Síguenos

7.000 euros

banner click 244 banner 244
F.J.B.

La salvajada dicha con desparpajo y regodeo en una red social ya no va a salir gratis al silvestre que cree que las redes son el monte y el facebook la barra de un bar. 7.000 euros son la medida exacta que existe entre la libertad de expresión y la infamia, entre el   respeto debido y la calumnia lacerante. Esa es la condena a la concejala de Catarroja que se choteó de la muerte de Víctor Barrio y le llamó asesino en un alarde de ignominia que dejó tiritando a más de uno. Por cierto, El Juli se calló como mudo en velatorio cuando el tal Mejide, Risto, le llamó algo parecido en su cara en una de sus entrevistas. Aún anda Julián mirando los focos que iluminan la parte alta del estudio haciéndose el loco. El caso es que 7.000 euros para detener esa barra libre contra el toreo que ha supuesto el acogotamiento y la indefensión de los amantes del toreo a lo largo de todos estos años porque sí, porque al intolerante de turno le venía bien la causa o porque al majarón trastornado le calmaba ese desahogo vejatorio en internet para evitarse pisar el frenopático. Así de sencillo. Pero por fin alguien puso pie en pared. 

Y lo puso la Fundación Toro de Lidia que es quien ha promovido y dirigido la respuesta legal a tamaña infamia. No solo en este caso, que conste. Pronto irán apareciendo sentencias en cascada fruto de su trabajo y de su sentido de la legalidad y la justicia. En los toros, como es su caso, pero también en otros muchos ámbitos que han tomado ejemplo y ya no van a soportar más las bravatas de esos mercenarios del insulto que se amparan para su frustración en el supuesto anonimato de internet, válvula de escape para todos los odios infinitos. ¡A pagar, qué leche! 7.000 euros del ala por insultar, vejar y calumniar en una red social. Ahora vas y lo cascas, que diría José Mota. 

Porque es cierto que hace un par de décadas, el cafre, el lelo o el sátrapa soltaba la más grande en la barra del bar para regocijo de su parroquia y vergüenza ajena del camarero que lo escuchaba. Eso era antes. Ahora las redes sociales ya han universalizado la estupidez y la maldad para hacerla del dominio público con un solo click. Pero el click infame por fin sale caro. 7.000 euros. Habría que decirle a la insultadora condenada que además de pagar debería dimitir de su cargo si guarda un rastro de dignidad en su conciencia. Un cargo público debe ser ejemplar. Y después de hacerlo, dirigirse a la barra de un bar para soltar la más grande contra todo lo que se le antoje. Seguro que la perorata le iba a salir más barata.