalaciones de autoconsumo y otras energías renovables en el mundo rural, así como la eficiencia energética en las explotaciones agropecuarias. En este sentido, el programa que implementa esta medida tiene previsto subvencionar toda actuación que consiga, y que se pueda justificar, una reducción del consumo de energía final en un 10%.
Las medidas incluyen planes de saneamiento y depuración para municipios de menos de 5.000 habitantes y para la mejora de redes de abastecimiento en los de menos de 10.000, así como el impulso a la economía circular, la conservación de la biodiversidad y restauración de ecosistemas, al igual que una gestión forestal sostenible. Incorpora asimismo planes de restauración para explotaciones mineras y de infraestructuras en territorios en transición, lo mismo que acciones para la recualificación profesional, y de I+D+i para el almacenamiento de energía.

Competitividad
Dos políticas en las que se extiende el documento son un plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, y otro plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería mediante inversiones que permitan  también la adecuada gestión de los purines y la modernización de equipos, al igual que la aplicación de tecnologías de precisión para estas explotaciones a través de la agricultura 4.0.
Por último, este eje propone incentivos y medidas de discriminación positiva para la rehabilitación de viviendas en las áreas rurales y zonas afectadas por la despoblación, para lo que advierte que deberán zonificarse los territorios para definir los umbrales de densidad y declive demográfico. El objetivo será fomentar la implantación de población joven en estas áreas, así como la recuperación de las viviendas en las zonas rurales.
El segundo eje del plan tiene como objetivo la transición digital y la plena conectividad territorial con independencia del lugar donde se viva. El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, que visitó Teruel hace dos semanas, ya expuso a los agentes económicos de la provincia y a las instituciones las líneas en las que se está trabajando en ese sentido.
Además de que la banda ancha llegue a todo el medio rural, se plantea como objetivo la mejora de la digitalización de los servicios públicos, el impulso de la capacitación digital tanto entre los sectores económicos como entre la población en general, y la promoción de una “conectividad territorial innovadora, que genere oportunidades de actividad y atracción en las zonas rurales”.
Este eje se compone de siete políticas específicas para conseguir sus objetivos, el primero de los cuales es que el 100% de la población y de los territorios tengan una conectividad adecuada en el horizonte del año 2025, tal como explicó hace dos semanas a los empresarios y a las instituciones locales y autonómicas el secretario de Estado de Telecomunicaciones.

Bonos digitales
La segunda medida contemplada en este eje pretende reforzar la conectividad y los equipamientos en los centros públicos esenciales del medio rural, como centros sanitarios y de formación, además de identificar proyectos especiales ligados a la promoción de actividades económicas. Se plantean bonos temporales para micro-pymes en el ámbito rural y bonos digitales para facilitar la educación a través del programa “educa en digital”.
El despliegue de redes y servicios 5G es la tercera política que se plantea en este eje para que las zonas rurales no se queden atrás en el despliegue de esta nueva tecnología que está llegando ahora. El documento compromete incentivos para el despliegue de estas redes fuera de las grandes poblaciones.
La cuarta acción dentro de este ámbito que se propone es la digitilización de la relación con la Administración Tributaria, priorizando el uso de las nuevas tecnologías y agilizando y facilitando la gestión en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias se refiere. El objetivo es mejorar la relación con la Administración en un entorno que está poco familiarizado con estas tecnologías de la información, para reducir la brecha digital existente en el territorio.
Las otras dos políticas que le siguen están dirigidas a la mejora de las competencias digitales en el sistema educativo para reducir la brecha digital, y el desarrollo de un programa de Formación Profesional de capacitación digital modular y flexible orientado a la recualificación y el refuerzo de competencias laborales de los trabajadores.
Por último, se impulsarán propuestas de conectividad territorial innovadora para atender demandas como el transporte colectivo y la economía colaborativa, con el fin de aumentar la oferta de nuevas formas de movilidad sostenible en territorios con baja densidad de población. Esta medida la va a trabajar el Ministerio de Transportes por ser la movilidad una de sus competencias.