Las defensas piden la absolución de tres acusados en la operación Peluca

Los abogados de tres de los nueve acusados que fueron detenidos en marzo de 2016 en Teruel en la denominada Operación Peluca a los que se juzga en la Audiencia Provincial por un presunto delito contra la salud pública pidieron la libre absolución de sus defendidos al considerar, por un lado, que no existe objeto material del delito ya que no les fueron incautadas las grandes cantidades de cocaína con las que supuestamente traficaban, y por otro, que no ha sido probada su participación en los hechos. 

Entre tanto, el Ministerio Fiscal rebajó la petición de pena de prisión de 5 años a 3 años y 6 meses para 3 de los procesados que admitieron su participación en los hechos (J.A.R.M., L.Y.J.P. y J.A.V.O) y a 2 años para otros 2 (Y.P.S.V. y R.R.G.), además de mostrar su arrepentimiento y desvinculación del tráfico de drogas y hallarse en algunos casos en tratamiento de deshabituación. Además, retiró la acusación para F.J.G.P. porque está siendo juzgado por los mismos hechos en otro procedimiento.

Según el Ministerio Fiscal, todos los acusados tienen en común su procedencia dominicana, su dedicación al negocio de la venta de cocaína desde sus domicilios particulares o desde los establecimientos que regentaban en La Zona (D’Tony Peluquería, Latin Bar, Picasso y RDMA) y el mismo modo de obrar, estableciento contacto telefónico con los mismos clientes, consumidores habituales.

La fiscalía recordó asimismo que esta investigación tuvo su origen en otra anterior, la Operación Yaco, y que ambas vienen a sumarse a otras abiertas contra ciudadanos procedentes de la República Dominicana. Por eso, concluyó que “el negocio de la venta de cocaína de mala calidad en la provincia de Teruel está en manos de los dominicanos, mientras que de la buena se encargan los nacionales”.

Añadió que no se incautaron cantidades significativas de droga porque, en la fase final de la investigación, cuando el instructor decidió intervenir, hubo “un soplo, un chivatazo” y los investigados se enteraron de la inminente redada.

En este sentido, sostuvo que Y.P.S.V. pudo avisar al resto al enterarse por su trabajo como recepcionista de hotel de la llegada a la ciudad de refuerzos policiales procedentes de Zaragoza, hecho que negó la acusada.

A pesar de la ausencia de incautación de droga, el Ministerio Fiscal sostuvo ayer, en la segunda y última sesión del juicio en la Audiencia Provincial, que el resto de pruebas en las que se basa la acusación –los testimonios de los consumidores y de los policías que participaron en las investigaciones, seguimientos, vigilancias y registros, así como el contenido de las conversaciones telefónicas objeto de grabación y escucha– son suficientes para inculparles.

Por eso, mantiene la petición de 5 años y 500 euros de multa para 3 acusados. En el caso de J.M.G.D., su abogado pidió la absolución al considerar que no hay pruebas de cargo ni evidencias contra él, dado que ningún testigo reconoció que le hubiera vendido cocaína y no fue incautada ninguna cantidad en el registro de su domicilio. La abogada de R.A.S.L. y L.J.D.T. pidió asimismo la absolución de ambos al considerar que no existe objeto material del delito porque la cocaína jamás fue interceptada y que no se puede condenar a 5 años de cárcel por hipótesis.