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El Gobierno de Aragón agiliza la tramitación de una planta fotovoltaica en Muniesa con 25 millones de inversión El Gobierno de Aragón agiliza la tramitación de una planta fotovoltaica en Muniesa con 25 millones de inversión
Planta fotovoltaica, en una foto de archivo. EFE

El Gobierno de Aragón agiliza la tramitación de una planta fotovoltaica en Muniesa con 25 millones de inversión

El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de Inversión de Interés Autonómico de este proyecto solar que generará 160 empleos durante su construcción
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La localidad turolense de Muniesa contará con una planta fotovoltaica de 41,80 MW. El Consejo de Gobierno ha aprobado declarar Inversión de Interés Autonómico este proyecto ubicado en la comarca de las Cuencas Mineras que supondrá una inversión aproximada de 25 millones de euros. En cuanto al empleo, está prevista la creación de 160 puestos de trabajo durante la construcción de la planta -con picos de 250 empleos- y cuatro puestos de media –que podrán llegar hasta diez- durante la fase de explotación. Desde el punto de vista medioambiental, esta planta evitará la emisión a la atmosfera de unas 27.760 toneladas de CO2 al año.

Además de los beneficios medioambientales que conlleva la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, este proyecto fotovoltaico tendrá un impacto positivo para el desarrollo económico del municipio de Muniesa, que tiene una superficie de 129,8 km² y una población total de 630 habitantes, así como de otras localidades próximas. La creación de empleo ayudará a fijar población en las zonas rurales y en especial, en las zonas de la minería del carbón y su entorno, creando actividades alternativas en estas localidades e incentivando su desarrollo.

El proyecto está impulsado por el grupo empresarial Ignis que, junto al grupo Cobra, está desarrollando en la actualidad 18 plantas fotovoltaicas en los términos municipales de Escatrón, Chiprana y Samper de Calanda, por un total de 850 MWp, declaradas todas ellas inversiones de interés autonómico por el Gobierno de Aragón.

Aragón se ha convertido en referente en materia de energías renovables gracias a la aprobación, en agosto de 2016, del Decreto que permitió desbloquear los proyectos paralizados desde hacía un lustro por los conflictos judiciales generados por la anterior normativa, y de los nuevos criterios interpretativos para conceder la declaración de interés autonómico a este tipo de inversiones, aprobados en febrero de 2017. Estos criterios benefician particularmente a las zonas mineras y a aquellos proyectos adjudicados en subastas estatales que tramita la Comunidad Autónoma, es decir, aquellos con una potencia inferior a los 50 MW.

Proyectos en las comarcas mineras

Desde la aprobación de los nuevos criterios interpretativos para conceder esta declaración a los proyectos de energías renovables, el Gobierno de Aragón ha declarado Inversiones de Interés Autonómico 12 parques eólicos -con una potencia de 372 MW- ubicados en las Cuencas Mineras y dos plantas fotovoltaicas situadas en esta zona de Teruel: el proyecto en Muniesa declarado inversión de Interés Autonómico este martes y una planta fotovoltaica de 49,5 MW en Cuevas de Almudén. En total, han recibido esta declaración 76 parques eólicos (más de 2.500 MW) en todo Aragón y 32 plantas fotovoltaicas (1.400 MWp).

El nuevo Decreto-ley 4/2019, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón refrenda esa priorización de los proyectos de inversión que se desarrollen en las comarcas y municipios mineros aragoneses. En él se recoge la manifestación expresa para que el Gobierno de Aragón valore su especial relevancia para el desarrollo económico, social y territorial, y pueda agilizar los trámites facilitando y evitando redundancias en la declaración de Inversión de Interés Autonómico y la declaración de Interés General, ligada a los trámites urbanísticos.

La declaración de Inversión de Interés Autonómico conlleva que todos los trámites administrativos vinculados a la autorización y ejecución de los proyectos tendrán un impulso preferente y urgente por parte de las Administraciones Públicas aragonesas, reduciéndose a la mitad los plazos ordinarios de trámite en los procedimientos administrativos previstos en la normativa aragonesa.