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Martes, 19 de marzo de 2019
TERUEL

18/4/2018

La provincia de Teruel pierde un 21 por ciento de sucursales bancarias y Zaragoza, el 47 por ciento

Estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sobre la reestructuración del sector
Redacción
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La provincia de Teruel ha perdido el 21 por ciento de las sucursales bancarias y la de Zaragoza el 47 por ciento debido a la reestructuración del sector bancario español, que continúa reduciendo esta red, especialmente en los municipios más pequeños desde 2008.

Así lo asegura el análisis realizado por Joaquín Maudos, director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y catedrático de la Universitat de València, que indica que en 2017 operaban en España un total de 27.320 oficinas de entidades de depósito, lo que supone un 40 por ciento menos que en 2008 y advierte de que los colectivos más afectados por el cierre de oficinas son las personas mayores y con menor cultura financiera.

Castilla y León es la comunidad con mayor porcentaje de poblaciones sin oficina bancaria, un problema que afecta al 16 por ciento de sus habitantes, mientras que prácticamente todos los municipios de Murcia y Baleares tienen, al menos, una sucursal, según informa EFE.

Por provincias, la red que más se ha recortado ha sido la de Barcelona, que ha perdido más de la mitad de sus sucursales bancarias (-54  por ciento), al pasar de 5.819 oficinas en 2008 a las 2.676 de 2017, y también ha sido importante el descenso en Girona y Tarragona, ambas con un 49  por ciento menos de oficinas que en 2008.

También han sufrido descensos, además de Teruel y Zaragoza, las tres provincias de la Comunitat Valenciana -Castellón (-52  por ciento), Valencia (-46  por ciento) y Alicante (-45  por ciento); Ourense (-46  por ciento), Cuenca (-17  por ciento), Ciudad Real (-19  por ciento) y Badajoz (-21  por ciento).

El cierre de sucursales ha repercutido especialmente en aquellos municipios pequeños que han perdido todas sus sucursales y, según el análisis, en 2016 se contabilizan 4.114 municipios que no disponían de oficinas bancarias, es decir, el 50,7  por ciento del total de los pueblos de España.

Esta exclusión financiera afectaba a las 1.256.590 personas que residen en esas localidades, lo que supone un 34,2  por ciento más que en el año 2008 y, en conjunto, representan el 2,7  por ciento de la población española, frente al 2  por ciento en el año 2008.

Además de Castilla y León, autonomía más afectada por la exclusión financiera, ésta también es muy acentuada en las provincias de Zamora, Segovia y Ávila, donde más de la quinta parte de sus habitantes tiene que trasladarse fuera de su localidad para acceder a una sucursal bancaria.

En estas últimas tres provincias, se cerraron, respectivamente, el 29  por ciento, el 37  por ciento y el 40  por ciento de sucursales bancarias entre 2008 y 2017.

El análisis señala que más de la mitad de los municipios de España carecen de oficina bancaria y otro 15,8  por ciento dispone de una única entidad de depósito que ofrece servicios a través de sucursales. Se trata de otros 1.281 pueblos en los que residen 1,4 millones de personas, es decir, el 3,1  por ciento de la población.

Las cajas de ahorros o bancos de las antiguas cajas siguen siendo las que más población rescatan de la exclusión financiera, ya que ofrecen sus servicios en el 67  por ciento de estos municipios, mientras que las cooperativas de crédito lo hacen en otro 21  por ciento de las poblaciones.

Solo el 12  por ciento de los municipios que cuentan con oficinas de una única entidad financiera han sido rescatados de la exclusión financiera por un banco, añade el análisis del IVIE.

En este contexto, en el que ha sido necesario cerrar oficinas para asegurar la viabilidad del sector bancario y en el que previsiblemente se seguirán cerrando en los próximos años, el IVIE señala que es importante que tanto las entidades financieras como las administraciones públicas implementen medidas para evitar la exclusión financiera.

En el primer caso, el avance de la banca por internet es la mejor vía, mientras que en el segundo es necesario asegurar que el acceso a la red llegue a toda la geografía española, concluye el análisis. 

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