El caso de los tuits de odio por el triple crimen de Andorra, remitido al Juzgado de lo Penal para que se señale el juicio

El caso de los tuits de odio por el triple crimen de Andorra ha sido remitido ya al Juzgado de lo Penal de Teruel para que señale la fecha de celebración del juicio oral, tras una instrucción que ha sido rápida pero que se ha dilatado en el tiempo por los sucesivos recursos presentados por los investigados. El último de ellos, contra la fianza de 145.334 euros fijada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel para garantizar el pago de las posibles indemnizaciones por parte de los acusados, no ha sido admitido por la Audiencia Provincial, que lo considera improcedente.

Ya solo queda pendiente que el Juzgado de lo Penal de Teruel señale fecha para la celebración de la vista oral por el caso de los tuits de odio contra los agentes de la Guardia Civil asesinados en diciembre de 2017 en Andorra, y que sentará en el banquillo de los acusados a cuatro personas que hicieron diversos comentarios en las redes sociales alegrándose de su muerte.

El juez instructor, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, dictó auto de procedimiento abreviado hace un año, pero el asunto se ha ido alargando debido a los sucesivos recursos presentados por las defensas de los acusados.

El último de estos recursos, contra la fianza impuesta por el juez instructor, no ha sido admitido a trámite por la Audiencia Provincial después de que el juez lo desestimara. El recurso pretendía que se redujera la cuantía de la fianza establecida por considerarla excesiva.

La Audiencia, en un auto con fecha del pasado 3 de mayo, considera de entrada que el Juzgado de Instrucción no debería haber admitido ya en su día a trámite el recurso de apelación sino rechazarlo porque era improcedente.

En este sentido, la Audiencia declara inadmisible el recurso por razones procesales y condena a los apelantes al pago de las costas causadas, por entender que el mismo se introdujo “indebidamente”, ya que no iba contra la providencia de la fianza, “sino frente al auto de apertura del juicio oral, pues lo que pide es que se deje sin efecto la fianza acordada en dicho auto de 25 de enero de 2019” presentado por una de las partes acusadas. Un recurso que, además, el tribunal considera que “en todo caso, está fuera de plazo”.

Este era el último recurso que quedaba pendiente de resolver y ahora todo está ya a la espera de que el Juzgado de lo Penal de Teruel señale la fecha del juicio oral, después de que el juez instructor remitiese las actuaciones el mes pasado a dicha sala para proceder al enjuiciamiento de los cuatro acusados por presuntos delitos de odio, al haber vertido en las redes sociales mensajes alegrándose de la muerte de dos guardias civiles tras producirse el triple crimen de Andorra.

El abogado Jorge Piedrafita, que representa en esta causa a la Asociación Española de Guardias Civiles en representación de la viuda e hija del agente Víctor Romero, una de las víctimas, manifestó ayer su satisfacción con la resolución de la Audiencia, que aseguró “recoge los argumentos esgrimidos por esta acusación señalando que no era posible la modificación de la fianza que debe garantizar el pago de las multas y resarcimiento a las  víctimas ante unos delitos graves y cuya elevación se ha dilatado por parte de los numerosos recursos de las defensas y ya finalmente podrá ser remitida la causa al Juzgado Penal de Teruel para el inicio del juicio oral”. 

El letrado de la acusación particular reiteró que a la espera de que se celebre el juicio “seguirá trabajando para conseguir la máxima condena por estos hechos, en salvaguarda de los derechos de la familia de dos agentes de la guardia civil ejemplares que fallecieron en acto de servicio para proteger a los ciudadanos de un peligroso asesino”.

Los cuatro serán juzgados por presuntos delitos contra la integridad moral, contra las instituciones del Estado, delito de odio, y delito de injurias graves a funcionario público perteneciente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los artículos 208 y 504 del Código Penal.

Las acusaciones particulares, en representación de los familiares de las víctimas, solicitan para los cuatro acusados penas de 4 años de prisión, así como distintas indemnizaciones y multas, con la excepción de una de las partes, que pide 6 años de prisión para dos de los encausados.

El ministerio público acusa a solo tres de ellos por los delitos contra la integridad moral y contra las instituciones del Estado, y pide en un caso 6 meses de prisión, en otro 10 meses y para el tercer encausado 12 meses, así como diferentes multas que van de los 4.320 a los 6.480 euros y el pago de una indemnización a cada una de las familias de los fallecidos de 10.000 euros por los daños morales.

Las personas que se sentarán en el banquillo de los acusados residen en las provincias de Zaragoza y Barcelona, además de Canarias. En este último caso, la acusada es reincidente ya que después de declarar volvió a colgar mensajes de odio en las redes sociales.