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Viernes, 20 de septiembre de 2019
BAJO ARAGÓN

12/9/2019

Las empresas de Fraga, Andorra, Utrillas y Mequinenza reciben el 62% del dinero de las ayudas del Plan Miner

Atrae 259 inversiones, la mayoría en los pueblos grandes
Marcos Navarro
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Polígono industrial turolense financiado con el Plan Miner
Polígono industrial turolense financiado con el Plan Miner

Los planes Miner han atraído 259 proyectos empresariales que, subvencionados con 83 millones de euros, han generado una inversión de 598 millones y creado 2.012 puestos de trabajo. Sin embargo, no todos se mantienen y el impacto de las ayudas ha sido desigual, pues el 62% han ido a parar a las localidades de mayor población como Fraga, Andorra, Utrillas y Mequinenza.

El informe de la Cámara de Cuentas conocido esta semana destaca que, en los municipios considerados como muy afectados por el proceso de reconversión minera, se han establecido industrias de papel y cartón, alimentarias y de productos metálicos (Andorra y Utrillas). No obstante, “las ayudas empresariales se han focalizado también en otros municipios considerados limítrofes, especialmente Fraga –con un importe muy alto de proyectos en la industria hortofrutícola y con buenas comunicaciones para dar salida a los productos–, Caspe o Alcañiz. Esta situación ha sido denunciada sistemáticamente por los sindicatos y los alcaldes mineros, que han pedido legislar para evitar estas incongruencias.

Según el auditor, las ayudas son solicitadas directamente por empresas que deciden su emplazamiento, por lo que “sólo algunos” de los municipios muy mineros “son considerados atractivos para el sector empresarial: Andorra, Utrillas, Albalate del Arzobispo o Calanda”, en el caso de Teruel. Caspe, Fraga o Alcañiz, “limítrofes a la zona afectada pero cuyo desarrollo no estaba tan vinculado a la minería del carbón”, salen ganando.

“Este resultado minimiza el impacto que esta línea de ayudas del plan Miner tiene en la dinamización y desarrollo de las zonas más afectadas”, concluye la Cámara de Cuentas. Por lo tanto, “la diversificación que hubiera podido mejorar la competencia y con ello el desarrollo no se ha producido”.

El organismo auditor comprende que las Administraciones públicas “se limitan a priorizar los proyectos presentados” y no pueden decidir el emplazamiento de las empresas, pero les da un tirón de orejas porque, siendo conscientes de estas “tendencias empresariales”, no han publicitado, establecido planes o coordinado actuaciones para fomentar “la solicitud de ayudas empresariales en municipios muy afectados, cuyos polígonos industriales se encuentran medio vacíos”.

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