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Las infraestructuras pendientes para atraer empresas a Andorra, sin hacer a un año del cierre de la térmica Las infraestructuras pendientes para atraer empresas a Andorra, sin hacer a un año del cierre de la térmica
Movilización en Andorra por el futuro de la zona, en enero. Javier Escriche

Las infraestructuras pendientes para atraer empresas a Andorra, sin hacer a un año del cierre de la térmica

Desde el anuncio de Endesa han caído más de 12 negocios en Andorra y decenas de personas han perdido su empleo
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El Gobierno de España no firmará el Contrato de Transición Justa con la cuenca minera turolense a principios de verano, como anunció la ministra Teresa Ribera en enero durante su visita a Andorra, sino que en el mejor de los casos se demorará al menos dos meses. Hasta que no esté plenamente formalizado el nuevo Ejecutivo central, el Ministerio para la Transición Ecológica en funciones, con buenas voluntades pero pocas realidades, tiene “las manos atadas”. Entre tanto, hasta hoy, cuando queda justo un año para el cierre inexorable de la central térmica de Andorra, decenas de personas han perdido su empleo y han cerrado la persiana más de una docena de comercios y bares de la cabecera comarcal.

“Me siento fracasado porque después de infinidad de reuniones no hemos conseguido nada”, explicó el presidente de la Asociación Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, Roberto Miguel, que regenta una tienda de muebles. “Estoy dedicándome a las mudanzas y sacando a gente de Andorra todas las semanas”, sentenció. 

La Elevación de Aguas del Ebro, la extensión de la línea ferroviaria de Endesa a los polígonos industriales de Andorra, el impulso a la A-68, el acondicionamiento de la pista minera de Ariño, mejores telecomunicaciones, un centro de investigación líder en energías renovables, programas de formación y empleo y, sobre todo, la llegada de empresas, en especial proyectos de calado como la fabricación de componentes para parques renovables y movilidad eléctrica. Todas estas ideas han sido repetidas por los agentes sociales y económicos del territorio cada vez que han tenido ocasión de reunirse con el Ministerio, el Gobierno de Aragón y Endesa.

El resultado ha sido hasta ahora poco satisfactorio para los intereses de Andorra, epicentro de la crisis del sector minero-eléctrico para el que apenas se ha anunciado una empresa de fabricación de fideos chinos que creará media docena de empleos, según figura en la última resolución de la Mesa de la Minería de Aragón de ayudas Miner para proyectos empresariales. Quienes están a punto de perder su trabajo en la central valoran los proyectos de energías renovables y las empresas que se van a constituir y ampliar hasta crear tres centenares de empleos –en el escenario más optimista– en municipios aledaños, pero coinciden en que no es suficiente.

De las minas sobraron unas 200 personas en su día, aunque la mayoría se han recolocado en la restauración minera, en las arcillas y otras esperan hacerlo pronto en los dos proyectos estrella que está construyendo Samca, el actor económico más comprometido hasta ahora en la propuesta de alternativas: la planta de fertilizantes de Ariño y la industria cerámica de Alcorisa.

Sin embargo, el goteo de despidos en la térmica empieza a ser alarmante. Hoy domingo está previsto que la central arranque con un grupo, pero ha estado parada cuatro meses. Tres centenares de empleados de contratas están en vilo, a los que hay que sumar los 153 de plantilla de Endesa que, aunque serán recolocados, temen que la distancia sea demasiado larga como para no volver a Andorra más que para tocar el tambor en Semana Santa y cenar en Nochebuena.

“La gran estafa”

“Estamos sufriendo la gran estafa del cierre del carbón y de la transición justa. Si se hubiera hecho poco a poco, durante varios años, habríamos tenido tiempo de reacción, pero al quitarlo tan urgente se está marchando un montón de gente”, destacó el portavoz de la Plataforma de trabajadores de las subcontratas y por el futuro de Andorra y comarca, José Alberto López.

El trabajador de Maessa calculó en casi un centenar la cantidad de personas que han perdido su empleo en los últimos meses. Al goteo de Maessa, contrata de mantenimiento industrial de la térmica, se suman los chóferes del carbón y la caliza, más la decena de operarios que recibían el mineral de importación y la sección de cenizas. Pese a los esfuerzos de Samca, no todos los que trabajaban en la mina de Ariño tienen un trabajo en la actualidad, pues el coste para algunos era trasladarse a Burgos.

“Teníamos mucha confianza en que antes de las elecciones viniera a Andorra alguna empresa de las anunciadas por Lambán, pero son a cuenta gotas y en otros municipios. Además, hasta que se instala una empresa hacen falta papeleos, permisos, y luego hay que construir; demasiado tiempo para la gente que no va a poder aguantar y otros que ya están saliendo y que no sabemos si volverán”, lamentó.

 

12 empresas menos

Desde que Endesa anunció en noviembre de 2018 el cierre de la central para el 30 de junio de 2020, han sido “más de una docena” los pequeños comercios y bares que han cerrado en Andorra, algo “muy decepcionante”, para Miguel tras haber representado en los últimos  años los intereses de los empresarios. 

“No puedo estar satisfecho de los resultados porque sólo hemos conseguido declaraciones de buenas intenciones. Pero mis amigos se van y si no fuera por el grupo Luengo, que está demostrando que tiene apego por el territorio, siente Teruel como parte suya y la defiende, la situación sería mucho más catastrófica”.

“A mis manos no ha llegado ni un solo proyecto con solvencia, sólo encantadores de serpientes” que en río revuelto “ven la oportunidad de pegar un buen pelotazo”, concluyó el presidente de los empresarios, que lamentó que el país “quede parado seis meses cada cuatro años por unas elecciones”.

 

Lenta prioridad

Una parálisis que confirmaron esta semana fuentes ministeriales al admitir que el Contrato para la Transición Justa no lo firmará el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, sino el que se constituya de pleno derecho cuando arraiguen unas negociaciones que, por el momento, no van encaminadas a investir al líder socialista en julio e incluso sobrevuela la amenaza de nuevas elecciones. 

El documento, que recogerá todas las aportaciones realizadas por los agentes territoriales y por el Gobierno de Aragón, es “una de las prioridades de la agenda de la ministra”, que lo seguirá siendo en caso de que el PSOE siga al frente, señalaron las mismas fuentes. “Se está creando la arquitectura de ese convenio”, pero no se firmará “porque, en funciones, no puedes legislar ni comprometerte”, aunque se dejará preparado.

La consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón en funciones, Marta Gastón, ha pedido al ministerio que el convenio recoja “compromisos presupuestarios y plazos, más allá de las buenas palabras hasta ahora formuladas”, para cuestiones determinantes como la Elevación, la A-68, el cargadero o la banda ancha “para favorecer que iniciativas empresariales cuajen en la zona”.

Todas estas prioridades, explicó Gastón, están consensuadas con los agentes del territorio mediante reuniones y a través de las “múltiples comparecencias llevadas a cabo en la Comisión especial” de las Cortes de Aragón “para analizar los criterios que deben regir la transición energética en la Comunidad Autónoma”.

Se escuchó a los alcaldes mineros, las organizaciones sindicales y empresariales, la Cámara de Comercio, representantes del comité de Endesa y de las subcontratas, la Asociación Empresarial de Andorra y a la Comunidad de Regales del Guadalope, además de la Universidad de Zaragoza, la Plataforma Europea de Regiones del Carbón y otras instituciones valiosas para este fin.

Sin embargo, “estamos peor que al principio”, manifestó el delegado de CCOO en la térmica Antonio Planas, porque “la gente se está yendo”.

“La situación es cada día más complicada porque no hay alternativas suficientes”, dijo el secretario general de UGT en Teruel, Alejo Galve. “De las propuestas que hicimos los agentes sociales no hemos visto ni sabemos absolutamente nada”, observó. 

Esta semana, el comisario europeo Arias Cañete ha hablado por primera vez de la posibilidad de crear un fondo comunitario para la transición justa de regiones afectadas por el cierre del carbón y de la industria automovilística contaminante. Sin embargo, hasta 2021 no empezarían a llegar fondos. 

“Nos hemos dejado la salud y nos tratan como números”

José Luis Amador tiene 44 años, mujer y dos hijos. Hace dos semanas dejó de trabajar para Maessa tras recibir una carta de despido en la que, asegura, “no me dieron ninguna explicación”.

“Me he dejado la salud en esta central, porque estoy fastidiado de los dos brazos y operado de uno. Hacía una semana que estaba diciendo que quería ir a la mutua a que me miraran y ni siquiera me dejaron ir. Me dieron la carta y estoy de baja por la Seguridad Social”, lamenta.

“Nos tratan como números cuando allí hemos trabajado Nocheviejas, Nochebuenas, Navidades, 14 horas seguidas, como animales, para que ellos se llenaran el bolsillo. Y cuando no les interesamos, no valoran nada y nos echan como perros”, denuncia. 

A Amador le duele especialmente que la carta de despido llegara apenas unos días después de que los compañeros de Maessa se pusieran de acuerdo para coger vacaciones voluntarias y desplazarse temporalmente a otros centros de trabajo cuando las cosas se pusieron feas en la central como consecuencia del parón que ha registrado durante cuatro meses.

“Sabemos que la central va a cerrar y en un año todos vamos a ir a la calle, pero nos duelen las formas. Nos tratan como números y algunos llevan trabajando aquí desde los 16 años”, insiste. 

En su caso, “he entrado y salido muchas veces” de la planta, aunque en los últimos tres años ha trabajado de forma continua.

Ahora no sabe qué hacer porque “no sé qué me pasa en los brazos. Me he reventado y tengo claro que ha sido en la central”.

Su mujer tiene un negocio en el pueblo, pero “la gente que tiene cuatro duros ahorrados no se los quiere gastar porque hay miedo. El que tiene poco, lo guarda por si acaso, y el que se va fuera ya no vuelve”, señala.

Quien no volverá será Javier Muñiz, que ha pasado los últimos nueve años –un tercio de su vida– en la térmica como trabajador de Endesa. Su formación de ingeniero y algún máster añadido le han ayudado a colocarse en la sede de la eléctrica en Madrid. Es uno de los 12 que la empresa reubicará antes de que acabe el año.

No obstante, reconoce que su caso es excepcional porque “había pedido marchar antes” del anuncio de cierre. “Teniendo en cuenta el futuro que había aquí me interesaba marchar”, pero no deja de darle “pena salir porque son nueve años de mi vida”, una etapa de la que deja grandes amistades.