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Jueves, 14 de noviembre de 2019
TERUEL

15/1/2018

Los promotores de Puerto Calanda se enfrentan a penas de 3 a 14 años

La Audiencia juzga desde este lunes a seis personas por defraudar 2,6 millones del Reindus
Francisco Javier Millán
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Palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial, donde se celebrará el juicio
Palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial, donde se celebrará el juicio

Los promotores de Puerto Calanda S.L., la empresa que pretendía invertir 42 millones de euros en una fábrica de vegetales precocinados en la localidad bajoaragonesa y que desviaron para fines particulares una ayuda del Reindus de 2,6 millones de euros, se enfrentan a penas que van de los 3 a los 14 años de prisión. La Audiencia Provincial juzgará este lunes a seis personas por presuntos delitos de fraude, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

Es la tercera vez que se señala este juicio después de que las detenciones se produjeran en el otoño de 2014 a raíz de una denuncia del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y de la Agencia Tributaria, en la que se ponía de manifiesto la posible falsedad de facturas presentadas por los beneficiarios de un proyecto empresarial acogido al programa Reindus de reindustrialización, por el cual sus promotores recibieron 2,6 millones de euros que nunca invirtieron en la empresa que iban a montar y que desviaron hacia otros fines.

En total fueron detenidas seis personas en la provincia de Lérida, ya que ni siquiera tenían domicilio social en Calanda y la dirección que habían dado era la del Ayuntamiento de la localidad bajoaragonesa.

Las ayudas, concedidas a las personas jurídicas Puerto Calanda S.L.U. y la Asociación La Fuensalada para la Integración, por importe de 1.600.000 y 1.000.000 de euros respectivamente, les fueron ingresadas en concepto de préstamo a través de una transferencia bancaria de la Dirección General del Tesoro en julio de 2011.

La Fiscalía, en su escrito de acusación, sostiene que una vez que tuvieron el dinero en su poder, comenzó el tránsito por diferentes cuentas corrientes de un entramado de empresas, destinando el dinero a fines totalmente opuestos al fin con el que habían sido concedidos.

El Grupo de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía descubrió que el dinero se había destinado a la adquisición de un chalet unifamiliar en Vilanova de la Barca (Lérida) a través de una empresa que carecía de actividad económica (389.184,75 euros), así como de dos vehículos de alta gama (114.184 euros).

Otra partida, la más voluminosa, de 1.348.980 euros la emplearon para el desarrollo de actividades económicas de tipo agroalimentario, relacionadas con la chatarra y otros ámbitos económicos, en la comarca de Balaguer (Lérida), de la que los investigados eran los únicos beneficiarios y cuyo fin no tenía nada que ver con el objeto por el cual habían recibido la ayuda del Reindus.

Por último, la policía constató que se habían extraído en efectivo otros 273.899,82 euros de las numerosas cuentas del entramado empresarial, además de destinarse 65.603,90 euros a pagos de alquiler de naves industriales en Vallfogona de Balaguer (Lérida).

Acusaciones

La Fiscalía solo ha formulado acusación contra dos de los investigados, el empresario José Luis G.P. y su mujer, Diana S., mientras que el Abogado del Estado amplía la acusación a las otras cuatro personas que también fueron detenidas en su día y para las que pide igualmente penas de prisión, además de la responsabilidad civil por la que deberán devolver los 2,6 millones de euros defraudados de forma solidaria.

El ministerio público acusa a José Luis G. de los delitos de fraude, blanqueo y falsedad documental. Por el primero le pide 5 años de prisión y una multa de 5,2 millones de euros, el doble de la cantidad defraudada. Por blanqueo le pide 6 años de cárcel y otra multa de 5,2 millones de euros, mientras que por el delito de falsedad documental le solicita 3 años y otra multa de 7.200 euros.

En las dos ocasiones anteriores en las que se señaló el juicio,  tuvo que suspenderse al caer enfermo este acusado, en mayo y octubre del año pasado, al parecer debido a la crisis de ansiedad que sufría ante la cercanía de la vista oral.

La otra persona a la que acusa la Fiscalía es la mujer del principal acusado, Diana S. para la que pide las mismas multas por sendos presuntos delitos de fraude de subvenciones y blanqueo de dinero, solicitando por lo primero 2 años de prisión y otros 3 años por lo segundo.

El Abogado del Estado acusa igualmente a estas dos personas, además de las otras cuatro que fueron detenidas en 2014. En este caso, considera que los principales responsables son José Luis G.P., Diana S. y Leonor G.J., para los que pide 3 años de prisión por fraude, otros 3 por blanqueo, un año y medio por falsedad documental y una multa 2.400 euros, y 6 meses por pertenencia a grupo criminal, delito que no ha apreciado la Fiscalía en su acusación.

Para los otros tres, el Abogado del Estado pide tres años de prisión para cada uno, en dos de los casos por fraude (Fermín B.J. y Dolores V.G.), y por blanqueo para Luis G.V.

La vista oral señalada para el este lunes en la Audiencia Provincial está previsto que se prolongue durante dos días.

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