No estoy acostumbrada a escuchar comentarios despectivos acerca de mi discapacidad, la inmensa mayoría de las personas con las que he cruzado alguna vez unas palabras han sido respetuosas y empáticas. Pero alguna vez sí he tenido que soportar contestaciones fuera de tono cuando he exigido que se cumplan mis derechos.
Hay quien no comprende que la Convención de las Naciones Unidas de 2006, ratificada por España en 2008, forma parte plenamente del ordenamiento jurídico español. Gracias a ella, mis derechos de igualdad e inclusión fueron elevados a fundamentales, por lo que todos tenemos obligación de respetarlos y de hacerlos valer.
Es por eso que me duele tanto, y dicho sea de paso también me cabrea, que de vez en cuando alguien me diga que solo pretendemos tener privilegios, que todo es cuestión de criterios y que la discriminación positiva no promueve la igualdad. Debo recordar aquí también que no es justo el Estado que trata a todo el mundo por igual, sino que lo obligatorio es promover la desaparición de las desigualdades para que todos accedamos a las mismas oportunidades.
Desde el momento en que no podemos acceder a algunos espacios, no podemos vivir con independencia, no podemos conseguir un empleo o no podemos estudiar en las mismas condiciones que los demás, las reivindicaciones sociales se convierten en algo personal. Y esa es la causa de que siempre parezcamos abanderados de una batalla sin tregua.
Es necesario que tengamos conciencia de nuestra responsabilidad como sociedad. Si a pie de calle no comprendemos la importancia de conseguir el objetivo de la plena inclusión, las personas con diversidad funcional lo vamos a tener muy difícil. Así que, de nuevo, les pido que no aparquen en zonas reservadas, que no me ayuden a salvar barreras sino que exijan que se eliminen, que adapten sus locales comerciales y sus viviendas, y en definitiva que me ayuden a vivir con libertad.