La España Vaciada propone una Responsabilidad Social Corporativa Territorial para que las grandes empresas inviertan en zonas despobladas
La sugerencia se incluye en el texto para el Pacto de EstadoEl documento que ha elaborado la España Vaciada como base para la firma de un gran Pacto de Estado contra la despoblación introduce entre sus propuestas algunas iniciativas novedosas como que las grandes empresas se involucren también para combatir este fenómeno. Plantea para ello introducir el concepto de Responsabilidad Social Corporativa Territorial, de manera que las firmas públicas o privadas que inviertan en las zonas escasamente pobladas se puedan beneficiar después en las contrataciones públicas como un criterio a valorar en los pliegos de condiciones.
No es la única novedad que incorpora el documento presentado la semana pasada y que servirá de referente para la próxima movilización de la España Vaciada, un paro ciudadano silencioso de cinco minutos el próximo 4 de octubre a las doce del mediodía, con el que llamar la atención sobre esta problemática y urgir a la adopción de medidas contundentes, como ya se reivindicó en la manifestación del pasado 31 de marzo en Madrid en la que se pidió un Pacto de Estado.
En el documento, además de fijar el modelo de financiación de las medidas que deberían aplicarse para revertir la situación de la España Vaciada -unos 10.000 millones de euros anuales a lo largo de los próximos treinta años-, la coordinadora estatal establece aquellas actuaciones que sería necesario llevar a cabo.
Mientras que algunas propuestas hace tiempo que se vienen demandando y así se han recogido en multitud de documentos, e incluso las ha plasmado el Gobierno en funciones en sus directrices para la Estrategia estatal frente al reto demográfico y su programa, otras son novedosas y plantean que la implicación sea no solo pública sino también privada, favoreciendo en los contratos públicos a aquellas grandes empresas que se involucren activamente en la reversión del problema de la despoblación.
En este sentido, el documento plantea introducir en España el concepto de Responsabilidad Territorial en la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), de manera que las empresas que lo hagan puedan beneficiarse después de ventajas del Estado como la valoración en los pliegos de contratación de obras públicas.
La Responsabilidad Social Corporativa es un concepto que se refiere a la contribución activa, y de manera voluntaria, de las empresas que optan por esta vía para conseguir una mejora social, económica o medioambiental. Las empresas que asumen esa responsabilidad se benefician por ello en términos de competitividad, imagen y valoración de los consumidores como un valor añadido.
Lo que propone la España Vaciada es que se introduzca en las líneas de actuación de la Responsabilidad Social Corporativa de grandes empresas, tanto públicas como privadas, la inversión en las zonas escasamente pobladas, “como un elemento impulsor de un desarrollo inteligente, sostenible e integrador”.
La coordinadora estatal como autora de este documento que debe servir de referencia para el Pacto de Estado contra la despoblación señala que “entre las diferentes medidas que se pueden realizar dentro de esta línea, un ejemplo es la incorporación de la Responsabilidad Social Corporativa Territorial como criterio diferenciador a valorar en los pliegos de condiciones de contratación pública”.
Sería una manera de atraer a las grandes empresas hacia los territorios despoblados para que pudieran hacer allí sus inversiones en lugar de otros sitios, a cambio de poder beneficiarse después gracias a esa Responsabilidad Social Corporativa asumida para colaborar en hacer frente al reto demográfico.
Equidistribuir beneficios
Esta es una de las medidas novedosas que plantea la España Vaciada, al igual que la equidistribución de beneficios y cargas. Con este concepto lo que se pretende es extender el principio de la equidistribución de beneficios y cargas recogido en la legislación urbanística a lo que es el ámbito territorial estatal.
Según este documento, lo que se buscaría con este principio aplicado al reequilibrio territorial es que “se valore, y se compense económicamente, lo que la España vaciada, que soporta las cargas, aporta a la España superpoblada, que obtiene el beneficio”.
El ejemplo que pone es la compensación de la captación de CO2 que se produce en la España Vaciada, y de lo que se benefician las grandes ciudades como principales responsables de la contaminación medioambiental.
La necesidad de esta compensación ya había sido anteriormente apuntada por diferentes colectivos, y lo que propone la España Vaciada es que se aplique a esa hipotética equidistribución de beneficios y cargas de ámbito territorial.
Según este planteamiento, la mayor absorción del exceso de emisiones de CO2 a la atmósfera tiene lugar en las zonas rurales más despobladas, mientras que contaminan las ciudades más pobladas. La coordinadora estatal indica que “consecuentemente, se deberían buscar fórmulas que compensen esa aportación y reviertan en positivo en estas zonas”.
Estas propuestas vienen recogidas en uno de los cinco grandes ejes de actuación para combatir la despoblación que propone la España Vaciada, el impulso a la actividad económica, además de reformular las actuales políticas de equilibrio y cohesión territorial del país, la priorización de las infraestructuras pendientes y de las telecomunicaciones, la mejora de los servicios a la población y la vivienda, y el empoderamiento del medio rural.
El documento señala que sin actividades económicas diversificadas en el medio rural que generen valor añadido y empleo de calidad, y sin una política económica que reconozca la particularidad de estos territorios, será difícil atraer población y fijar la existente. Motivo por el cual proponen estas medidas para modernizar y diversificar la actividad económica de los territorios escasamente poblados, junto a otras que vienen planteándose también desde hace tiempo como un trato fiscal diferenciador, además de la reducción de las cargas administrativas en el medio rural.
En este último caso plantean reducir las cargas administrativas para la puesta en marcha de iniciativas económicas y empresariales, además de evitar las trabas que se ponen en los trámites, mientras que en materia de política impositiva, Seguridad Social y contratación se plantean básicamente seis medidas: deducciones en los impuestos de actividades profesionales y empresariales, fórmulas de exención general de las tasas de precios públicos, incentivos a la contratación con bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, la reducción del IRPF, el fomento del autoempleo, y la rebaja de la fiscalidad en materia catastral.
La repercusión de esa fiscalidad ha de ser por lo menos similar, según la España Vaciada, a aquellas regiones que se rigen por el Estatuto de Región Ultraperiférica como es el caso de Canarias, muchísimo mejor comunicada con Madrid y con cualquier parte, por ejemplo, que Teruel.
Incentivos para modernizar la economía, financiación del sistema bancario, reforma del sector agrario, capacitación profesional adecuada al territorio y economía social son otras propuestas dentro de este ámbito.
