La viuda de uno de los guardias civiles asesinados por Igor el Ruso insiste en esclarecer si hubo omisión de la Policía Nacional

La acusación particular que conforman la viuda e hija de Víctor Romero, uno de los agentes asesinados por Norbert Feher el 14 de diciembre de 2017, insiste en esclarecer si los guardias civiles caídos conocían que los Carabinieri italianos y Policía Nacional habían estado buscando a Igor el Ruso por Málaga una semana antes de que éste perpetrara también el intento de homicidio contra Manuel Marcuello y Manuel Andreu en Albalate del Arzobispo nueve días antes. 

El Juzgado de Instrucción número 2 de Alcañiz insta a esperar a que resuelva la Audiencia Provincial de Teruel en un auto contra el que el abogado de la viuda de Romero, Jorge Piedrafita, ha interpuesto recurso de reforma para que se practique una prueba que esclarezca si hubo una “acción dolosa o negligente por parte de los efectivos y mandos policiales que tenían conocimiento del perfil y dinámica criminal altamente peligrosa del investigado Feher y que no fue transmitida al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, o si se produjeron errores de transmisión “que deben ser examinados” por ser “un elemento objetivo de la responsabilidad penal”. 

Piedrafita recuerda que su línea es “totalmente distinta”, aunque sin renunciar a ninguno de los argumentos de la vía –a la que la viuda de Romero se ha adherido- que han seguido los padres y hermanos de Romero, y las familias y viudas de los otros dos asesinado - el agente Víctor Jesús Caballero y el ganadero José Luis Iranzo-, que han buscado sin éxito en el proceso penal la responsabilidad civil subsidiaria del Estado en base a “dirimir y depurar” la “falta de medios y el operativo previo de la Guardia Civil en la búsqueda del investigado” desde el tiroteo de Albalate, donde se puso de manifiesto la peligrosidad del sujeto aunque no se supo su identidad hasta el momento de su detención. 

La línea que acaba de tumbar la Audiencia Provincial de Teruel tras ratificar el auto de 10 de julio de 2018 del Juzgado de Alcañiz, explica Piedrafita, “se basa en el tipo penal de responsabilidad por el fallecimiento por delito contra la salud de los trabajadores en análisis de los medios y del operativo”, frente a la segunda que, sin ser incompatible, no es dependiente porque “se centra en la acción u omisión de los miembros de la UDYCO del Cuerpo Nacional de Policía que dependen del Ministerio del Interior, así como de cualquier otro efectivo o mando policial” que supiera  que entre el 23 y el 30 de noviembre se había estado buscando por segunda vez –la primera fue en septiembre- a Feher por Málaga. 

“Tenían la información objetiva criminal sobre Feher, con los datos suficientes sobre su peligrosidad (perfil y dinámica de actuación criminal) y por ello establecieron las vigilancias oportunas”. La “incógnita”, apunta el abogado, es “si optaron de forma voluntaria por no compartir esa información con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o bien se transmitió esta información y en ese proceso se produjo el fallo en la cadena de transmisión”, ya que “es notorio y evidente que los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos no disponían de esta información y ello tuvo una relación causa efecto directa al implicar que fueran emboscados por el investigado sin ninguna opción a defenderse y poder sobrevivir”. 

“Ambos agentes no tuvieron ninguna opción de evitar la emboscada por parte del investigado por no disponer de toda la información existente y, en consecuencia, haber podido salvar su vida”. De haber dispuesto de esa información, intuye Piedrafita, “es evidente que hubieran podido actuar de otra manera: no haber sido cogidos por sorpresa desde la oscuridad, no aproximarse solos a la luz desconocida (del coche de Iranzo que Feher acababa de robarle tras asesinarle), no entrando solos en una zona de visibilidad nula, realizando un cerco al perímetro a dicha zona donde se encontraba la luz sospechosa con más agentes, entre otras acciones que hubieran evitado” encontrarse “en una situación de inferioridad con especial vulnerabilidad que finalizó con su fallecimiento”. 

Las pruebas rechazadas

De esta forma, esta es la única vía en este momento que puede determinar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado tras el carpetazo a la investigación del operativo policial que supone el auto de la Audiencia Provincial. Si falla, la única forma en que las familias podrán dirimir responsabilidades será con un contencioso administrativo que se prolongará en el tiempo, por lo que las partes entienden que se diluirá el espíritu de reparación. 

En su auto, del pasado 28 de noviembre, la Audiencia rechaza  que la Oficina de Prevención de la Comandancia de la Guardia Civil informe sobre los equipos de protección individual dados a Caballero, las instrucciones que recibió para la búsqueda y detención del responsable de los dos asesinatos frustrados en Albalate y tras los disparos a Iranzo, o si existió comunicación al centro de Servicio en situaciones de extrema gravedad.

También rechaza la Audiencia que se requiera al exdelegado del Gobierno en Aragón y exsubdelegado en Teruel, Gustavo Alcalde y José María Valero, y al teniente coronel de la Comandancia de Teruel, José Rafael Soler, para que aporten las actuaciones solicitadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y Ministerio del Interior tras los disparos de Albalate; que informen sobre los medios dispuestos para la búsqueda y localización de las personas responsables de los dos homicidios frustrados; y los medios para la localización de los autores de los robos en 15 masicos.  

Por último, se opone también a que Delegación y Subdelegación del Gobierno remitan documentación sobre el operativo de búsqueda hasta el momento de la detención de Feher, protocolo a seguir, órdenes dadas, personas responsable, efectivos, equipos, apoyos y estados de las comunicaciones; sobre los chalecos antibalas, comunicación mantenida con Luigi Scrima –posible colaborador de Feher residente en la provincia de Valencia a quien la policía local de Manises ya localizó en julio de 2017-, gestiones para proteger a la población tras el suceso de Albalate y los delitos en masicos, y los medios desplegados tras el tiroteo a Iranzo.

Todo ello ha sido denegado porque, según argumenta la Audiencia, “lo que se enjuicia en este procedimiento” es, “exclusivamente”, las tres muertes. “Aún cuando hubiera podido existir una falta de suministro de medios de seguridad a los agentes, es patente que la relación de causalidad entre este hecho y el resultado final se había visto rota por la intervención dolosa del presunto culpable”, concluye la Audiencia, que no encuentra acomodo en el Código Penal para la petición de la responsabilidad civil subsidiaria por esta vía.