Las disoluciones matrimoniales registran un notable descenso en la provincia

Un total de 165 parejas decidieron separarse o interrumpir su convivencia a lo largo de 2017 en la provincia de Teruel, lo que supone un descenso cercano al 28% respecto al año anterior, cuando hubo 230. 

De total de disoluciones matrimoniales, 165 fueron divorcios, un 26% menos que en 2016, cuando hubo 223; y tan solo una separación, un 85,7% menos que en 2016, cuando se produjeron 7, según la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios correspondiente a 2017 y difundida recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se analizan los divorcios, que suponen la práctica totalidad de las rupturas, casi el 58% se produjo tras más de 10 años de matrimonio y el 37% después de convivir entre 2 y 9 años. Tan solo hubo 9 casos, el 5,45%, en el que se rompieron antes de los dos años.

En los divorcios de las parejas con hijos la custodia recayó en la madre en 50 casos y en 46 fue compartida, mientras que solo en 3 fue asumida por el padre y en otros 2 se otorgó a familiares u otras instituciones.

La pensión alimenticia se asignó al padre en 59 rupturas y recayó en el padre en 59 de estas, mientras que en 48 casos fue para ambos.

Lo mismo ocurre con la pensión compensatoria que, aunque solo se fijó en 17 de los casos, en 16 de ellos el pago le correspondió al esposo.

Según estos datos, la edad media de quienes se divorciaron era de entre 25 y 44 años para 104 mujeres y 87 hombres; de entre 45 y 64 años para 57 mujeres y 70 hombres; y más 65 para 4 mujeres y 8 hombres.

Y casi todos se produjeron entre cónyuges de nacionalidad española (142 esposos y 140 esposas).

De la estadística también se extrae que, cuando contrajeron matrimonio, la mayoría de los cónyuges eran solteros, en concreto 155 hombres y 144 mujeres. Además, hubo un divorcio en el que la esposa era previamente viuda, mientras que para 9 hombres y 20 mujeres, esta era la segunda vez que rompían el matrimonio.

En cuanto a quienes presentaron la demanda, en 18 casos fue presentada por el esposo, en 42 por la esposa y en 105 por ambos. Del total de divorcios firmados el año pasado, tan solo en 7 había separación previa. 

Por tipo de resolución; 132 se resolvieron por mutuo acuerdo, mientras que 32 fueron contenciosos

Datos nacionales

En el conjunto de España, a lo largo de 2017 un total de 102.341 parejas decidieron separarse e interrumpir su convivencia, una cifra que se mantiene prácticamente estable con un aumento del 1% respecto al año anterior.

De ellas, 97.960 fueron divorcios, un 1,2% más; 4.280 separaciones, que descendieron un 1,7%; y 100 nulidades, con una caída del 14,5%, según los datos del INE.

Las cifras difundidas reflejan que en España 2,2 de cada mil habitantes se separan tras permanecer juntos una media de 16,6 años, con importantes diferencias que van desde los 6,5 años que pasan juntos de media las parejas que se disuelven por nulidad, los 16,4 años de las que se divorcian y los 22,7 años de las que se separan.

Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña son las autonomías en las que en 2017 se produjeron más disoluciones matrimoniales, con una tasa de entre 2,4 y 2,5 por cada mil habitantes, frente al 1,7 que se registró en Castilla y León o el 1,8 de Aragón.

De acuerdo con los datos del INE, en la comunidad aragonesa se registraron el año pasado 2.286 divorcios, una cifra muy superior a las 101 separaciones y al único caso de nulidad del que se tiene constancia.

Juzgados especializados

La presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), María Dolores Lozano, reclamó, una vez más, la creación de juzgados especializados e independientes en la materia, al tiempo que una reforma “civil y procesal” de todo el Derecho de Familia en España, pues “mientras no se arregle habría una justicia de primera y otra de segunda”, dependiendo de la ciudad o municipio en el que viva.

En este sentido, Lozano expuso como principales reclamaciones desde la Asociación y de los abogados de familia “la creación de una jurisdicción de Familia, con una reforma integral de la distribución de los juzgados así como de la forma de abordar los asuntos de familia y menores, con juzgados especializados e independientes y con suficiente dotación de medios”.